Radiografía de los desahucios en España: siete de cada diez desalojados son por impago del alquiler

Los lanzamientos han caído a la mitad respecto a 2019, aunque la PAH alerta de los «desahucios invisibles».

El fondo Blackstone se ha consolidado como el mayor casero de España.

Después de una tensa negociación en el seno del Gobierno de coalición, este martes se ha aprobado finalmente el decreto que prohíbe todos los desahucios de alquiler sin alternativa habitacional hasta el final del estado de alarma. La medida, que amplía también la protección a personas en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, era uno de los caballos de batalla de Unidas Podemos.

Analizamos cuál es la situación de los desahucios en España en un año en que el número de desalojos se ha reducido un 55% respecto a 2019, una caída provocada por la pandemia, el cierre de juzgados y las medidas del Gobierno.

¿Cuántos desahucios se ejecutan en España?

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los últimos tiempos se ha producido un descenso en el total de lanzamientos practicados. El máximo de los últimos siete años se registró en 2014, cuando se ejecutaron 68.091 desalojos, 186 al día.

A partir de ese momento, se han ido reduciendo hasta los 54.006 desahucios el año pasado y los 18.138 ejecutados en los primeros nueve meses de este 2020. Diariamente, se producen 67 desahucios. Se trata de un descenso de más de la mitad entre enero y septiembre respecto al mismo periodo de 2019, una reducción aún mayor en las ejecuciones hipotecarias.

Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los datos oficiales no incluyen todas las personas expulsadas de sus casas, sino solo los casos que pasan por juzgados. Se quedan fuera de las estadísticas aquellos “desahucios invisibles”, provocados por “subidas de alquiler o acoso inmobiliario”, detalla a RTVE Mercedes Revuelta, activista de la asociación.

¿Qué viviendas se desahucian?

Aunque tras la crisis económica de 2008 la mayor parte de las ejecuciones eran hipotecarias, en los últimos años han aumentado los desahucios de viviendas en alquiler. En el segundo trimestre de este año han supuesto el 73,2% de este tipo de desahucios, mientras que aquellos derivados de ejecuciones hipotecarias encadenan ya 20 trimestres consecutivos de bajada, según el CGPJ.

El alquiler era “el último escalón” para la gente que ya no se podía permitir una hipoteca, afirma Revuelta. “Si no hay vivienda pública y social” no hay más escalones por debajo, denuncia, por lo que muchas personas se ven en la calle al ser desahuciadas. La Ley de Arrendamientos Urbanas, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, provocó el aumento de este tipo de desalojos, según denuncia el movimiento antidesahucios.

¿Qué efectos ha tenido la pandemia?

Desde que se decretó el estado de alarma en marzo, los juzgados permanecieron cerrados durante tres meses. Esto provocó un retraso que todavía dura a día de hoy y que explica, en parte, la caída en el número de desahucios que ha tenido lugar este año, del 30% durante el tercer trimestre, comparado al mismo periodo de 2019.

Además, el Gobierno estableció una moratoria en el pago de la hipoteca y prohibió los desahucios por alquiler a afectados por la crisis del coronavirus. Con el decreto aprobado ahora, esta prohibición, vigente hasta el 31 de enero, se extiende hasta el fin del estado de alarma el 9 de mayo.

El decreto también ampliará la prohibición a colectivos en situación de vulnerabilidad desde antes de la pandemia, que no podrán ser expulsados, y a los ocupantes sin contrato de viviendas vacías de grandes tenedores o propietarios de más de diez inmuebles. En estos casos, la suspensión será solo por tres meses y los grandes propietarios podrán pedir una compensación.

¿Quiénes son los propietarios?

En España la gran mayoría del parque de vivienda en alquiler está en manos de pequeños propietarios (alrededor de un 97%, según datos de la SAREB o “banco malo”). Sin embargo, el peso de los grandes tenedores, como bancos, fondos de inversión o socimis -sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria-, crece año a año.

El fondo estadounidense Blackstone, con más de 30.000 viviendas, es el mayor casero de España. Inició su andadura en España con una polémica compra de vivienda social al Ayuntamiento de Madrid en 2013 y amplió su negocio con la adquisición de miles de viviendas a bancos y cajas de ahorros en apuros por la crisis inmobiliaria. 

Sin embargo, los bancos, especialmente Caixabank, Sabadell y Santander, siguen poseyendo una buena parte del parque de vivienda y también lo hace la mencionada SAREB, siglas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.

Este organismo, de gestión público-privada, fue creado durante la crisis económica de 2008 para gestionar los activos tóxicos de varios bancos nacionalizados. Aunque su objetivo era deshacerse de estas propiedades inmobiliarias, todavía posee más de 8.000, que ofrece en alquiler. 

¿Qué puede cambiar el decreto antidesahucios?

Aunque las medidas incluidas en el decreto estarán en vigor hasta mayo, el movimiento antidesahucios reclama que se mantenga en el tiempo para empezar a solucionar un “gravísimo problema de vivienda estructural”, por el cual gran parte de la población no puede acceder a un inmueble, según denuncia Revuelta.

La paralización de los lanzamientos sin alternativa habitacional “será un colchón de tranquilidad para miles de familias en este país”, afirma la activista de la PAH, aunque esta organización no ve con buenos ojos que se pueda indemnizar a los grandes propietarios que no puedan expulsar a ocupantes sin contratos.

“Se trata de rescatar a los de siempre, a los poderosos, a los fondos de inversión”, critica. Revuelta. Esta medida, defendida por el sector socialista del Gobierno, provocó rechazo en la otra pata del Ejecutivo, la de Unidas Podemos, que sin embargo cedió para que saliera adelante todo el decreto.

Más allá de esta norma, Unidas Podemos quiere impulsar más cambios en materia de alquiler en la futura Ley de vivienda, ahora mismo en negociación entre la Vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de José Luis Ábalos.

Los morados reivindican que esta ley fuerce a grandes tenedores a sacar la vivienda vacía al mercado para incrementar la oferta de alquiler social. También presionan para que se regule el precio del alquiler, según explicó en una entrevista el pasado domingo la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra.

RTVE

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