Gobierno boliviano anula liberalización de exportaciones agrícolas

El Gobierno socialista boliviano dejó sin efecto la liberación de exportaciones agrícolas decretada en enero por la pasada administración transitoria de Jeanine Áñez, informaron el jueves autoridades citadas por medios locales.

«Se ha abrogado el Decreto Supremo 4139, que liberaba las exportaciones dejando sin efecto el certificado de abastecimiento interno y precio justo», dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, según reportó la agencia estatal de noticias ABI.

El jerarca hizo el anuncio al presentar las decisiones de la reunión del gabinete del miércoles, destacando la anulación de varios decretos de Áñez, calificados como neoliberales o no aplicables por las nuevas autoridades instaladas desde el cambio de Gobierno del 8 de noviembre.

El presidente Luis Arce había dicho previamente en Twitter que su Gobierno estaba «desmontando el andamiaje del modelo neoliberal reiniciado en noviembre de 2019», mediante la anulación de «siete decretos supremos que, con el pretexto de la pandemia, favorecían a ciertos sectores y grupos de poder con ventajas impositivas y otros beneficios».

El ministro Montenegro indicó que el ahora anulado decreto de liberación de exportaciones agrícolas, aprobado el 22 de enero y aplaudido por el sector empresarial, contradecía al «Modelo Económico Social Comunitario Productivo» que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está reponiendo desde su retorno al poder.

El decreto 3139 constituía «un atentado a la soberanía y a la seguridad alimentaria, con el posible incremento de precios y desabastecimiento de productos sensibles, como la carne de res, la carne de pollo, el trigo, arroz y maíz, situación que conllevaría a un escenario de presiones en los precios», afirmó.

Agregó que el Gobierno continuará alentando las exportaciones de alimentos, condicionadas a que los productores atiendan primero la demanda interna.

Montenegro detalló que otros decretos anulados habían establecido diferimientos de pagos de impuestos, devolución de aranceles aduaneros y otros beneficios para los grandes empresarios que, según calculó, habrían causado una caída de más de 200 millones de dólares en los ingresos fiscales en lo que va del año.

Señaló que también fueron anulados un decreto de reactivación de empresas y otro de generación de empleo, que no llegaron a ponerse en práctica por falta de recursos.

«Con estas medidas se va desmontando la aplicación de un conjunto de normativas (del pasado Gobierno), no bien fundamentadas, sin recursos y que además tenían errores en su diseño y su implementación», añadió Montenegro.

El gabinete aprobó también un reajuste mínimo de las pensiones de los jubilados, que estaba pendiente desde enero.

Sputnik

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