Temporeros agrícolas en España: una vulneración laboral y un problema social visibilizados por la pandemia

Finales de enero de 2020, el coronavirus es todavía una epidemia confusa. El relator de Extrema Pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, visita campamentos de temporeros de la fresa en Huelva. “Viven en condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua y sin electricidad. La palabra que más he escuchado es ‘abandono’”, resume en su informe, presentado este 7 julio en las Naciones Unidas.

Julio de 2020, las imágenes de unas 200 personas en Lleida durmiendo a la intemperie a la espera de un contrato de los agricultores por poco más de 6 euros abren informativos y portadas: la pandemia de Covid-19 ha puesto bajos los focos realidades sociales a menudo ignoradas. Del brote y confinamiento en la comarca del Segrià (Lleida) ha emergido las condiciones de vida de los temporeros, sobre todo después de que la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, afirmase que había un componente de «problemática social» que dificultaba el rastreo.

“Ahora se ha agravado, es más visible, pero es un abaratamiento de costes a costa de las personas que hemos dejado pasar porque nos interesaba», dice Hilde Daems, experta del equipo de Inclusión de Cáritas Española. “¿Qué queremos como sociedad? Como ocurre con el cuidado de mayores o la hostelería, la alimentación es un sector clave. Ahora que nos damos cuenta de que todo afecta a nuestras vidas tenemos miedo. Es algo hipócrita”.

El problema sanitario: «las empresas tienen que garantizar la prevención»

“Si la primera fase de la pandemia ha puesto en evidencia los problemas de las residencias de mayores, en esta segunda fase ocurre con la inmigración irregular que no puede continuar como irregular”, opina Fernando García Benavides, catedrático de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra y expresidente de la Sociedad Española de Epidemiología.

Atendiendo a la cuestión estrictamente sanitaria, García Benavides, señala a los almacenes donde se empaqueta la fruta como uno de los focos. “En las empresas es donde está el contacto con más riesgo. El virus circula: son personas jóvenes que no padecen la enfermedad y se contagian. El medio laboral de estas personas, si podemos definirlo así, es especialmente precario: trabajan en el campo, en los almacenes empaquetando la fruta y viven en la calle”.

Y apela a la responsabilidad de las empresas. “Hay que movilizar a los servicios de prevención de riesgos laborales. El doctor Pedro Godoy, responsable del servicio de vigilancia epidemiológica y respuesta a emergencias de Salud Pública en Lleida, trabaja en esa dirección porque es fundamental. Y más ahora, en la campaña de la recogida de fruta dulce, que es vital para la economía de Lleida. Las empresas tienen que garantizar medidas de prevención, distancia e higiene”.

García Benavides pide inversión para la prevención. “Poner un hospital de campaña no es lo importante, sino contratar personas para rastrear los contactos. Si queremos tener un verano tranquilo necesitamos profesionales de epidemiología y salud pública. Si queremos que la economía vuelva a repuntar no nos queda más remedio que invertir”.

El problema social y laboral: «una vulneración normalizada»

Sindicatos y las ONG llevan años denunciando una omisión de respuesta por parte de las administraciones municipales, autonómicas y estatales ante la problemática de los temporeros. Para Cáritas, la situación social de las personas temporeras agrícolas forma parte de lo que llaman “la sociedad expulsada” y su situación laboral es “una vulneración normalizada”.

La organización atiende necesidades básicas de más de 3.000 personas en 60 asentamientos distribuidos en Almería, Huelva, Murcia, Huesca y Lleida señalando que durante la campaña de recogida de frutas y hortalizas los temporeros se construyen sus propias chabolas con plásticos y maderas y viviendo en condiciones insalubres.

Una realidad que no solo afecta a personas en situación administrativa irregular, sino a personas con permiso de residencia y de trabajo a los que no les quieren alquilar viviendas o sus bajos salarios no se lo permite.

Sin datos oficiales disponibles, Cáritas realizó una encuesta en 2018 que reflejó que el 26% de los temporeros son extranjeros no comunitarios sin permiso de trabajo. La media de horas semanas trabajadas es de 48, el 40% declaraba no tener días libres, casi el 50% cobrar en negro y el 22% recibir un trato humillante.

“Tiene que haber más inspecciones de trabajo porque esas vulneraciones son delitos que quedan en el olvido”, opina Daems. “El trabajo forzoso o la servidumbre no están recogidos en el Código Penal aunque la Organización Internacional del Trabajo, que es vinculante, reclama que se incluya”.

Precisamente a mediados de mayo, el Ministerio de Trabajo remitió una instrucción a los inspectores de Trabajo de las jefaturas provinciales para detectar casos de explotación laboral y trata de seres humanos para realizar trabajos forzados durante las campañas agrícolas de los meses de mayo y junio. Asociaciones agrarias de la patronal, como Asaja y COAG, reclamaron una rectificación a la ministra Yolanda Díaz porque «era un mensaje dañino» que no tenía que ver «con la realidad del campo español».

La falta de trabajadores durante la pandemia

Solo en Lleida suelen acudir cada año 30.000 temporeros pero este año, debido a la pandemia, muchos que tenían ya contrato y pertenecen a países no comunitarios no han podido entrar en España. La situación ha generado un vacío en toda Europa y en Italia, por ejemplo, se regularizó la situación de 200.000 inmigrantes para cubrir esa necesidad de trabajadores y, ante la evidencia de que la fruta sencillamente no podría ser recogida, se llegó a proponer un puente aéreo de temporeros en pleno confinamiento.

En España, el Gobierno aprobó el 7 de abril un Real Decreto para “flexibilizar la contratación de empleo agrario” que reconocía “de forma automática el derecho a trabajar a aquellos jóvenes extranjeros” que carecían de este derecho. Una medida temporal vigente hasta el 30 de junio que ha sido ampliada hasta el 30 de septiembre.

“Era un Decreto positivo pero insuficiente”, afirma Daems. “Era importante porque los menores tutelados eran los grandes olvidados: están protegidos hasta que cumplen 18 años y entonces ya no tienen ni residencia ni permiso de trabajo”. Pero, como sucedió en Italia, reclaman una regularización más ambiciosa.

En lo que todos coinciden es en el riesgo de asociar virus y temporeros. En Italia, el líder de la Liga, Matteo Salvini, siembre beligerante con la inmigración, visitó Mondragone (Napolés) para pescar votos en el río revuelto de un confinamiento de edificios habitados por temporeros búlgaros.

“Tenemos miedo que la situación en Lleida produzca una estigmatización”, dice Daems. Las entidades sociales piden recordar que los temporeros son víctimas, no causantes de la propagación del virus. García Benavides resume la premura : “Darles una identidad y papeles es urgente y vamos con retraso”.

RTVE

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