‘Preso político’ nicaragüense liberado bajo la presión de EEUU fue luego capturado con explosivos planeando un ataque terrorista

Un extremista de derecha arrestado durante un intento de golpe de estado en 2018 en Nicaragua, que fue catalogado por ONGs como un “preso político” y fue liberado bajo una fuerte presión estadounidense, fue encontrado más tarde con explosivos, armas y drogas, planeando un ataque terrorista.

Un extremista de derecha nicaragüense que fue calificado de “preso político” por una ONG financiada por el gobierno de Estados Unidos y posteriormente liberado bajo la presión de Washington ha sido nuevamente arrestado. El hombre fue capturado con explosivos y armas de fuego ilegales mientras presuntamente planeaba ataques terroristas contra el gobierno elegido de su país.

El inquietante incidente es sólo el último ejemplo de una serie creciente de ex “presos políticos” que han desatado un caos violento en Nicaragua, con el objetivo de desestabilizar el gobierno Sandinista.

Mientras estos criminales han llevado a cabo crímenes atroces, hasta e incluyendo el asesinato, especialmente contra mujeres, tanto la administración de Donald Trump como la campaña del candidato presidencial demócrata Joe Biden han pedido repetidamente la liberación de más supuestos “presos políticos”.

Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y las principales organizaciones de los llamados “derechos humanos” han presionado agresivamente para que se libere a los nicaragüenses que, según ellos, son presos políticos.

Los grupos de oposición de derecha nicaragüense financiados por el gobierno de los Estados Unidos han publicado listas de cientos de detenidos que, según ellos, están siendo encarcelados injustamente. Y la embajada de Estados Unidos, la OEA, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han utilizado sin crítica estos directorios para presionar al gobierno de Nicaragua para que libere a todos los nombrados.

La mayoría de los condenados incluidos en estas listas fueron arrestados durante un violento intento de golpe de estado en 2018 contra el gobierno Sandinista elegido de Nicaragua. Marcado por actos de impactante sadismo por parte de la oposición de Nicaragua, el sangriento golpe contó con el respaldo total de Washington y la OEA, que apoyan activamente a la oposición nicaragüense y automáticamente considera a cualquier derechistas detenidos como presos políticos.

Ante esta fuerte presión internacional, el gobierno sandinista de Nicaragua se vio forzado a sentarse a la mesa de negociaciones con la oposición respaldada por el extranjero, y se vio obligado en 2019 a emitir una amnistía para cientos de personas que habían sido encarceladas el año anterior.

Desde que se emitieron estos indultos masivos, numerosos exdetenidos que habían sido nombrados individualmente en las listas de “presos políticos” respaldados por Estados Unidos han vuelto a sus formas violentas y han sido arrestados nuevamente por delitos graves, incluidos asesinato, violación y presunto plan terrorista. Gran parte de esta violencia ha apuntado a las mujeres.

‘Prisionero político’ liberado apuñala a muerte a su novia embarazada

The Grayzone informó en febrero sobre el horrendo caso de Ruth Elizabeth Aburto Acevedo, una nicaragüense embarazada de 22 años que fue apuñalada repetidamente por su propio novio, quien luego la dejó morir en un charco de su propia sangre.

La pareja romántica y asesina de Aburto Acevedo, Jeison Joesma Castro Ortez, había participado en el intento de golpe y había sido arrestado en julio de 2018 por cargos de terrorismo, robo a mano armada y crimen organizado.

Pero Castro Ortez tuvo la fortuna de ser incluido en una lista de “presos políticos” respaldada por Estados Unidos, por lo que el asesino a sangre fría fue liberado en 2019 y desatado en la sociedad nicaragüense.

Ben Norton de Grayzone entrevistó a familiares de Aburto Acevedo en la casa de su familia en Jinotepe, Nicaragua, y dijeron que Castro Ortez era un “animal” y un “psicópata” que había matado a personas en los tranques, las sangrientas barricadas que personificaron el intento de golpe de 2018 – y nunca debería haber salido de la cárcel.

La familia de Aburto Acevedo exigió justicia. Si bien el escándalo atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales en Nicaragua, curiosamente fue ignorado por la prensa extranjera.

