Mar negro: derrames en la costa norte de Perú y la lucha ciudadana por evitarlos

Las noticias de constantes derrames de petróleo en la Amazonía peruana han logrado desviar la atención de lo que sucede en el mar de la costa norte del país andino. Ahí se vive otro problema ambiental de gravedad similar.

Un informe de 2019 del medio Mongabay Latam estimó, según reportes oficiales, que en los últimos 10 años se han vertido 9.743 barriles de petróleo en todo el territorio peruano (tierra y mar), un total de 549.137 litros. De esta cantidad, un 88 por ciento afectó el mar de la costa norte donde operan plataformas extractivas.

Esta realidad afecta el equilibrio ambiental, pero tiene en sus víctimas humanas principales a los pescadores artesanales de los departamentos costeros al norte de Lima (centro): Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.

Durante este año, el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC), organización ambiental local, está emitiendo una serie de cortos documentales que retratan la realidad que se está viviendo en Cabo Blanco, una caleta ubicada en Piura y donde desde el 2013 los pequeños pescadores vienen luchando contra los derrames ocasionados por empresas de capital extranjero.

Si bien la realidad en Piura es grave, como denuncian los pescadores que dependen del mar para subsistir; actualmente los pescadores del mar de Áncash están atravesando una lucha para que no se replique la mala experiencia de Cabo Blanco.

LUCHA JUDICIAL

Richard O’Diana es abogado del MOCICC y explica para Sputnik lo que está pasando en Áncash.

«El mar peruano, en la parte del norte desde Lima hasta la frontera con Ecuador, prácticamente todo está lotizado. En Áncash han sido adjudicados dos lotes petroleros, el Z67 y Z68, a la empresa británica Tullu (…) Estamos buscando que se anulen estas adjudicaciones», dice O’Diana.

Para este fin, el abogado detalla que el MOCICC ha interpuesto una demanda popular en nombre de varios ciudadanos y organizaciones pesqueras y ambientales de la ciudad ancashina de Chimbote, sede de uno de los puertos más importantes del país.

Esta demanda, presentada ante la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior del Poder Judicial, va dirigida contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y Perúpetro, empresa estatal involucrada en el tema de hidrocarburos.

¿Pero qué ha sucedido con los lotes Z67 y Z68? El abogado explica que el expresidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), renunció al cargo por escándalos de corrupción en marzo de 2018, y en el último día de su mandato firmó 2 decretos supremos para otorgar la concesión de los lotes en favor de Tullu.

Aunque pareciera indicar que por el contexto en el que se dio la medida del exjefe de Estado existiría una necesidad apresurada de favorecer a la empresa extranjera, finalmente la ciudadanía y pequeños pescadores de Áncash protestaron contra la dación de los decretos, algo que hizo que el actual presidente, Martín Vizcarra, los anulase después.

«Vizcarra anuló los decretos en favor de Tullu argumentando que no se habían desarrollado los procesos de participación ciudadana respectivos, lo que incluso motivó que se elabore un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana en Actividades de Hidrocarburos, que salió en 2019», explica el O’Diana.

NO TODO ESTÁ BIEN

Hasta ahí, pareciera que los reclamos de los ciudadanos y pescadores por ser tomados en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre los recursos naturales habían sido atendidos, pero alegan que no fue así.

El abogado del MOCICC indica que con el nuevo reglamento, en teoría, estaba prevista una mayor participación de los ciudadanos en las concesiones, algo que tome en cuenta sus opiniones, pero O’Diana califica las reuniones con el Gobierno como «mero trámite», algo que finalmente ha culminado con el jefe de Estado concediendo los lotes a la empresa británica.

Esta decisión, que vuelve todo al estado anterior de cosas, es «parte de una política del Estado donde no se toma en cuenta realmente la posición, donde no hay opción de intercambio de opiniones o de interacción en las reuniones que se llevan», dice el abogado.

Por eso, la demanda presentada por el MOCICC busca que se anulen los decretos firmados por Vizcarra sobre los lotes, y se proceda a un proceso correcto de concesión donde la voz de la gente de a pie sea escuchada.

La lucha queda ahora en la justicia y antes de que se inicien las operaciones de extracción para salvaguardar el mar de posibles desastres que afectan en mayor medida a quienes practican una pesca inocua de cordel y carnada.

Sputnik

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