Respeto a la norma: Artículos CRBV que discrepan Ley Antibloqueo

Ley Antibloqueo; mitos y realidades, los argumentos esgrimidos por el profesor José Gregorio Piña, no dejan ninguna duda, lamentablemente le volvimos hacer el trabajo a la derecha apátrida  se la pusimos en bandeja de plata, hay discrepancias, diferentes puntos de vista es correcto pero darle armas a la derecha para que nos ataquen ahora hasta con nuestros propios argumentos.

Por José Gregorio Piña T.

Estos comentarios los emitimos con base en el proyecto original, en respuesta a artículos de gente de Izquierda, pero que vienen mostrando una feroz animosidad en contra del presidente Nicolás Maduro Moros.

En ese afán, es tal el empeño de esgrimir argumentos para «demostrar» que el Gobierno es de Derecha y es traidor, que pasan por sobre sus propios títulos, grados y conocimientos, que no los niego; y sobre una INCORRECTA LECTURA de artículos de la CRBV y de las leyes, caen en el error interpretativo. No vale el conocimiento si parten de una base errada, ya que lo que de allí razonen, desarrollen y deriven, estará todo errado; y eso es lo que les sucede a los personajes de marras.

Ese empeño en querer mostrar que todo está mal, los lleva a MENTIR, pero de una manera que quien es lego o lega en la materia, o aún especialista; si no hace una lectura correcta, cae en la trampa; con el grave perjuicio de que tendemos a suponer conocimiento, capacidad de análisis y, por, sobre todo, buena intención; y sobre la base de esa suposición, ellos y ellas causan un grave daño a la Revolución y le dan falsos argumentos al enemigo.

Algunos ejemplos:

1-No es cierto que el artículo 16 del proyecto colide con el artículo 187 de la CRBV; cosa que se afirma en una mera suposición malintencionada de quien la emite: el texto del artículo nada dice que haga válida esa suposición.TOTALMENTE DEACUERSO JOSE GREGORIO.

2-Con la misma mala intención, se dice que «podría suponerse» que colide con el artículo 314 de la CRBV; otra vez una suposición que no emana del texto del proyecto; y que además carece de base jurídica, ya que el artículo 314 sólo habla de la inclusión de los gastos en la Ley de Presupuesto; y hay que saber que la Ley de Presupuesto sólo incluye a la Administración Centralizada; por lo que, si fuere el caso, los entes descentralizados y los órganos desconcentrados no entran, y nunca han entrado en la Ley de presupuesto que aprueba la AN.

Por ejemplo, el presupuesto de PDVSA no va a la AN y nunca ha sido así. La LOAFSP y, antes, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, siempre han contemplado las excepciones LEGALES a la llamada «unidad de tesoro», concepto que en ningún caso implica que esos fondos no sean ejecutados contra un presupuesto debidamente aprobado.Nuevamente te concedo la razón José Gregorio

3-El supuesto argumento de que el mismo citado artículo 16 colide con el artículo 315 de la CRBV, es más descabellado y malévolo, porque ese artículo 315 sólo dice que «en los presupuestos púbicos anuales de gastos» se seguirán ciertas pautas, y el proyecto para nada deja ver que no será así; se está presuponiendo un vicio inexistente, sin base objetiva; yo bien pudiere decir, siguiendo el mismo «razonamiento» que quien escribió eso está cobrando millones de dólares de la CIA, para emitir esa opinión, ¿o no?  «podríamos suponer», que suponer, se puede suponer lo que nos dé la gana; pero no en un análisis que presume de «académico “y con motivaciones nobles. Por cierto, el artículo 315 de la CRBV refuerza lo que arriba decimos: que «los presupuestos púbicos anuales de gastos» son muchos; no un único presupuesto.

4-En cuanto a la desaplicación temporal y excepcional de algunas disposiciones legales; ello no choca con el artículo 25 de la CRBV, que sólo habla de «cuando se violen derechos» constitucionales, o cuando se violen leyes»; pero si la propia Ley Antibloqueo lo autoriza, no se estaría violando ley alguna; el mismo autor cita, pero  no se aplica, el mismo texto de la CRBV en cuanto a que las leyes se derogan por otras leyes; pero también existe, para casos de concurrencia legal (así se dice) la jerarquía de las leyes, la llamada Pirámide de Kelsen, que permite interpretar que ley tiene prelación por sobre otra u otras. Así, se aplica la ley que tenga la preferencia, sin que ello implique que se viola otra ley.

