El Gobierno español abre el debate sobre la inviolabilidad del rey y deja en manos de Felipe VI tomar medidas contra su padre

Sánchez asegura que «no hay espacio para la impunidad» y se muestra partidario de un cambio en la Constitución.

El Gobierno ha señalado este jueves que las posibles medidas que se puedan adoptar sobre el rey Juan Carlos son un asunto que «compete fundamentalmente» al actual jefe del Estado, pero se muestra partidario de afrontar un cambio en la Constitución para limitar la inviolabilidad del rey por considerar que no debe haber «espacio para la impunidad».

El Ejecutivo ha vuelto a referirse a las informaciones relativas a los presuntos negocios del rey emérito, al que investiga la justicia por haber cobrado supuestamente comisiones por interceder en el contrato del AVE a La Meca.

«No hay espacio para la impunidad en nuestro país», ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista con Infolibre y elDiario.es publicada este miércoles por la noche, en la que se ha declarado preocupado por el daño que hacen a la imagen de España y su democracia las informaciones sobre patrimonio del rey emérito.

Sánchez cree que es preciso «reflexionar» sobre el principio de inviolabilidad que la Constitución concede al rey y «ver qué solución se le da» para que se limite al ejercicio de su cargo y no cubra los eventuales delitos que pudiera cometer en su vida privada, lo que implicaría una modificación en la carta magna.

El Ejecutivo cree que las medidas competen a Felipe VI

Después de que el presidente del Gobierno también calificase de «inquietantes y perturbadoras» las informaciones publicadas, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha incidido este jueves en que «no tienen que ver con la situación de comportamiento constitucional absolutamente correcto» de Felipe VI.

Preguntada por si se están estudiando posibles salidas para Juan Carlos I para distanciarlo aún más de la Jefatura del Estado, Calvo ha respondido que esa decisión «compete fundamentalmente a la que tome el jefe de la Casa Real, que es el rey Felipe VI».

«El Gobierno trabaja para que las instituciones funcionen de forma democrática y la institución de Felipe VI hace su trabajo constitucional de manera perfecta», ha añadido Calvo en declaraciones en los medios antes de participar en un acto en Salamanca.

Don Juan Carlos sigue siendo miembro de la Familia Real y mantiene su residencia en el Palacio de la Zarzuela y, de acuerdo con uno de los decretos que se aprobó tras su abdicación en junio de 2014, conserva de forma vitalicia «el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad».

Unidas Podemos pide la abdicación de Felipe VI y convocar un referéndum

Por otro lado, la vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, ha asegurado en Twitter que «la única forma de desligar» a Juan Carlos I de la Jefatura del Estado pasa por la «abdicación de Felipe VI» y la convocatoria de un referéndum.

Mientras tanto, la Casa Real ha eludido entrar en el debate de qué salidas se podrían barajar y se ciñe al comunicado que emitió el pasado 15 de marzo, en el que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación que recibía del Estado.

Las nuevas informaciones que han salido a la luz

En los últimos días han salido a la luz las declaraciones de la que fuera amiga del rey emérito, Corinna Larsen, así como del gestor financiero suizo, Arturo Fasana, y el abogado Dante Canonica en el marco de la investigación del fiscal de Ginebra Yves Bertossa, que sospecha que el rey emérito «ocultó cerca de 100 millones de dólares en Suiza» que podrían proceder del pago de comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca (Arabia Saudí) en 2011.

En ellas revelan que el rey entregó 65 millones de dólares a Larsen procedentes de una donación del rey saudí y que don Juan Carlos participó de la creación de una estructura «offshore» para ocultar dinero en Suiza.

En España, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación que dirigía Anticorrupción sobre el presunto cobro de comisiones para la adjudicación en 2011 del AVE a La Meca (Arabia Saudí) al comprobar que podría estar involucrado el rey emérito, que es aforado y cuya inviolabilidad hasta que dejó de ser rey en 2014 impide que se le pueda investigar por hechos ocurridos durante su mandato, aunque sí posteriores.

RTVE

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