EDITORIAL.- El interés general

ciudadanos

En los tiempos que corren, observamos con frecuencia en los medios de comunicación que determinadas decisiones políticas, con derivaciones económicas y sociales, se toman por los Estados en base a un concepto esencial en el Derecho: el llamado interés general; y es así que, recurriendo a él, se adoptan decisiones de enorme trascendencia para la población, unas veces acertadamente, muchas otras, lamentablemente, no.

Y es que la expresión, en su sentido jurídico, no es la suma de intereses individuales. Rousseau  observó esta diferencia, reflejándola en el Contrato Social. Aquella fórmula de la suma de las voluntades particulares a la que quitamos los intereses antagónicos, quedando como suma de dichas diferencias el interés general, no es aplicable aunque parezca fácil a primera lectura.

La noción no la podemos trasladar de manera absoluta, lineal y es por lo que queda en la abstracción, en la interpretación que las distintas administraciones ejecutivas le dan a su contenido.

Se convierte así en una apelación muy manipulable, singularmente por Gobiernos derechistas y neoliberales, para nacionalizar las pérdidas de los bancos y las grandes empresas, dejando a su suerte a los pueblos.

Y es paradójico que el interés común de todos los ciudadanos –no tan difícil de traducir- se preste a traslaciones, muchas veces antagónicas con la mayoría de su propio principio semántico y jurídico.

Empleo y economía son conceptos recurridos para  obtener del “interés general” una interesada interpretación de la vocación jurídica en los vocablos “interés” y “común”. Pues la justicia social es mermada, en resoluciones de este tipo, a favor de intereses no precisamente sociales.

Los Gobiernos de izquierda o progresistas deben dinamizar una nueva cultura, más democrática y avanzada, contemplar la gestión colectiva de los sectores estratégicos de la economía desde la base de decisiones políticas que afectan a los derechos e intereses de la mayoría de los ciudadanos, lejos de la usurpación interesada que se ha venido haciendo, con extraña normalidad, del uso de este principio del Derecho.

No caben vacilaciones ni cálculos, hay que actuar con el más que seguro apoyo ciudadano.

 

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