La guerra sucia de Chevron para tapar el Chernobyl de la Amazonía

A la contaminación que Texaco dejó en la Amazonía, su nueva propietaria Chevron sumó una campaña para evitar pagar los 19.000 millones de dólares reclamados por indígenas ecuatorianos. Las artimañas, que incluyeron testigos falsos y fallos sospechosos, preocupan ahora a los estadounidenses por la contaminación de su propio sistema jurídico.

La batalla judicial internacional que un grupo de 75 indígenas de la Amazonía ecuatoriana contra la multinacional petrolera Chevron ya lleva más de un cuarto de siglo y comienza a mostrar un costado aún más oscuro que la grave contaminación que la empresa dejó en las provincias de Orellana y Sucumbíos: las sucias estrategias de la petrolera para evitar el pago de 9.500 millones de dólares a los que fue condenada.

Los juicios de los afectados ecuatorianos comenzaron en 1993, cuando colonos e indígenas cofanes, secoyas y kichwas de las provincias de Orellana y Sucumbíos, en el norte de Ecuador, denunciaron ante una corte de Nueva York a la entonces Texaco (adquirida por Chevron en 2001) por haber afectado la salud de las poblaciones durante la explotación petrolera que hizo en la zona entre 1964 y 1990.

Además de la contaminación de los suelos a raíz de los vertidos tóxicos hechos durante la explotación petrolera, los damnificados presentaron informes médicos que indicaban el aumento de casos de cáncer, producto de que la contaminación llegaba a las reservas de agua que abastecían a la población. En su momento el caso se ganó el mote de Chernobyl de la Amazonía, debido al impacto ambiental que provocó.

Desde su inicio el enfrentamiento judicial entre los afectados y Chevron deambuló por tribunales de varios países. Empezó en Nueva York pero los jueces estadounidenses derivaron la causa a Ecuador, donde en 2011 los afectados consiguieron su primera victoria, al ser la compañía obligada a pagar 9.500 millones de dólares como reparación. Aquel fallo, dictado por un juez de Sucumbíos, duplicaba la sanción en caso de que la empresa no pidiera disculpas públicas. Como Chevron no lo hizo, los afectados ahora esperan el pago de unos 19.000 millones de dólares.

Las maniobras de Chevron en Ecuador

Allí comenzaron las primeras maniobras de Chevron para evadir el pago. Antes del fallo, la multinacional ya había retirado todos sus activos de Ecuador, por lo que la sentencia no podía embargar a la empresa en el país. Los afectados decidieron entonces iniciar acciones contra activos de Chevron en Argentina, Brasil y Canadá.

Sin embargo, los afectados solo encontraron fallos desfavorables en esos países, dado que sus cortes acaban entendiendo que las subsidiarias de Chevron en esos países no son responsables por los daños ambientales que ocurrieron en suelo ecuatoriano.

En paralelo, la petrolera inició en 2011 una campaña para deslegitimar la demanda de los indígenas, asegurando que la sentencia obtenida en el tribunal de Sucumbíos había sido producto de un «fraude» orquestado entre los afectados y el Gobierno ecuatoriano. La firma apeló a la ley ‘RICO’ —aprobada en 1970 en Estados Unidos para enjuiciar a miembros de la mafia— para denunciar que estaba siendo extorsionada por una supuesta organización criminal integrada por indígenas, abogados y operadores judiciales ecuatorianos.

La causa cayó en el tribunal del juez neoyorquino Lewins Kaplan, quien en 2012 falló a favor de la empresa y consideró fraudulentas todas las acciones emprendidas desde Ecuador. La sentencia fue ratificada más tarde por un tribunal de segunda instancia de Nueva York, haciendo que los afectados ecuatorianos desistieran de seguir recurriendo a la justicia estadounidense.

La estratagema de la empresa indignó incluso a los propios estadounidenses. Un reciente artículo publicado en el diario británico The Guardian por el célebre actor Alec Baldwin y el abogado y activista estadounidense Paul Paz y Miño repasa la «pesadilla kafkiana» que ha enfrentado el abogado de los afectados en EEUU, Steven Donzinger, actualmente bajo arresto domiciliario y con multas millonarias por un supuestamente haber sobornado a un juez ecuatoriano.

Esa acusación, que logró sacar a Donzinger del juicio, se basó en el testimonio del exjuez ecuatoriano Alberto Guerra, quien tiempo después admitió haber mentido tras recibir dinero por parte de Chevron. De todos modos, el alegato de la empresa fue admitido por Kaplan y el reclamo ecuatoriano en EEUU desestimado.

Si bien Donzinger ya no representa a los afectados de Ecuador, continúa luchando para defender su inocencia ante la Justicia estadounidense. El artículo de Baldwin y Paz y Miño advierte sobre la gravedad de la estrategia de ensuciar la demanda de los ecuatorianos, con la injusta caída en desgracia de Donzinger incluida, implica para todo el sistema judicial estadounidense.

«Nos preocupa que la ley RICO, diseñada para combatir a la mafia, esté siendo utilizada por las corporaciones para intimidar a activistas indígenas y a los abogados que los representan. Y ahora hay nuevas preocupaciones sobre que esas técnicas puedan ser desplegadas en EEUU contra los organizadores de Black Live Matters y otros activistas», advierten los autores.

Lejos de encontrar castigo, Chevron acaba de obtener una nueva victoria internacional. Fue en la Corte de La Haya, que el 16 de septiembre pasado desestimó un recurso del Gobierno ecuatoriano y ratificó la teoría de que la demanda contra la petrolera había sido fraudulenta.

Mientras los indígenas ecuatorianos siguen reclamando su derecho a ser indemnizados, Baldwin y Paz y Miño proponen que los estadounidenses se expresen «con sus ruedas» y boicoteen a la petrolera dejando de usar su combustible.

Sputnik

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