Una vergonzosa página de la historia de Estados Unidos

El Parlamento de Estados Unidos estuvo durante más de cuatro horas inmerso en el caos y la violencia después de que una turbamulta de simpatizantes de Donald Trump asaltara en la tarde del miércoles 6 de enero los accesos del Capitolio, situado en pleno centro de Washington, forzando a los congresistas a suspender abruptamente la sesión protocolaria que al final certificó a Joe Biden como el próximo presidente norteamericano.

Por Francisco Herranz*

Habría que remontarse a principios del siglo XIX para asistir a un hecho de tan extrema gravedad como el que se ha visto. Hasta ahora la sede del poder legislativo estadounidense sólo había sido asaltado una vez en toda la Historia. Fue concretamente el 24 de agosto de 1814, cuando tropas británicas dirigidas por el general Robert Ross invadieron la capital e incendiaron varios edificios gubernamentales, incluidos el Capitolio y la Casa Blanca que por aquel entonces se llamaba la Mansión Presidencial.

La diferencia esencial entre ambos escenarios radica en que los autores del asalto de ahora no eran extranjeros ni enemigos sino ciudadanos estadounidenses llegados de Kentucky, Kansas o Iowa tras ser animados nada menos que por el jefe de Estado.

Las imágenes retransmitidas por la televisión y las redes sociales hablaron por sí mismas. No se trataba sólo de descrédito internacional, sino de desorden público y de destrucción democrática.

Alentados por Trump y sus más leales adeptos dentro del Partido Republicano, los manifestantes habían sido convocados para protestar en la calle contra lo que consideran un mayúsculo fraude electoral, a pesar de que no hay pruebas de ello y a pesar de que todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal Supremo, han negado esas acusaciones.

Los alborotadores tenían muy claras sus intenciones: ¡La revolución! Algunos de ellos portaban tiras de plástico como las que suelen usar los agentes de policía para esposar las manos de los detenidos. El objetivo era sin duda alcanzar la sala donde, bajo la dirección del vicepresidente Mike Pence, se estaba produciendo la ratificación formal de los votos del Colegio Electoral. Lo que querían presumiblemente hacer era retener a algún congresista desencadenando así una crisis absoluta. Se vivieron momentos de pánico. Se escucharon disparos en el interior del edificio. El Servicio Secreto, que protege la integridad física de Pence y otras autoridades, tiró de arma corta. Tanto diputados, senadores como el vicepresidente fueron trasladados a los sótanos del Capitolio, de donde sólo volvieron a salir, cuando se recuperó el orden, escoltados por una cohorte de fuerzas especiales del FBI –la policía federal estadounidense– armada hasta los dientes.

Las dos alas del edificio que aloja al Senado y a la Cámara de Representantes se llenaron de estandartes trumpistas y alguna que otra bandera confederada, la que representaba a los defensores de la esclavitud durante la Guerra de Secesión. Los más osados alcanzaron los despachos de algunos congresistas, como Richard «Bigo» Barnett, quien se instaló en el de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara baja, poniendo los pies sobre la mesa.

Resulta a todas luces sorprendente, e incluso sospechoso, que los agentes de la policía no frenaran con más ímpetu el avance de los revoltosos, máxime cuando la concentración estaba planificada con bastantes días de antelación. ¿Complicidad o desbordamiento? El impresionante fallo del dispositivo de seguridad no debería quedar exento de responsabilidades sobre todo si se tiene en cuenta, en comparación, el enorme despliegue policial que se vio en el mismo lugar y en el verano pasado, pero cuando el objeto de las protestas era defender los derechos fundamentales de la población negra.

Ante este terrible panorama, la alcaldesa de la capital, Muriel Bowser, instauró el toque de queda mientras que el vicepresidente Pence dio la orden al Pentágono para que autorizara el despliegue en Washington de efectivos de la Guardia Nacional con el objetivo de restablecer el orden. Lo llamativo de esta instrucción es que no partió de Trump, aunque es él y no Pence el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de EEUU. ¿A qué se debió esa peculiar circunstancia? ¿Acaso Trump se desentendió del problema o es que fue apartado de él?

En resumen, se ha escrito una funesta y vergonzosa página de la historia de Estados Unidos en la que el Partido Republicano, el mismo de Abraham Lincoln, el mismo que defendió la Unión y luchó contra la esclavitud y el Ku Klux Klan, es uno de los máximos responsables. Buena parte de sus miembros no sólo han tolerado los excesos de Trump sino las actividades racistas de grupos de extrema derecha como los supremacistas Proud Boys.

Algún senador cuasi fascista como Josh Hawley, representante de Arkansas, apoyó abiertamente a los manifestantes antes de que estos desencadenaran una insurrección en toda regla, un motín con aires de golpe de Estado. Los implicados deberían responder de estos hechos que están penados con un máximo de diez años de cárcel.

El Partido Republicano va camino de su propia destrucción, dividido entre aquellos políticos que ya dieron la espalda al irracional Trump, como Pence o el senador por Kentucky Mitch McConnell, y aquellos otros que se niegan a hacerlo como el citado senador Hawley, porque saben que sus bases electorales están del lado del presidente saliente y la siguiente cita con las urnas llegará en 2022 y temen perderlas. Subyace pues una mezcla de miedo y ambición.

Para rematar el desastre, los republicanos han perdido el estratégico control del Senado, la cámara alta, al verse derrotados por los dos candidatos demócratas en las sendas peleas que estaban pendientes, las dos en el estado sureño de Georgia. Ese cambio de tornas dará alas a la agenda de Biden al menos durante dos años.

El otro gran culpable de todo este alucinante bochorno tiene nombre y apellidos. Trump tardó horas en pedir a sus simpatizantes que abandonaran el Capitolio y volvieran «en paz» a sus casas, no sin antes volver a machacar con el increíble mensaje del fraude masivo. Luego, en otro polémico tuit que más tarde también fue borrado por Twitter, justificó el intolerable comportamiento de los rebeldes. «Estas son las cosas y los acontecimientos que ocurren cuando una victoria electoral aplastante y sagrada es arrebatada de manera brutal y brusca a los grandes patriotas que han sido maltratados durante tanto tiempo», escribió.

Su invitación a la sublevación ciudadana y su dejación de funciones han provocado un cataclismo mayúsculo, han dejado una mancha muy difícil de limpiar. Su mensaje ha terminado por alentar el asalto a la democracia, un ataque de enorme trascendencia que necesitaría de respuestas contundentes para ser aplacado de verdad.

Como no va a dimitir antes del 20 de enero, fecha del solemne juramento de Biden, Trump debería ser destituido en aplicación de la sección cuarta de la vigesimoquinta enmienda de la Constitución de EEUU que autoriza a Pence y a los miembros del Gobierno federal a declarar a Trump «incapacitado» para ejercer sus «poderes y obligaciones», un dictamen que debería ser sancionado por los dos tercios de ambas cámaras en un plazo máximo de 21 días. Sólo así no quedaría en entredicho el sistema.

*Sputnik

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