La Fiscalía pide al Supremo el archivo de las querellas presentadas contra el Gobierno de España por la gestión de la pandemia

La Fiscalía ha solicitado este lunes al Tribunal Supremo que no admita a trámite las querellas contra varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia del coronavirus, presentadas por Vox y varios sindicatos profesionales, asociaciones de consumidores, así como por familiares de víctimasy que se fueron interponiendo a lo largo del estado de alarma. 

En una nota de prensa, el Ministerio Público explica que el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, ha remitido un informe de más de 300 páginas en los que se posiciona en contra de la admisión a trámite de una veintena de querellas interpuestas contra los miembros del Ejecutivo, aunque no se pronuncia aún sobre la treintena de denuncias que quedan pendientes de informar.

Sin entrar en detalles ni abordar los motivos de la decisión, la Fiscalía se limita a reseñar que «en cuanto al fondo y contenido de las querellas presentadas hasta la fecha», el informe «solicita su inadmisión». Y aunque no ofrece una visión global de todas las querellas, sí que advierte en cinco de ellas que no se puede abrir una causa general contra el Gobierno o un ministro cualquiera.

Las querellas se dirigen en algunos casos contra el Ejecutivo al completo y en otras contra el presidente, Pedro Sánchez, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, o los ministros de Sanidad e Interior, Salvador Illa y Fernando Grande Marlaska, por delitos como homicidio y lesiones imprudente, prevaricación administrativa, contra la seguridad de los trabajadores o desobediencia.

Son querellas presentadas por Vox, la asociación de Abogados Cristianos, HazteOir.org, la asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), el Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la asociación de Médicos Titulados Superiores, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), la Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y la asociación Terra Sos-Tenible, así como de un colectivo de 3.268 personas, familiares de víctimas de la COVID-19.

Los fiscales no encuentran indicios de delito

El análisis de los fiscales que intervienen en los informes se centra en los delitos más denunciados, que además del presuntamente cometido contra los trabajadores, son el de muerte o lesión por imprudencia, prevaricación administrativa y omisión de socorro. 

Sin embargo, no se encuentran indicios de que la actuación del Gobierno, en especial la del ministro de Sanidad o del presidente del Gobierno pueda incardinarse en ninguna de los delitos denunciados.

Los delitos menos habituales en las querellas, pero cuya posible existencia en la acción el Gobierno también se analiza por los fiscales, son los de falsedad y hasta de genocidio, según las mismas fuentes. Pero tampoco encuentra la Fiscalía indicios de la comisión de estas conductas criminales.

La Fiscalía asegura que «resulta contrario a las reglas de la lógica y la sana crítica pensar que el conjunto de administraciones que integran la Administración pública española, a pesar de su distinto signo ideológico y político, y de los distintos intereses en juego, obraron, sin excepción, de modo poco diligente, atendido el estado de la ciencia y la técnica existentes con anterioridad al 14 de marzo».

«Resultando aún más absurdo -continúa- pensar que no solo la totalidad de las administraciones públicas españolas se mostraron negligentes en la gestión de la crisis del COVID-19, sino también las administraciones competentes en materia sanitaria pertenecientes al resto de países de nuestro entorno cultural».

El análisis de las querellas

Ya entrando en el caso concreto, una de las más mediáticas es la de Vox, que rechaza porque «resulta palmario que mientras que los hechos en ella relatados no resultan constitutivos de ilícito penal, y además no se fundamentan, más allá de las meras manifestaciones o elucubraciones del denunciante, en principio de prueba alguno que justifique la incoación de un procedimiento penal».

Es más, tacha la querella de «genérica», ya que «no se determina ni cuándo se han producido los hechos, ni quienes son los sujetos pasivos de los delitos atribuidos, ni cuántos y cuáles son los homicidios y lesiones imprudentes» como tampoco en qué centros de trabajo se han producido la falta de medidas.

Asimismo, no menciona los concretos incumplimientos, ni los trabajadores afectados por el riesgo, ni cuáles son los equipos de protección que no se han proporcionado, «lo cual hace no solo inviable y carente de toda lógica la investigación pretendida, sino que además se trataría de una investigación genérica proscrita en nuestro ordenamiento».

Tampoco ve indicios de delito en los hechos relatados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en la querella que interpuso contra Illa, por un delito contra la seguridad de los trabajadores, donde pedía investigar las gestiones para la adquisición de material de protección, los controles y los requisitos exigidos para su compra.

La Fiscalía sostiene que CESM atribuye al ministro responsabilidad criminal «a todas luces difusa y genérica» y no por su «concreta intervención» en los hechos, sino «en atención» a su cargo, y concluye que la querella «no aporta principio de prueba bastante para justificar otra decisión distinta a su archivo».

Mismo criterio sigue la Fiscalía con la querella que el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España interpuso contra Sánchez e Illa, donde les reprochan «falta de previsión» y de medidas para proteger a los trabajadores sanitarios.

También aquí el fiscal ve «manifiesta indeterminación de los hechos atribuidos» sin «elemento probatorio alguno que avale el objeto de la querella», y subraya «lo genérico» de la querella, «que pretende ser una ‘causa general’ contra el Gobierno y en concreto contra Sanidad por la gestión de la crisis sanitaria.

Igualmente señala que «no cabe la posibilidad de atribuir responsabilidad criminal» a Illa ni Grande Marlaskacomo pretende la Asociación Profesional de la Guardia Civil. Así, niega la existencia de un delito de los trabajadores porque «las referencias genéricas sobre la falta de equipos de protección y la falta de control de los adquiridos nos impide determinar que la conducta suponga una vulneración de la normativa».

Y en cuanto al homicidio imprudente, el fiscal afirma que «los querellantes se han limitado a atribuir a los ministros muertes sin identificar, en ocasiones al fallecido, ni las condiciones en que se produjo su contagio».

Asimismo, rechaza que Sánchez e Iglesias hayan cometido un delito de desobediencia, como señala alguna de las querellas, puesto que «resulta evidente» que no pudieron desobedecer orden alguna, «cuando no consta que previamente la recibieran», y precisa que los organismos Internacionales «se limitaron a dictar y ofrecer recomendaciones a los distintos países», sin que su incumplimiento, en el caso de haber tenido lugar, justificase dicho delito.

Ahora, corresponde a la Sala de lo Penal del Supremo decidir si sigue el criterio de la Fiscalía y rechaza las querellas o, en cambio, inicia una investigación respecto de ellas. Mientras tanto, la Fiscalía elabora el otro informe pendiente de remitir al alto tribunal, sobre la treintena de denuncias contra el Ejecutivo.

RTVE

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