El Gobierno español cambiará la ley del aborto que obliga a las menores a tener el consentimiento paterno para abortar

El objetivo es derogar la reforma de 2015, que fijó la obligatoriedad del consentimiento para jóvenes de entre 16 y 18 años.

La modificación incluirá el derecho a las «formas más novedosas» de anticoncepción y la promoción de la educación sexual.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este miércoles que el Gobierno ha comenzado los trabajos para derogar la reforma de la ley de interrupción del embarazo de 2015 y permitir, así, que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin contar con el permiso de sus padres.

En una comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Montero ha avanzado que se modificará la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que incluirá el derecho a las «formas más novedosas» de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva.

El objetivo del Gobierno -ha dicho la ministra de Igualdad- es que todas las mujeres tengan el derecho a «decidir sobre sus cuerpos».

Para conseguirlo, el Ejecutivo quiere derogar la reforma introducida por el Gobierno del PP en 2015, que estableció la obligatoriedad del consentimiento paterno en el caso de las chicas de entre 16 y 18 años que quisieran interrumpir su embarazo.

También quiere poner fin a la aplicación del síndrome de alienación parental

Por otro lado, Montero, ha anunciado este miércoles que los Ministerios de Igualdad y Justicia trabajan para  acabar con la aplicación del llamado síndrome de alienación parental a la hora de determinar la custodia de los menores, al considerar que carece de aval científico e invalida el derecho de los niños a ser escuchados.

El síndrome de alienación parental (SAP) se esgrime en algunos procedimientos judiciales presumiendo interferencia o manipulación de las madres para retirarles la custodia de sus hijos.

Montero ha subrayado que las consecuencias de su aplicación resultan «enormemente preocupantes», porque pueden contribuir a la «impunidad de formas de violencia contra la infancia».

El Consejo General del Poder Judicial ya se pronunció en 2013 en contra de utilizar este supuesto síndrome y ahora se trataría de «prever una cautela explícita» frente a la aplicación de criterios y teorías sin aval científico que «invalidan de partida el testimonio» de niños y adolescentes, especialmente en los casos de rechazo paterno, por presumir interferencia adulta, ha detallado la ministra de Igualdad. 

La ministra ha recordado que la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas hace hincapié en que es un derecho fundamental de los menores el «ser escuchados a cualquier edad».

Por ello, ha mostrado su «especial ilusión» de emprender estas medidas que han sido una «reivindicación histórica del feminismo» que han peleado las mujeres «durante tantos años».

Medidas para proteger a la infancia

La protección de la infancia ha tenido un gran peso en la comparecencia de Montero, que ha avanzado que la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual incluirá a todos los menores que hayan sido víctimas de delitos sexuales y no solo a las mujeres a partir de 16 años, como se había establecido inicialmente en el anteproyecto.

Otras novedades que se han incluido en el anteproyecto durante la fase de consulta pública ha sido la inclusión del feminicidio sexual como parte del ámbito de aplicación de la norma y una mejora en la protección de las víctimas de la industria de la explotación sexual, así como una nueva tipificación en el Código Penal para la persecución del delito de proxenetismo.

Asimismo, Montero ha indicado que la futura Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia incluirá elementos fundamentales para proteger a los niños que sufren la violencia de género en su casa.

El Ejecutivo también prevé dar un «impulso importante» a la Educación infantil en el tramo de 0 a 3 años, dado su impacto positivo en la inserción laboral de las mujeres y en la lucha contra la pobreza y vulnerabilidad de las familias.

Ley de tiempo corresponsable

Durante su comparecencia, Montero ha hecho hincapié en que las especiales circunstancias generadas por el COVID-19 están teniendo repercusiones específicas para las mujeres, tanto porque son mayoría en empleos precarios y los han perdido, como por verse identificadas con los cuidados de familiares.

Por ello, ha anunciado que se está preparando en coordinación con el ministerio de Trabajo, el borrador de una Ley de tiempo corresponsable para garantizar igualdad de trato en situaciones tradicionalmente identificadas con las madres, como las ausencias por responsabilidades de cuidado el trabajo a tiempo parcial.

Montero ha subrayado que tratarán de que no se identifique teletrabajo con medidas de conciliación para las mujeres y que no se convierta en prestación devaluada por feminizada: «Somos conscientes de que es una herramienta para ayudar en muchas ocasiones para conciliar, pero también hay que garantizar que la trabajadora a distancia tenga los mismos derechos que el trabajador a distancia y los mismos que la persona que está físicamente en el centro de trabajo».

La ministra ha anunciado también que los dos reales decretos que regularán la igualdad retributiva y los planes de igualdad y su registro estarán en las próximas semanas en el Consejo de Ministros. En un plano más general, afirma que la intención del gobierno es que la reconstrucción económica tras la pandemia tenga una perspectiva feminista y que ponga a las mujeres, desde las jóvenes a las pensionistas, en el centro de la transformación social y la recuperación de nuestro país.

RTVE

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