Los delitos contra menores en España tardarán más en prescribir y las penas serán más duras: así es la nueva ‘ley Rhodes’

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, para su remisión al Congreso y que inicie su tramitación parlamentaria.

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el anteproyecto de ley supone “un nuevo paradigma de protección común frente a la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” que pone el foco en la prevención y que establece nuevos protocolos de actuación ante cualquier indicio de violencia.

Iglesias considera que la ley –conocida como ‘Ley Rhodes’ en referencia al pianista que sufrió abusos sexuales en la infancia– logrará que la violencia contra los menores deje de ser «un problema privado» y ha pedido “perdón” en nombre de los poderes públicos a toda las víctimas para las que llegan “tarde”.

“Les pido perdón y les manifiesto el compromiso para que lo que les ocurrió a ellas no vuelva a ocurrirle a ningún niño ni niña más”, ha subrayado el vicepresidente segundo.

El anteproyecto de la Ley fue aprobado en 2018 y después quedó pendiente con el anuncio de elecciones generales en 2019. Con la formación del Gobierno de coalición, las ONG de infancia pidieron al Ejecutivo que no retrasara la aprobación de esta ley que ha sido consultada y trabajada con las organizaciones, y que ya ha pasado por consulta pública.

Estas son algunas de las medidas que contemplará, según el borrador, al que ha tenido acceso RTVE:

Los delitos graves prescribirán cuando la víctima cumpla 30

Uno de los cambios importantes que conllevará esta ley será que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores «contará a partir de que la víctima haya cumplido los treinta años de edad». Actualmente, el plazo de prescripción de los delitos de abusos a menores empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

Además, se elimina el perdón de la víctima menor como causa de extinción de la responsabilidad criminal.

También se endurecen las condiciones para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios por parte de las personas penadas por delitos que atenten contra la indemnidad y libertad sexuales de personas menores de dieciséis años.

Obligación de denunciar de todos los ciudadanos

La nueva ley establece el deber para todos los ciudadanos de denunciar «de forma inmediata» la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores.

Esto tendrá especial énfasis en el caso de los colectivos profesionales que tienen encomendada la protección, cuidado y educación de niños, niñas y adolescentes. De hecho, todos los colegios tendrán que contar con una nueva figura, la del «coordinador de bienestar y protección».

Además, en estos casos la ley elimina una excepción habitual de la legislación: el cónyuge y los familiares cercanos del agresor sí tendrán la obligación de denunciar cuando se trate de un delito grave contra una persona menor de edad.

El deber de comunicación se extiende también a los contenidos en Internet que “constituyan una forma de violencia o abuso” contra los menores.

Garantías para trabajar con menores

Con el fin de ampliar las garantías en las actividades con un contacto habitual con menores, la ley extiende la obligación de acreditar los requisitos de no haber cometido delitos contra la libertad sexual “a todos los trabajadores y trabajadoras, por cuenta propia o ajena, tanto del sector público como del privado, así como a las personas voluntarias”.

La nueva norma reconoce una nueva infracción en el orden social por el hecho de dar ocupación a personas con antecedentes de naturaleza sexual en actividades relacionadas con personas menores de edad. Además, establece como causa objetiva de despido en este tipo de actividades, la existencia, inicial o sobrevenida, de antecedentes en el nuevo «Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de seres humanos».

Se crea la figura del delegado de protección

Los centros de menores deberían fijar protocolos de prevención obligatorios, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de menores.

Se creará la figura del delegado de protección que actuaría en los centros que realizan actividades deportivas o de ocio con menores para informar y apoyar a los niños, niñas y adolescentes para el cumplimiento de los protocolos de actuación frente a la violencia. En el ámbito sanitario, se crea igualmente la figura del trabajador o trabajadora social sanitario, que «contribuirá a una mejor atención en los servicios de salud de aquellos, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia».

RTVE

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