Mientras tanto, la violencia llevada a cabo por los ex “presos políticos” no ha hecho más que escalar.

‘Preso político’ liberado trama ataque terrorista contra el gobierno de Nicaragua

En la mañana del 14 de septiembre, la policía nacional de Nicaragua arrestó a dos sospechosos en el departamento de Masaya, al sur de la capital, Managua. Llevaban bolsas llenas de explosivos, armas y drogas.

Las fuerzas de seguridad nicaragüenses publicaron fotografías que mostraban que los hombres tenían 10 juegos de explosivos con detonadores, dos revólveres calibre 38 y 12 libras de marihuana.

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Fotos de los explosivos, armas de fuego, y drogas que tenía ex “preso político” Danny de los Ángeles García González.

Las autoridades nicaragüenses identificaron a los sospechosos como Danny de los Ángeles García González, de 32 años, y William Antonio Caldera Navarrete, de 39.

La policía dijo que ambos sospechosos “admiten que los explosivos serían utilizados para atentar en contra de las instalaciones de la Alcaldía municipal de Masaya, monumentos de héroes y mártires [Sandinistas] y sembrar terror y zozobra en los barrios de Monimbó, San Carlos y Divino Niño.”

Las fuerzas de seguridad acusaron a los hombres de tráfico de explosivos, posesión ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas.

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El ex “preso político” y terrorista acusado Danny de los Ángeles García González.

En su comunicado de prensa sobre las detenciones, la policía nicaragüense señaló que Danny de los Ángeles García González había sido previamente arrestado, durante el intento de golpe de 2018, y había sido acusado de conspiración para cometer terrorismo y posesión de armas de fuego restringidas.

Pero García González fue posteriormente liberado en febrero de 2019, debido a la ley de amnistía nicaragüense que había sido exigida agresivamente por la oposición de derecha y sus patrocinadores extranjeros en Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

ONG financiada por el gobierno de EEUUregistra al terrorista acusado como “preso político”

De hecho, el terrorista acusado Danny de los Ángeles García González fue incluido en una lista que fue compilada por el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, respaldado por Washington, una ONG nicaragüense que está estrechamente aliada con el importante grupo de oposición Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se creó durante el intento de golpe de estado de 2018 bajo la supervisión directa del gobierno de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de EEUU se basa en los datos del Comité Pro Liberación de Presos Políticos en sus propios informes sobre “derechos humanos” en Nicaragua.

Una búsqueda en la base de datos de Nicas Presos Políticos que mantiene este grupo de oposición revela que García González figuraba en la lista. El sitio web describe su fecha anterior de arresto, durante el intento de golpe de Estado del 10 de junio de 2018, como la “fecha del secuestro”.

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El terrorista acusado Danny de los Angeles Garcia Gonzalez en la lista de “presos políticos” del Comité Pro Liberación de Presos Políticos.

El Comité Pro Liberación de Presos Políticos identificó a 796 personas en esta lista de supuestos “presos políticos”, y su registro ha sido utilizado constantemente por gobiernos occidentales, organizaciones de “derechos humanos” y los principales medios de comunicación corporativos.

Otra ONG opositora financiada por Estados Unidos, el Observatorio de Derechos Humanos Nicaragua, también incluyó a este presunto conspirador del terrorismo García González en su lista de “presxs políticxs”. (Ese neologismo es una forma tentativa de género neutral del término “presos políticos” que no es utilizado por los nicaragüenses, y es empleado casi exclusivamente por los liberales norteamericanos cultivados en ONGs e instituciones académicas de élite).

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Danny de los Ángeles García González en la lista de “presos políticos” del Observatorio de Derechos Humanos Nicaragua.

El Observatorio de Derechos Humanos Nicaragua y su directorio de “presxs políticxs” está dirigido por una ONG de oposición nicaragüense llamada Asociación Cívica por la Democracia (ACD). La ACD está financiado por el brazo de poder blando de Washington, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La ACD fue una de las principales organizaciones de la “sociedad civil” incubada como parte del programa de Construcción de Capacidades para la Defensa de la Sociedad Civil (CBCSA) de USAID en Nicaragua. La institución del gobierno de Estados Unidos lanzó el programa hace casi una década con el fin de capacitar a las ONG de la oposición para desestabilizar al gobierno Sandinista elegido y eventualmente sacar del poder al Presidente Daniel Ortega.

