El abandono de las residencias, un arma de crispación política en España

El abandono de las residencias de mayores en España durante la pandemia de covid-19 deja ya más 19.000 fallecidos y casi 190 investigaciones penales, unas cifras catastróficas que lejos de provocar una asunción de responsabilidades es utilizada como un arma arrojadiza por la clase política.

Por Daniel Martín*

El tono del debate se endureció especialmente en los últimos días, tras filtrarse a la prensa unos correos en los que, presuntamente, la Comunidad de Madrid daba la orden de no derivar a los ancianos enfermos a centros hospitalarios durante los peores momentos de la crisis.

Esta información desató una tormenta política a varios niveles: los responsables de la Comunidad de Madrid ofrecen versiones contradictorias y airean sus desacuerdos en público.  Mientras el Gobierno central, con el vicepresidente Pablo Iglesias al frente, aprovecha la situación para desenterrar el hacha de guerra contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siempre abonada a la polémica

VERSIONES CONTRADICTORIAS

La versión de Ayuso –miembro del conservador Partido Popular– es que no existió ninguna orden para negar la asistencia médica a los mayores. De hecho, asegura que los correos publicados por la prensa se corresponden a un «borrador» que se remitió «por error» a residencias y hospitales.

Los datos más recientes del Gobierno madrileño calculan que, desde el 8 de marzo, hasta 5.986 personas enfermas con covid-19 o síntomas compatibles fallecieron en residencias de ancianos.

Un 88 por ciento de esas muertes se produjeron hasta el 17 de abril, es decir, en el periodo en que los hospitales habrían estado aplicando las restricciones en los triajes, según información del diario El País.

En una comparecencia este jueves ante la cámara regional, Ayuso volvió a negar la existencia de planes de cribado y achacó esos fallecimientos a la situación de colapso sanitario generada por el covid-19

«En esas noches de infierno, cuando se estaban muriendo hasta 500 personas en la Comunidad, con una alta carga viral en los hospitales, muchos criterios geriátricos o sanitarios decidían o no si esas personas era mejor que se quedaran en casa o en las residencias o a un hospital donde a lo mejor no podían ser atendidos por la tensión», afirmó.

Sin embargo, el propio consejero de Políticas Sociales del Gobierno madrileño, Alberto Reyero, reconoció esta semana en declaraciones a la radio pública RNE la existencia de protocolos que tuvieron «consecuencias» sobre «la escasa derivación» de estos colectivos a hospitales.

Es más, el propio Reyero llegó a afirmar que excluir a los pacientes en función de su edad o de discapacidades «no es ético y posiblemente no sea legal».

Estas palabras fueron utilizadas de forma recurrente a lo largo de los últimos días por Iglesias, para insinuar que la actuación de las autoridades madrileñas pudo ser incluso constitutiva de delito.

«Se sigue acreditando que hubo una orden para prohibir la atención en los hospitales de ancianos que llegaban de las residencias, evidentemente es grave, y ojo, no lo está diciendo el Gobierno de España, sino el de Ayuso», dijo este martes Pablo Iglesias.

CRUCE DE REPROCHES

Más allá de anunciar una investigación interna para investigar lo ocurrido, la reacción de Ayuso ante las revelaciones sobre la situación en las residencias fue ponerse a la defensiva.

En concreto, Ayuso aseguró que el responsable de la situación en las residencias es el Gobierno central, que se dotó de un mando sanitario único durante el estado de alarma.

«Cada decisión que intentaba tomar siempre estaba perjudicada y torpedeada por el mando único, que mandaba mucho pero hacía muy poco», dijo este jueves.

Cabe destacar que este mando único permitía al Gobierno diseñar la estrategia epidemiológica y tener la última palabra sobre cualquier decisión, pero los resortes para la gestión diaria de la crisis seguían en manos de las comunidades autónomas, que ostentan las competencias en sanidad desde hace décadas.

Además, a nivel administrativo, las residencias de mayores no se consideran centros sanitarios, por lo que en cualquier caso su gestión quedaba fuera del mando único.

Mientras Ayuso echa balones fuera, Pablo Iglesias ha denunciado durante toda la semana. «La gente no va a perdonar lo que ha hecho la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, dijo el lunes en la televisión pública. «Es un auténtico escándalo, si no es un crimen», añadió.

«Si hay algo que parece criminal son esas declaraciones (…) Es absolutamente insensato e impresentable que el vicepresidente del Gobierno siempre esté echando gasolina y (…) no le importe politizar el dolor hasta ese punto tan ofensivo y aberrante», respondió Ayuso

«DETRÁS HAY FAMILIAS»

Ante este constante cruce de reproches, la ministra de Sanidad, Margarita Robles –de quien se sospecha que tiene mala relación con Iglesias– llamó al orden a ambos, pidiendo no utilizar el drama de miles de familias como arma arrojadiza.

«No me van a encontrar usando los muertos de las residencias porque detrás hay familias», dijo Robles en una entrevista con Antena 3.

Lejos del foco mediático y de las declaraciones estridentes, muchas familias y asociaciones ya emprendieron la vía judicial para intentar depurar responsabilidades.

Según datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado, actualmente hay abiertas 186 investigaciones penales por posibles delitos en la gestión de las residencias de ancianos, a las que hay que sumar 21 procedimientos ya en fase de instrucción en diferentes juzgados españoles.

Madrid, el foco de la polémica, encabeza los posibles casos de conducta criminal con 87 expedientes y seis causas en instrucción. Detrás se sitúa Cataluña, con 32 casos, menos de la mitad que Madrid.

Una vez constatada la falta de voluntad de las autoridades políticas para hacerse responsable de lo sucedido en las residencias, estas causas –que aumentan cada semana– serán las encargadas de buscar algo parecido a la justicia para las familias de los fallecidos.

*Sputnik

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