Argentina pierde sus bosques ante la indiferencia general

Entre el 15 de marzo y el 31 de julio, Argentina vio desaparecer en cuatro de sus provincias 29.229 hectáreas de bosques nativos. La deforestación es incluso mayor que en el mismo período del año pasado, pese a que en todo el país rige una cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Por Ana Delicado Palacios*

«Este año no se tendría que haber desmontado casi nada, porque no forma parte de las actividades permitidas», alerta en diálogo con Sputnik el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini.

La jurisdicción de Santiago del Estero (norte) es el distrito con más deforestación. Acumula 12.488 hectáreas de desmonte. Le sigue Salta (norte), con 7.755 hectáreas, Formosa (norte), con 5.294 hectáreas, y Chaco (norte), con 3.690 más.

Este último distrito sí ha realizado alguna intervención, mediante advertencias públicas y algunas denuncias penales. Pero las otras tres provincias probablemente han hecho menos controles que el año pasado, según Giardini.

AMENAZAS LATENTES

«La deforestación hacer perder bosque nativo de manera que queda muy fragmentado, como si fuera un queso gruyere», ilustra el coordinador. «Eso impacta de manera directa sobre grandes mamíferos, que se encuentran en el camino con alambrados y fincas ganaderas o agrícolas. El yaguareté, por ejemplo, necesita unas 40.000 hectáreas de bosque continuo para sobrevivir».

De hecho, Greenpeace presentó hace un año un amparo judicial ante la Corte Suprema porque en la zona del Gran Chaco (norte) apenas quedan 20 ejemplares del yaguareté, un felino en peligro de extinción.

Los desmontes también representan una amenaza para las comunidades originarias que viven en estos territorios. «Las empresas compran en el norte de Argentina tierras a muy bajo costo sin importarle quién vive en ellas, lo que entra en conflicto con los campesinos indígenas que no han logrado la titularización de sus terrenos y se ven de un día para otro con las topadoras avanzando», describe Giardini.

A la conflictividad social que genera la deforestación se le suman los desastres naturales que agravan aún más la emergencia climática. Greenpeace constata que en los últimos años han aumentado las inundaciones en Salta y Chaco al haber perdido los bosques como esponja natural. En consecuencia mueren animales y se malogran cosechas, por lo que además este fenómeno trae aparejadas pérdidas económicas.

La organización no gubernamental ha denunciado en las últimas tres décadas a 313 empresas por deforestar de manera ilegal y contribuir al avance de la frontera agropecuaria.

LEY EN PAPEL MOJADO

La deforestación en Argentina comenzó a mediados de los años 90 con un avance de la soja transgénica que se asentó en la región pampeana, en el corazón del país, y que en los últimos años se ha trasladado hacia el norte con la reciente expansión de la ganadería.

La nación sudamericana ha perdido así 5,8 millones de hectáreas desde 1998, de acuerdo con datos de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente a los que accedió esta agencia.

La Ley de Bosques nº 26.331, aprobada a finales de 2007 y promulgada en febrero de 2009, obligó a cada provincia a realizar un ordenamiento territorial. El 79 por ciento de los bosques nativos de toda la nación se encuentran protegidos por dos categorías de conservación que impiden su deforestación.

Es decir, la ley protege en teoría 42,6 de las 53,8 millones hectáreas de bosques nativos que tiene Argentina. Sólo una tercera categoría permite el desmonte a través de un permiso autorizado que debe seguir a una evaluación de impacto ambiental y a una audiencia pública. Desde la sanción de la normativa, sin embargo, ya fueron deforestadas casi un millón de hectáreas protegidas en Santiago del Estero, Formosa, Salta y Chaco.

La Ley de Bosques se encuentra desfinanciada con insistente reiteración más allá de las gestiones que se suceden en el poder, pues la legislación tiene destinado el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y en los últimos cinco años apenas recibió el 6,25 por ciento del monto asignado.

La violación de la ley proviene incluso de los propios gobiernos provinciales, de quienes dependen los recursos naturales.

«No cumplir con la Ley de Bosques implica una multa en muchos casos muy baja en relación al negocio de la deforestación», aclara Giardini. «Los propios Ejecutivos provinciales otorgan excepciones a grandes terratenientes para que desmonten en territorios protegidos mediante decretos de menor valor que la legislación nacional».

El Gobierno nacional también es responsable al no realizar controles sobre las provincias y al alentar a toda costa la expansión de actividades agrícolas y ganaderas con fines de exportación.

Por eso una Ley de Bosques más restrictiva no puede ser la única solución, si ni siquiera se cumple lo que ya establece el papel. Greenpeace, que realiza cada mes los relevamientos de los desmontes con imágenes satelitales y que antes de la pandemia los documentaba con sobrevuelos y recorridos por tierra, aboga por penalizaciones más severas en un país que llegó a tener 100 millones de hectáreas de bosques nativos y en el último siglo ya perdió la mitad.

No hay viveros forestales para suplir el nivel de deforestación y tampoco alcanza el tiempo, pues el bosque tarda 30 años en restituirse.

*Sputnik

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