Abogado acusa a Gobierno de El Salvador de proteger a criminales de guerra

El abogado salvadoreño David Morales, uno de los querellantes en la causa sobre la masacre de El Mozote (1981), acusó el jueves a la Fuerza Armada (FAES) de proteger a criminales de guerra, por sus recurrentes bloqueos a la inspección judicial de archivos militares.

«O el Gobierno miente sobre la destrucción de los archivos militares, o esa documentación se destruyó de manera ilegal. En todo caso, ¿a quién protege la Fuerza Armada? A criminales de guerra», declaró Morales a la prensa reunida ante el Archivo General de la Nación, en esta capital.

El equipo judicial que recaba información documental sobre la masacre perpetrada en El Mozote logró acceder el jueves a un archivo civil, después que la FAES le bloqueara el acceso a los archivos de cuatro instalaciones militares, con el aval del actual Gobierno de El Salvador.

Morales, exombudsman de El Salvador, afirmó que el presidente Nayib Bukele impulsa «rupturas del Estado de Derecho», y su ministro de Defensa, contralmirante René Merino, bloquea investigaciones sobre la masacre de al menos 1.000 civiles, efectuada por el proscrito Batallón Atlacatl.

El también director de litigios de la organización de derechos humanos Cristosal, espera que en la diligencia judicial realizada el jueves surjan indicios del paradero de la documentación que, según el jefe de Estado, fue destruida durante los últimos 40 años.

El experto señaló que, si el Archivo General cumplió con la ley y sus responsabilidades, tenía que haber participado en todo proceso de destrucción de documento militares, y haber consignado en acta qué fue lo destruido.

«Tanto el anterior ministro de Defensa, David Mungía Payés, como Bukele han sostenido la tesis de la supuesta destrucción de los archivos militares, pero no han respaldado sus palabras con evidencias, ni nunca acudieron a la Fiscalía a denunciar una supuesta destrucción ilegal», enfatizó Morales.

Morales agregó que los documentos supuestamente desclasificados por Bukele sobre el caso no han sido entregado ni al juez Jorge Guzmán, responsable del caso, ni a la Fiscalía General de la República.

En la Sala Pública del Palacio Nacional, la perita guatemalteca Velia Muralles y dos colegas salvadoreños inspeccionan los archivos disponibles mediante el método de expurgo, que consiste en una depuración de la documentación que podría estar relacionados a la matanza.

Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador (1980-1992) dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos y graves violaciones de los derechos humanos, perpetrados tanto por los llamados Escuadrones de la Muerte, como por el Ejército y en algunos casos por la guerrilla.

Sputnik

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