Grupos ecologistas de España litigan contra el Gobierno por su «inacción» climática

Tres organizaciones ecologistas –Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón– anunciaron este martes una acción histórica: el inicio de un litigio contra el Gobierno de España ante el Tribunal Supremo por inacción ante el cambio climático.

Por Daniel Martín*

Esta acción judicial, inédita en España, bebe de la inspiración de Holanda, donde grupos medioambientalistas consiguieron que el Gobierno fuera condenado por incumplir sus compromisos sobre mitigación climática.

Otros países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda también enfrentan litigios climáticos similares.

Aunque el recorrido de esta vía todavía es incierto, el precedente holandés abre una vía de esperanza para los colectivos ecologistas, que ven los tribunales como una herramienta para conseguir que los gobiernos se atengan, al menos, a los compromisos ya firmados.

ACUERDO DE PARÍS

En el caso español los activistas denuncian que el Gobierno vulnera los compromisos adquiridos con la ratificación del Acuerdo de París para no superar un crecimiento de 1,5 grados centímetros de la temperatura a final de siglo

Para cumplir este objetivo las recomendaciones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) piden, como mínimo, reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) un 55 por ciento para el año 2030 respecto a las referencias de 1990.

Sin embargo, los planes del Gobierno español establecen un objetivo de reducción del 23 por ciento de las emisiones en 2030, muy por debajo del referido compromiso internacional.

Según denuncian las organizaciones ecologistas, con esos objetivos «España no podrá evitar el impacto de graves episodios de sequía, aumento de los incendios, lluvias torrenciales y una mayor subida del nivel del mar y, por tanto, de las inundaciones costeras».

MÁS DE UNA DÉCADA DE INCUMPLIMIENTO

Pese a que los Acuerdos de París (2015) son uno de los puntos de referencia más recientes, los querellantes afirman que España lleva más de una década incumpliendo sus compromisos. Para ello se remontan incluso al Protocolo de Kioto (1997).

Las directrices dictadas en 2002 por la Comisión Europea para repartir los esfuerzos en el cumplimiento de Kioto establecían que España podía incrementar en un 15 por ciento sus emisiones en el periodo 2008-2012.

A pesar de no tener siquiera que recortar sus emisiones, España incumplió esos objetivos, ya que éstas aumentaron hasta un 22,8 por ciento en el periodo referido.

Del mismo modo, los ecologistas recuerdan que España presentó su Plan Integrado de Energía y Clima –una hoja de ruta climática la UE pide a todos sus miembros– pero todavía no fue aprobado formalmente, lo que ven como un «incumplimiento del derecho de la UE»

EL RECURSO

A la vista de estos incumplimientos, las organizaciones ecologistas decidieron emprender la vía judicial con la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que ostenta la competencia para conocer de los recursos interpuestos contra el Gobierno.

«Con la interposición de este recurso, da comienzo el primer litigio climático contra el Estado español, en el que nos emplearemos a fondo para demostrar los efectos devastadores que el cambio climático tendrá en nuestro territorio de no actuar a tiempo», señalan los activistas.

Durante la presentación de la demanda, distintos portavoces de las tres organizaciones insistieron en la idea de que, si no se actúa ya, el cambio climático será «devastador».

«Para evitar un cambio climático devastador solo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes», ha señalado Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

Por su parte, Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción destacó que «en estos momentos en que la pandemia nos está mostrando con toda crudeza las consecuencias de una crisis global, estamos a tiempo de frenar la debacle que vendrá si no paramos el cambio climático».

JUSTICIA CLIMÁTICA

La principal herramienta de los activistas en este litigio son los acuerdos internacionales suscritos por España en las interminables reuniones multilaterales sobre el clima, ya que ponen negro sobre blanco unos objetivos concretos y mesurables.

El principal ánimo de los activistas es que esos documentos no se conviertan en papel mojado, pero sus reclamaciones van más allá del corpus normativo internacional.

De forma más genérica, el escrito presentado ante el Supremo pide también garantizar el derecho a un «medio ambiente adecuado» para «las generaciones presentes y futuras» mediante otros compromisos que deben ser «consagrados en nuestro ordenamiento jurídico».

Estos compromisos –añade el escrito– deben tomar como base «principios de solidaridad y sostenibilidad comunes» pero con «responsabilidades diferenciadas».

De esta manera, se intentan introducir en la demanda elementos de justicia climática que van más allá de la contención del calentamiento global a nivel técnico.

«También en España las personas más vulnerables son a la vez las que menos contaminan y las que menos recursos tienen para adaptarse y para mitigar las consecuencias del cambio climático. Es importante que cualquier proceso de transformación ecológica en nuestro país tenga mecanismos para defender a estas personas», explicó Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, durante la presentación de la acción judicial.

A falta de saber cuál será la respuesta de los tribunales ante esta inédita acción judicial, el Gobierno reaccionó limitándose a calificar como «normal» que se le exija más en este ámbito.

«Es normal que los ciudadanos pidan más acción en materia de clima», apuntó la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En un comunicado emitido tras conocerse la acción judicial, Ribera se reafirmó en su intención de «transformar de forma muy importante nuestro modelo de producción», asumiendo que «los gobiernos somos particularmente responsables a la hora de facilitar ese cambio».

*Sputnik

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