5-Un punto en el que se desnuda la mala intención es cuando se insinúa (y no cabe ni siquiera la mera suposición) que el artículo 24 del proyecto pueda significar derogar el artículo 303 de la CRBV, que trata de la propiedad estatal de PDVSA; cuando es claro que el texto del proyecto expresa que se respeta el citado artículo 303 de la CRBV. Cabe aquí la máxima jurídica de que “donde el legislador es claro, no cabe la interpretación”.Realmente José Gregorio soy de la opinión muy humilde y personal este debate debe continuar ya que hay puntos de vista que realmente no cuadran para nada

6-Se afirma, de manera equivocada, que el artículo 27 del proyecto viola la autonomía de las distintas ramas de Poder Público Nacional; en específico las facultades del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y que contravendría leyes y sentencias judiciales; lo cual no es cierto.

Afirmar tal cosa es un disparate jurídico que ignora que la Administración (Poder Ejecutivo) puede en cualquier momento revisar los actos administrativos que haya ejecutado, modificándolos o revirtiéndolos, siempre que no lesione derechos específicos de terceras partes que se hayan generado por el acto administrativo de que se trate.

Tal revisión, para nada tiene que ver con incumplir o desacatar las leyes sobre las cuales se haya basado la ejecución del referido acto administrativo; ya que esas leyes NO impiden la revisión, que está consagrada en la Ley Orgánica de la Administración Pública.

En cuanto a las sentencias judiciales definitivamente firmes, cuando las hubiere en la materia que presumen los adversarios al proyecto de Ley, expropiaciones y reversión de concesiones; los casos son pocos; pero, esas sentencias sólo adjudican o revierten el bien a la propiedad del Estado, nada más, allí se extingue el alcance y efecto de las decisiones en dichas sentencias. Luego de tener la plena propiedad del bien y, por lo tanto, su uso, usufructo y disposición, el Estado bien puede disponer de dicho bien, dentro de los límites de las leyes; sin que esté “violando” sentencia alguna.

Un ejemplo sencillo del caso mencionado: un trabajador demanda a su empleador por derechos de patente de un invento que aquél desarrolló estando al servicio de éste; gana el juicio y el tribunal le otorga la propiedad intelectual del invento al demandante. Luego, porque le conviene, ya que no tiene los recursos financieros y materiales para desarrollar y producir el invento; se asocia con su empleador, al mismo que antes demandó (u otro, o con el primero y otros), para explotar el invento en beneficio de todos. Aunque usted le parezca raro, este es un ejemplo real, que se da con cierta frecuencia en la industria, tanto en Venezuela como en el Mundo.

7-Oponerse, bajo una presunción, al uso de los Criptoactivos, cuando ya el Estado venezolano emite y respalda al Petro (PTR) no es un argumento válido, y no es procedente invocar el “curso legal” del Bolívar (VES) consagrado en el artículo 318 de la CRBV. Y ese artículo no es invocable, porque “curso legal” (“legal tender” en inglés), sólo significa, como lo precisa la Ley del Banco Central de Venezuela, que el Bolívar es de obligatoria aceptación como medio de pago y de liberación de deudas; y el Petro, otros Criptoactivos e incluso las divisas NO TIENEN ni hasta ahora nadie pretende que sean de “obligatoria aceptación”; el recibirlas es optativo y voluntario. Caso aparte del Petro es que el Estado sí está obligado a recibir a su valor para los Petros, porque es el emisor de los mismos; pero no es así con respecto a los particulares.

8-Sobre el argumento de la jurisdicción para la resolución de controversias sobre contratos, el artículo 151 de la CRBV establece la excepción sobre la materia; así que no hay vicio de inconstitucionalidad en el proyecto de Ley en comento.

9- En cuanto al párrafo final del artículo 32 del proyecto de Ley; es un sofisma (falso silogismo, que aparenta ser cierto), preñado de afán oposicionista, aducir que no es posible establecer mecanismos para superar las restricciones en el mercado financiero internacional, sin violentar la soberanía de Venezuela y su Constitución.

Basar esa frase bajo el ilógico supuesto de que, como dichas restricciones son contrarias a nuestra soberanía y Constitución, entonces los mecanismos para combatirlas también serían contrarios a dichas soberanía y Constitución; es absurdo, poco creativo e implicaría, supuesto negado, que nada podemos hacer los venezolanos y venezolanas en el terreno legal para defendernos; es decir, mejor nos rendimos, porque somos, supuestamente, prisioneros de nuestro propio ordenamiento legal.

