El Gobierno español aprueba un aumento inédito del gasto del 53,7 % hasta 196.000 millones para 2021 por el coronavirus

El techo de gasto se dispara con las ayudas europeas y las transferencias extraordinarias a comunidades y Seguridad Social.

Sin las partidas excepcionales por la COVID-19, el incremento del gasto sería del 7,2 %, hasta 136.779 millones de euros.

Las administraciones españolas dispondrán el año que viene de la mayor suma de dinero público de la historia para gastar: el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el techo de gasto para los presupuestos de 2021 con un incremento inédito del 53,7 % respecto al de este año, que buscar impulsar la recuperación económica frente a la epidemia del coronavirus y que se financiará en gran parte con los fondos prometidos por la Unión Europea, de forma que el límite de gasto no financiero del Estado ascenderá, si supera el trámite parlamentario, hasta 196.097 millones de euros. 

La suma prevista supone un aumento de casi un 50 % sobre los 131.437 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez había estimado para el año próximo en sus perspectivas presupuestarias de febrero, antes de que se desencadenara la pandemia de la COVID-19. En ese momento, se fijó un techo de gasto para este año de 127.609 millones de euros, que fue aprobado por las Cortes en marzo aunque nunca ha llegado a plasmarse en unos presupuestos -las cuentas de 2018, elaboradas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, siguen prorrogadas-, si bien con toda seguridad ese límite quedará superado por los desembolsos realizados para aliviar el impacto de la crisis sanitaria.

«Es una cifra relevante que refleja muy bien la ambición del Gobierno para que estos presupuestos marquen un antes y un después», ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el techo de gasto fijado para los ministerios, aunque también ha subrayado que el montante total del gasto no financiero para 2021 no es comparable con las cifras previstas antes de la pandemia, toda vez que incluyen tres partidas excepcionales motivadas por el impacto de la COVID-19.

Así, en primer lugar, el Gobierno de coalición cuenta con recibir 27.436 millones de euros procedentes de los fondos que la Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados miembros para mitigar las consecuencias del SARS-CoV-2, en su mayor parte a través del programa SURE de protección del empleo. Y, en segundo lugar, se contemplan dos transferencias extraordinarias que, en palabras de Montero, suponen que «el Estado va a asumir 31.882 millones de déficit de la Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas», a saber: una de 18.936 millones para la Seguridad Social y otros 13.486 millones para las comunidades autónomas.

Montero, en este sentido, ha señalado que el límite de gasto no financiero que ha llamado «homogéneo», es decir, que obvia esas partidas excepcionales y sería comparable al de 2020, ascendería a 136.779 millones de euros, lo que por si solo representaría un incremento del 7,2 %, el más elevado desde 2013.

Se suspenden los límites de déficit

Además de poner más dinero en manos de las administraciones públicas, el Consejo de Ministros ha aprobado la suspensión de la senda de estabilidad que fija los objetivos de déficit para este año y para el que viene, en la línea de actuación de la Comisión Europea, que ha suspendido la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta 2021 con motivo de la pandemia y no exigirá a los Estados miembros que se ajusten a los límites de endeudamiento previstos.

Montero, que ya trasladó esta decisión a la comunidades autónomas este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se fijaron unos objetivos de déficit para 2021 que servirán de referencia pero no serán de obligado cumplimiento, ha justificado la medida en la oportunidad de «dotar a las administraciones públicas de una flexibilidad que es necesaria para abordar esta crisis» y ha recalcado que «se trata de una medida extraordinaria que viene recomendada por gran parte de las instituciones internacionales». 

Sin embargo, la ministra de Hacienda ha señalado que «no significa en ningún caso que el Gobierno renuncie al principio de estabilidad presupuestaria; se suspenden las reglas fiscales, pero no la responsabilidad del Gobierno ni del resto de administraciones, ni tampoco del principio de prudencia».

En este sentido, Montero ha explicado que el Gobierno estima que el déficit alcanzará este año, a causa de los gastos asumidos por la epidemia de coronavirus, el 11,3 % del PIB -frente al 10,3 % que suponía la estimación oficial hasta ahora- y que el año que viene se pretende reducir esa cifra al 7,7 %. De ese porcentaje, el Estado central tendría 2,4 puntos, las autonomías otros 2,2 y los ayuntamientos el 0,1, mientras que la Seguridad Social supondría tres puntos.

Con todo, según las cifras de Moncloa, si se tienen en cuenta las transferencias extraordinarias previstas, el Estado central asume 1,7 puntos de las autonomías y 1,1 de la Seguridad Social, de forma que el reparto sería de 5,2 puntos para el stado, 1,1 para las autonomías y 1,3 para la Seguridad Social.

RTVE

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