Médicos Sin Fronteras alerta de los «graves efectos» de la COVID-19 en la salud sexual de las mujeres en el mundo

La epidemia de la COVID-19 ha provocado la saturación o el cierre de servicios sanitarios en muchos países.

Médicos Sin Fronteras denuncia que las mujeres se enfrentan a la falta de atención en embarazos o salud sexual.

El coronavirus ha causado ya centenares de miles de muertes directas, pero es difícil calcular cuántos fallecimientos indirectos, que se hubieran podido evitar en circunstancias normales, ha provocado. Esos «daños colaterales» de la COVID-19 se ceban especialmente con las mujeres, según un informe de Médicos Sin Fronteras, que alerta de un fuerte aumento en la mortalidad materna y neonatal al quedar excluidas muchas mujeres de los servicios de salud sexual y reproductiva.

Mujeres embarazadas en riesgo

En Médicos Sin Fronteras han comparado esta crisis con otras que han vivido como la del ébola. El efecto común es que todos los recursos sanitarios se desvían para enfrentarse a la pandemia y además hay que restringir servicios para proteger tanto a personal de salud como a pacientes.

La doctora Sonia Guinovart, de la sección de ginecología de MSF lo resume así: «Lo que sucede es que otros servicios esenciales se ven afectados, disminuyendo o llegando a cerrarse completamente. Las mujeres embarazadas o las que necesitan atención de salud reproductiva no tienen acceso a estos servicios, bien porque no están funcionando o porque hay problemas de movilidad. Con las restricciones de movimiento las mujeres no pueden llegar o en muchas situaciones tienen miedo de acceder a los centros sanitarios por la posibilidad de contagiarse o la falta de información sobre si estos servicios están abiertos o no».

Para una mujer embarazada, carecer de la adecuada asistencia sanitaria no es ninguna broma. MSF calcula que un 15% de los embarazos terminan presentando una complicación que pone en riesgo la vida de la madre o del bebé. La situación es ahora especialmente grave en zonas en conflicto donde ya era difícil recibir atención por la inseguridad y porque los desplazamientos son muy largos.

«Trabajamos en una Maternidad bastante grande en el norte de Yemen en la que antes del COVID asistíamos unos mil partos al mes. Ahora, desde mayo o junio estamos viendo que el número de mujeres que acuden para la asistencia al parto se ha reducido en un 25%. Llegan menos y llegan más tarde», dice la doctora Guitart, que explica que es más difícil desplazarse para las mujeres, intentan parir en casa y llegan a la maternidad cuando hay complicaciones; «El número de cesáreas que hemos tenido que realizar ha aumentado un 10% en los últimos meses», añade Guitart.

La tormenta perfecta

Médicos Sin Fronteras avisa: desde que comenzó la pandemia de COVID-19, miles de centros que facilitan servicios de salud sexual y reproductiva han cerrado y se pronostica que muchos más lo van a hacer, hasta un 80% según un estudio del Instituto Guttmacher. Sólo una reducción del 10% en los programas de anticoncepción y acceso a un aborto seguro supondría 15 millones de embarazos no deseados y más de tres millones de abortos inseguros, según el estudio.

En Honduras, el aborto está prohibido en cualquier circunstancia y tampoco se permite la llamada píldora del día después, por lo que los programas de planificación familiar son fundamentales. En la clínica de Médicos sin Fronteras en Choloma, prestaban información, atención y seguimiento de salud reproductiva, tanto en el núcleo urbano como de apoyo en las poblaciones de alrededor. Ahora todo se ha reducido o lo deben hacer por teleconsulta.

La doctora Maura Laínez describe el desamparo de muchas mujeres ante el cierre de servicios y la falta de productos anticonceptivos: «En estos momentos han dejado de lado la planificación familiar. Se ha visto una disminución de la distribución de métodos anticonceptivos. Ha sido muy duro para las usuarias llegar a su centro de salud y buscar su método anticonceptivo y que no se encuentre disponible para ella». Esta doctora de Médicos Sin Fronteras explica que los anticonceptivos pueden costar unos 20 dólares (18 euros), una cantidad que no se pueden permitir personas que tienen cada día para vivir dos dólares y 75 centavos de media.

Víctimas de violencia sexual

La doctora Laínez llama la atención sobre las víctimas de violencia sexual. Para ellas, advierte, es más difícil todavía intentar encontrar asistencia ahora mismo, porque se enfrentan con el problema añadido del estigma social que cae sobre ellas cuando se conoce que han sufrido una agresión sexual, algo especialmente duro en comunidades pequeñas.

Este problema sucede en otras partes, confirma la doctora Guinovart: «Entre las dificultades de poder salir de casa con todas las restricciones de viaje y de encontrar transporte, es un caldo de cultivo para que las supervivientes no lleguen o consulten tarde. En este servicio los tiempos son esenciales, porque disponemos de sólo 72 horas para prevenir la infección por VIH y hasta cinco días para evitar un embarazo no deseado. Es esencial que lleguen lo antes posible y esto ahora es muy difícil en muchos casos».

La ONU ha constatado un aumento de los abusos sexuales y la violencia de género, que calcula en un 20% más por el encierro. Podrían producirse 31 millones de casos de abusos adicionales para un confinamiento de seis meses, según un estudio del Fondo de Población junto a la Universidad John Hopkins de EE.UU. y la Universidad Victoria de Australia.

RTVE

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