Por otra parte, el citado sofisma es tan pueril como aducir, por ejemplo, que como las armas de fuego son potencialmente mortales, cualquier medida legal destinada a controlar dichas posibles consecuencias sobre la vida, necesariamente también serían mortales; que sí habrá casos, como el uso diferenciado y progresivo de la fuerza del Estado contra el delito; pero también están mecanismos legales y tecnológicos destinados al control de armas, que no son letales. En incendios forestales a veces se combate el fuego descontrolado con fuego controlado, pero también con agua, químicos y medios mecánicos.

10-Sobre el tema de la información, la reserva y el secreto de Estado; el artículo 143 de la CRBV permite restricciones legales en estos temas; y restricciones similares ya están desarrolladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP). Por lo tanto, alegar supuesta violación de artículos constitucionales revela mala intención, ya que se supone que, como especialistas, no deben desconocer el citado artículo 143 ni la LOAP. También la Ley del BCV tiene restricciones sobre dichas materias, en función de preservar la eficacia de las acciones a emprender ¿o no se está entendiendo que estamos en Guerra? ¿O queremos que los Generales publiquen en la Gaceta Oficial un mes antes, los planes y estrategias de batalla y los sitios que se atacarán?

11-Objetar el control posterior por parte de la Contraloría General de la República, no es un argumento válido para objetar el proyecto de Ley Antibloqueo, porque habría que objetar a la propia CRBV  TODAS las leyes en materia administrativa del Estado y, muy especialmente a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, y a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público; cuyas versiones vigentes son posteriores a la aprobación de la CRBV. Por cierto, la LOCGRSNCF permite que la CGR pueda, sí así lo decide, ejercer el control previo. En todo caso, este asunto es tema de otro debate.

El lector o la lectora se dará cuenta de que, bajo ese conjunto de falsedades, personas de Izquierda le hicieron el trabajo sucio a la Derecha, que ni siquiera tendrá que escribir ni inventar nada; sólo citar y divulgar, como en efecto está ocurriendo, los dos artículos de marras; y guardarlos para futuras acciones legales. Los dos escritos ya descalificaron, sin base cierta, todo el proyecto y sembraron la cizaña y el descrédito entre toda la población, chavista, opositora, disidente, indiferente, toda. Y ya que les gusta citar, cito a Fidel “Mucho ayuda el que no estorba”; a lo que agregamos el refrán: “con amigos así, no necesito enemigos”.


Artículo 187 Corresponde a la Asamblea Nacional:

1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.

2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en ésta. 3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.

4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia.

5. Decretar amnistías.

6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público.

7. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto.

8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional.

9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. 10. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y a los ministros o ministras. La moción de censura sólo podrá ser discutida dos días después de presentada a la Asamblea, la cual podrá decidir, por las tres quintas partes de los diputados o diputadas, que el voto de censura implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o del ministro o ministra.

11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país.

12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la Nación, con las excepciones que establezca la ley.

13. Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros.

14. Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de los jefes o jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes.

15. Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la República, después de transcurridos veinticinco años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación del presidente o presidenta de la República, de las dos terceras partes de los Gobernadores o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las Universidades Nacionales en pleno.

16. Velar por los intereses y autonomía de los Estados.

17. Autorizar la salida del presidente o presidenta de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos.

18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución.

19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan.

20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes.

21. Organizar su servicio de seguridad interna.

22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones financieras del país.

23. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organización administrativa.

24. Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la ley.

Artículo 314 No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para atender la respectiva erogación; a este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión Delegada.

Artículo 315 En los presupuestos públicos anuales de gastos, en todos los niveles de gobierno, se establecerá de manera clara, para cada crédito presupuestario, el objetivo específico a que esté dirigido, los resultados concretos que se espera obtener y los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables para el logro de tales resultados. Éstos se establecerán en términos cuantitativos, mediante indicadores de desempeño, siempre que ello sea técnicamente posible. El Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del ejercicio anual, presentará a la Asamblea Nacional la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio. Sección Segunda: Del Sistema Tributario.

Artículo 25 Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Artículo 303 Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.

Artículo 318 Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República. El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación. Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley.

Artículo 151 En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras. Sección Quinta: De las Relaciones Internacionales.

Artículo 143 Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. Sección Tercera: De la Función Pública

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