Protestas en casas de políticos y jueces, difusión de teléfonos y amenazas: la tensión que alimenta temores de violencia política en Argentina

En los últimos meses recrudeció el acoso a dirigentes por parte de grupos cada vez más extremistas que propagan discursos de odio.

Las presiones que recibió en su casa durante el fin de semana el juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, encendieron las alarmas sobre la creciente tensión política que hay en un país polarizado y en donde los sectores más radicalizados amenazan cada vez más a los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El sábado, caravanas de autos se apostaron afuera de la casa de Lorenzetti, ubicada en la provincia de Santa Fe, a 395 al norte de Buenos Aires. Los manifestantes agitaron banderas argentinas, tocaron bocinas y mostraron carteles en los que le exigían «dejar de violar la Constitución» y «luchar contra la impunidad», además de denostar al gobierno del presidente Alberto Fernández.

Este tipo de movilizaciones, conocidas en Argentina como ‘escraches’, surgieron para repudiar en sus domicilios a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983) cuando todavía gozaban de total impunidad.

Sin embargo, los ‘escraches’ ahora se han distorsionado para convertirse en un mecanismo de presión en contra de líderes públicos que ocupan cargos en un sistema democrático.

En el caso de Lorenzetti, por ejemplo, las personas que fueron a amedrentarlo a su casa le demandaron que vote en contra de la remoción de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, tres jueces que fueron designados por decreto del expresidente Mauricio Macri para ocupar cargos vacantes en la Cámara Federal (una instancia judicial superior).

Sin embargo, a mediados de septiembre el Senado rechazó los traslados de esos jueces y acordó que vuelvan a sus tribunales de origen, decisión que fue validada por la Cámara de Casación. Ahora, la última palabra la tiene la Corte Suprema.

Como en Argentina todo se mide con la vara de la disputa política, el oficialismo aseguró que el traslado de esos jueces había sido irregular e improcedente, mientras que la oposición advirtió que el Senado rechazó de manera inconstitucional los nombramientos solo para garantizar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que algunos de esos magistrados estaban a cargo de causas en su contra.

«Propio del fascismo y nazismo»

En ese clima de tensión discursiva fue que los reclamos llegaron a las puertas de Lorenzetti, pero marcaron un límite, ya que el ‘escrache’ a un juez de la Corte Suprema fue repudiado tanto por el gobierno como por la oposición.

El presidente Alberto Fernández y el expresidente Mauricio Macri encabezaron los mensajes de apoyo a Lorenzetti y coincidieron en que este tipo de manifestaciones afectan a la democracia y a la República.

«Llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso es el más vil de los escraches, propio del fascismo y del nazismo», advirtió Fernández, quien aprovechó para criticar otros hechos recientes que consideró como preocupantes.

El 2 de septiembre, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió cientos de amenazas de muerte en su teléfono celular mientras dirigía una tensa reunión plenaria en la que la oposición se negaba a continuar con las sesiones virtuales, mecanismo acordado en medio de la pandemia de coronavirus. La justicia investiga quiénes y cómo filtraron su número privado.

«Me llegaron más de 460 mensajes de remitentes desconocidos… la verdad, qué nivel bajo de algunos dirigentes», señaló Massa.

Al día siguiente la situación se agravó, ya que decenas de personas hicieron un ‘escrache’ en la casa del dirigente ubicada en la provincia de Buenos Aires, lo que provocó mensajes de solidaridad por parte de opositores como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

La radicalización de sectores de la oposición se demostró también el 7 de septiembre, cuando un grupo de vecinos impidió a los gritos y a las corridas el arresto domiciliario de Lázaro Báez, un empresario amigo del fallecido expresidente Néstor Kirchner y la expresidenta Cristina Fernández que está imputado por múltiples causas de corrupción.

Cuando Báez intentó ingresar a su casa custodiado por efectivos policiales, les aventaron huevazos, piedras y todo tipo de objetos, por lo que finalmente tuvo que volver a prisión. Ahora se encuentra en un lugar cuya dirección no se ha difundido para preservar su integridad física.

Amenazas a Fernández de Kirchner

La expresidenta Fernández de Kirchner también ha sido objeto de ‘escraches’ en la puerta de su casa en la ciudad de Buenos Aires, hasta donde han llegado manifestantes a denigrarla y amedrentarla.

Una de esas protestas ocurrió el 17 de agosto, durante una de las múltiples movilizaciones en contra del gobierno y de las medidas para enfrentar la pandemia que fueron impulsadas por Macri.

Algunos opositores la insultaron a los gritos, hicieron sonar sus cacerolas y bocinas en señal de repudio, pero otros construyeron horcas con cartones y sogas para pedir pena de muerte en su contra

Antes, a fines de agosto, el periodista Eduardo Prestofelippo, la había amenazado de muerte en redes sociales, lo que derivó en una causa judicial en su contra interpuesta por el abogado de la vicepresidenta.

Otro de los momentos de mayor tensión sufridos en el país en los últimos meses ocurrió el 19 de septiembre, cuando un hombre arrojó una bomba molotov en la residencia oficial del presidente, a donde más tarde llegaron grupos de policías armados para exigir aumentos salariales en una movilización que desató un repudio generalizado por representar una amenaza directa a la democracia.

RT

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