¿Misión imposible? Así es alquilar piso en España en tiempos de ERTE

Un gran número de trabajadores españoles se encuentran en un ERTE actualmente por la pandemia, y eso dificulta mucho la búsqueda de un piso en alquiler. Veamos cómo tratan las inmobiliarias a las personas que están en esta situación.

Si buscas piso y estás con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), hay malas noticias. Las inmobiliarias no se fían de las personas que están sin trabajo temporalmente aunque sigan percibiendo gran parte de su salario y estén a la espera de volver a su puesto.

Las empresas de compra y venta de vivienda manejan varios datos a la hora de valorar si conceder o no un piso en alquiler a un potencial inquilino. Uno de ellos son los ingresos mensuales del interesado, pero estos pierden todo su valor para las agencias si el inquilino está en un ERTE. Eso significa que, a no ser que tengas una pareja con nóminas y en situación laboral estable, no puedes alquilar un piso. El paro tampoco cuenta.

«No dejan, no dan la posibilidad (…) Como todo está muy pendiente, no se arriesgan a hacer contratos así: hay gente que está acabando el ERTE, gente a la que se lo están quitando, ahora lo han ampliado…», explica una operadora de la inmobiliaria Fidere, entrevistada por elDiario.es.

Fidere es la socimi de Blackstone, un banco de inversión considerado fondo buitre en España y que ha ido adquiriendo multitud de viviendas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el banco encargado de comprar activos tóxicos para salvar el sistema financiero.

Este fondo pide una serie de datos antes de tramitar cualquier solicitud de alquiler. Para ello, antes de dar el visto bueno, se aseguran de que el interesado no esté en ningún registro de morosos. También se cercioran de que el precio del piso sea inferior al 40% de los ingresos mensuales del solicitante o de los de su unidad familiar.

En ese proceso de criba quedan excluidos los ERTE. Lo cual puede ser cuestionado por muchos. Según Fernando Bardera, un experto consultado por el medio español, la Ley de Arrendamientos Urbanos «está muy flaca en ese sentido». Por su parte, Rubén Sánchez, el portavoz de la organización de derechos de los consumidores FACUA, explica que existe «libertad contractual» y que lo que buscan las inmobiliarias es asegurarse de que el inquilino es solvente económicamente.

Cabe destacar que, por ahora, los contratos de trabajo siguen en pie pese a estos expedientes. Los ingresos de los afectados se sitúan en un 70% de la base reguladora, de modo que una persona despedida tras el ERTE seguiría teniendo ciertos ingresos.

En España hay más de 700.000 personas en ERTE. Los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor están prorrogados hasta el 31 de enero, pero los expertos señalan que quienes siguen en uno corren el riesgo de terminar en el paro.

Sputnik

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