Con falta de equidad se cumplen 35 años de tragedia del Palacio de Justicia de Colombia

Cuando están por cumplirse 35 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia de Colombia, que dejó 98 personas muertas y doce más desaparecidas entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, la investigación por los hechos ha dado para que se cuece de todo en torno al caso, menos, paradójicamente, algún asomo de justicia.

Por Andrés Pachón*

Eso es lo que consideran los abogados que representan a los familiares de las víctimas, luego que desde hace más de un año las investigaciones en torno al caso permanecen congeladas por la Fiscalía General en medio de lo que ellos califican como «una desidia» y un vericueto «leguleyo» del Estado, ya que el proceso puede pasar ahora a la Justicia Especial de Paz (JEP, justicia transicional) y parece existir un tira y afloje entre ambas jurisdicciones.

«Desde el punto de vista jurídico el proceso se encuentra engavetado (archivado). La Fiscalía lo puso en stand by luego de que el año pasado emitió una circular interna en la que sostuvo que mientras la JEP conozca del caso, los fiscales pueden adelantar investigaciones pero no pronunciarse de fondo. Es decir, ni lo uno ni lo otro, ni investigan ni se pronuncian sobre nada», dijo a Sputnik Rafael Barrios, abogado del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que representa a algunos familiares de las víctimas.

LOS HECHOS

La toma del Palacio fue protagonizada por miembros de la entonces guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) que el 6 de noviembre de 1985 adelantaron la denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, con la cual pretendían someter al presidente Belisario Betancur a un juicio público por faltar a los compromisos asumidos en las negociaciones de paz con ese grupo en los Acuerdos de Corinto (Cauca, suroeste) en 1984.

Tras la toma, los militares pusieron en marcha el Plan Tricolor, pero en el desarrollo de las operaciones, que tardaron 27 horas, un total de 98 personas murieron, entre ellas once magistrados, al tiempo que otras doce personas fueron desaparecidas de manera forzada.

A esa conclusión se llegó luego de que los civiles que salieron con vida del lugar fueron concentrados en el primer piso de la Casa del Florero (museo que se aloja en una construcción colonial, diagonal al Palacio) y sobre algunos se impartió la orden de trasladarlos a dependencias militares, tras lo cual nunca más se les volvió a ver.

Por la muerte y desaparición de cinco personas fue sentenciado a 35 años de cárcel el entonces comandante de la Brigada 13 del Ejército, el hoy general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, quien según las investigaciones ordenó proceder sobre los «sospechosos», es decir, los civiles que salieron con vida del Palacio escoltados por militares.

Otros ángulos de la investigación también señalan que desde agosto de 1985 el Ejército ya contaba con información de inteligencia que indicaba que el M-19 se tomaría el Palacio, por lo que los militares permitieron la toma con el fin de abatir a los guerrilleros dentro del lugar, para lo que redujeron la seguridad en el edificio e instalaron un puesto de control dentro de la Casa del Florero.

CASO EN EL LIMBO

Arias Cabrales, hoy de 83 años de edad, estuvo detenido en un cantón militar desde el 10 de octubre de 2008, pero recuperó la libertad luego de que en mayo de este año la JEP aceptó su sometimiento en esa jurisdicción y le concedió la libertad transitoria anticipada.

Para los abogados de las víctimas, eso no ha hecho más que enredar la madeja del caso, pues aparte de que el mismo se frenó por parte de la Fiscalía y de que la JEP aún no abre un caso sobre desapariciones forzadas, Arias Cabrales no ha hecho más que guardar silencio sobre lo ocurrido.

«En teoría, la solicitud de Arias Cabrales a la JEP para que revise su sentencia a 35 años de prisión -impuesta por la Corte Suprema de Justicia- no tiene porqué interrumpe el trámite de los procesos en la justicia ordinaria… eso jurídicamente hablando, pero en la práctica lo tienen paralizado», dijo también a Sputnik el abogado Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

Dicho colectivo, junto con el Movice y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), representan a las víctimas desde el año 2000, luego de que en 1991 las personas familiares de las víctimas presentaron la primera denuncia del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esas acciones llevaron a que en 2014 la Corte IDH dictara una sentencia en la que encontró al Estado colombiano responsable por graves violaciones de derechos humanos, poniendo de manifiesto la reacción desproporcionada de las fuerzas de seguridad del país.

Sin embargo, pese a la sentencia, el caso se mantiene en el limbo, pues aunque el proceso está en la justicia ordinaria, «allí hay una desidia en el trámite del mismo» que se refleja en un «retraso ostensible en el manejo de las diligencias», dice Carreño.

«La Fiscalía, cuando se trata de investigar la responsabilidad de altos funcionarios del Estado, no se torna diligente y, por el contrario, entorpece el proceso», agrega.

Para el abogado Barrios «hay un tira y afloje entre las dos instituciones; la JEP que le dice a la Fiscalía: ‘Mientras nosotros conocemos del caso por favor ustedes sigan la investigación y se pronuncian’, a lo cual la Fiscalía dice que no se pronunciará».

Las más sacrificadas por esa situación «son la verdad y la justicia», así como también los familiares de las víctimas, que sufren la revictimización al ver paralizados sus anhelos de equidad.

ANIVERSARIO SIN JUSTICIA

Aunque Barrios y Carreño coinciden en que «es perfectamente posible una investigación paralela de la Fiscalía y de la JEP sobre el mismo caso», la importancia del proceso «no se puede socavar en términos de justicia porque dos o tres personas se acogen a la JEP, cuando en estos crímenes participaron cerca de dos mil militares».

Según dicen, lo único que queda para destrabar el proceso es volver a insistir ante la Corte IDH mediante audiencias públicas, de modo tal que el tribunal pueda hacerle seguimiento al cumplimiento de la sentencia a nivel internacional, mientras que a nivel nacional interpondrán un recurso ante la justicia para que continúe el trámite del proceso.

«Con ocasión de los 35 años de este holocausto vamos a coordinar con sectores de derechos humanos actividades que se deben seguir haciendo pese al dolor de los familiares, para rememorar una vez más todo lo que pasó en esta tragedia», dijo Barrios, en alusión a manifestaciones que harán los familiares en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá y a un comunicado que emitirán para denunciar el estado actual del proceso.

«Lastimosamente en estos 35 años es muy poco lo que se ha avanzado. No se toman las decisiones, y no sólo es cosa de la Fiscalía, sino también de los jueces que dilatan este tipo de actuaciones, pero hay que seguir persistiendo para que haya algo de justicia», concluye Carreño.

*Sputnik

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