Junto con el Pentágono, USAID jugó un papel central en el intento de golpe de EEUU contra el gobierno democráticamente elegido de Venezuela. Y como reveló The Grayzone, USAID parece estar preparándose para otro intento de golpe de estado contra el gobierno Sandinista bajo los auspicios de un nuevo programa llamado Asistencia de respuesta en Nicaragua (Responsive Assistance in Nicaragua, o RAIN).

Las ONG nicaragüenses respaldadas por el gobierno de Estados Unidos y sus patrocinadores entre la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos se han negado a comentar sobre los crímenes cometidos por los ex “presos políticos” por cuya libertad abogaron.

De hecho, mientras estos criminales están causando estragos, el Departamento de Estado, la embajada de Estados Unidos y el líder golpista de derecha de la OEA, Luis Almagro, han continuado pidiendo constantemente que más de los llamados “presos políticos” en Nicaragua sean liberados.

Los medios retratan falsamente la represión de Nicaragua contra el feminicidio como represión a la oposición

El hecho de que gran parte de la violencia perpetrada por delincuentes de derecha se haya dirigido contra las mujeres es motivo de especial preocupación para el gobierno de Nicaragua.

La mayoría del partido gobernante de izquierda, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), está integrado por mujeres y ha enfatizado fuertemente la importancia de las mujeres en el movimiento revolucionario.

Nicaragua tiene la quinta tasa más alta de igualdad de género en el mundo y la brecha de género más pequeña en todas las Américas, según un informe de 2018 del Foro Económico Mundial.

Y aunque la violencia contra las mujeres no es tan grave en Nicaragua como lo es en México o en los países vecinos de Centroamérica, el feminicidio sigue siendo una preocupación y el gobierno sandinista ha tratado de tomar medidas enérgicas contra el tema.

En respuesta a varios casos espantosos de feminicidio en Nicaragua en septiembre, incluido el espantoso asesinato de dos niñas que desató un escándalo en todo el país, la vicepresidenta Rosario Murillo planteó la posibilidad de cadena perpetua para los hombres que matan a mujeres y cometen crímenes de odio mortales. Posteriormente, el presidente Ortega dijo que los tribunales debatirían la posible reforma.

Una encuesta realizada por una firma convencional, M&R Consultores, encontró que alrededor del 90% de los nicaragüenses apoyaba la propuesta de cadena perpetua por crímenes de odio mortales.

Pero los medios de comunicación de derecha de Nicaragua, muchos de los cuales son financiados por el gobierno de los Estados Unidos, se unieron a los principales medios corporativos occidentales para presentar la propuesta popular de castigar el feminicidio como un supuesto ataque a la oposición.

Wilfredo Miranda, un acérrimo activista de la oposición de derecha y colaborador frecuente de The Guardian y Univision, publicó un artículo en el principal periódico español El País con un titular tremendamente engañoso que decía: “Ortega está impulsando la cadena perpetua contra la oposición por ‘delitos de odio’ en Nicaragua.”

Estas campañas de desinformación sobre los “presos políticos” y la represión del gobierno contra el feminicidio en Nicaragua son ataques coordinados en una guerra de información más amplia contra su gobierno socialista democráticamente elegido.

Encuesta tras encuesta muestra que la élite de la oposición de derecha de Nicaragua es extremadamente impopular, con el apoyo de sólo alrededor del 10% de la población. Pero con un montón de dinero en efectivo proveniente del gobierno de Estados Unidos, ha recurrido a difundir noticias falsas y desestabilizar al país con actos esporádicos de violencia.

Mientras tanto, las víctimas de las tropas de choque criminales de la oposición, como Ruth Aburto Acevedo, de 22 años, han sido ignoradas y borradas por Washington y sus cabilderos entre la industria de derechos humanos.

https://thegrayzone.com/

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