El laberinto de la economía venezolana

El PIB venezolano cayó cerca del 70% desde el 2013 hasta la fecha, y la economía está en estanflación. Pasqualina Curcio, economista venezolana, explica para Sptunik por qué se llegó a esa situación, qué ha hecho el Gobierno, y algunas de las disyuntivas principales que actualmente atraviesa el país.

Por Marco Teruggi*

Venezuela está bajo un proceso de estanflación, es decir recesión e inflación, desde el año 2013. Es la primera característica que indica Pasqualina Curcio, economista, profesora en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, autora de una serie de libros sobre el pasado y presente de la economía venezolana.

El producto interno bruto (PIB) cayó alrededor de 70% desde el 2013 hasta la fecha, explica Curcio. Además, con el «proceso inflacionario, incluso hiperinflacionario, hemos tenido variaciones de precios mayores al 50% mensual, donde solamente en 2018, que fue el pico, se llegó a 130.060%, según cifras oficiales».

El PIB y la inflación son, junto con el desempleo, algunos de los grandes indicadores de la economía. Este último, según el mensaje presidencial ante la Asamblea Nacional, se ubica en 8,8% para 2020, dos puntos más respecto al 2019, lo que, para Curcio, «a pesar de la caída importante del PIB, no es una cifra de desempleo alarmante».

Con esos números se obtiene una fotografía de una economía que tuvo grandes transformaciones. «Lo importante, además de la caracterización, son las causas», señala la experta, para quien existen varios elementos centrales que dan cuenta de la actual situación.

Las causas

A partir de 2013 —cuando comienza el Gobierno del presidente Maduro- «se intensifica el proceso de la guerra económica, que se enmarca en una guerra no convencional», analiza Curcio.

El desarrollo de la guerra económica tuvo, desde esa fecha, varios momentos y elementos determinantes. Uno de los primeros fue «un desabastecimiento programado y selectivo de bienes, en 2013, 2014, 2015 hasta el 2016, que no fue producido por una caída de la producción, sino por una alteración de los mecanismos de distribución».

En paralelo a ese fenómeno interno, «y de manera encubierta», explica, comenzaron las acciones internacionales, como la «manipulación del índice financiero del riesgo país cuando Venezuela cumplía puntualmente con sus compromisos de deuda externa, y problemas para las transacciones financieras».

Un punto central de la escalada fue en agosto de 2017, coincidente con el inicio de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando comenzaron las medidas coercitivas contra la industria petrolera venezolana y la empresa estatal PDVSA, columna vertebral de la economía nacional. La agresión pasó entonces de encubierta a abierta.

PDVSA

«Iniciaron formalmente las trabas financieras, se le impedía a PDVSA que refinanciara su deuda, que realizara sus pagos, adquiriera repuestos e insumos para la producción, y en Venezuela PDVSA es la empresa que genera históricamente el 90% de los ingresos en divisas del país», explica Curcio.

El ataque a PDVSA desencadenó varias consecuencias: al caer la producción, con un mínimo de 400.000 barriles en el 2020, «cayeron las exportaciones, los ingresos en divisas, y en consecuencia tuvimos menos recursos para para importar bienes de consumo final, bienes, insumos, materia prima y repuestos para la producción no solo petrolera, sino del resto».

El impacto afectó además «la posibilidad de honrar los compromisos de deuda externa porque disminuyeron las divisas que estaban entrando, y afectó las reservas internacionales, nuestros ahorros, y, por lo tanto, al disminuir entonces hubo que disponer de la reserva». Las reservas internacionales pasaron de alrededor de 20.000 millones de dólares en 2013, a cerca de 6.000 millones en la actualidad.

Hundir la moneda

Otra de las armas que han aplicado, que explica particularmente la inflación, es el ataque al bolívar, explica Curcio, quien señala que, si bien los primeros ataques a la moneda empezaron en el año 2006, cuando «comenzaron a posicionar un supuesto precio del bolívar que no era el verdadero precio», el ataque central comenzó a partir del 2012-2013, hasta agudizarse en el 2017.

«Eso es lo que ha generado una hiperinflación, desde el 2012 hasta hoy, según los portales que posicionan un supuesto precio del bolívar, esa supuesta depreciación de nuestra moneda, va por alrededor de un millón de millones por ciento». En el 2012, un dólar era equivalente a ocho bolívares, y actualmente equivale a 1.500.000 bolívares soberanos, es decir 150.000 millones en el bolívar antes de la reconversión del 2018.

«Con toda responsabilidad, en Venezuela han pasado muchas cosas estos años en lo económico, lo político, pero jamás que pueda explicarse que el bolívar se haya depreciado un billón por ciento».

Ese ataque a la moneda fue confesado en diciembre del 2019 por el senador estadounidense, Richard Black, quien afirmó respecto a Venezuela: «Hemos desmonetizado su moneda, y, a través del sistema bancario internacional, hicimos que la moneda venezolana careciera de valor, y luego vamos y decimos ‘miren lo malo que es este Gobierno, su moneda no vale nada’, bueno no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda».

Los efectos

El ataque sobre la moneda desencadenó efectos críticos en la economía. Al generar un proceso hiperinflacionario, con un «aumento de precios diariamente, de manera rápida y desproporcionada», se deterioró el salario real.

Con ese deterioro «se pierde el poder adquisitivo en los hogares, se establecen prioridades de consumo, se dejan cosas sin adquirir, y eso repercute sobre la producción, porque si no tienen quienes les compren no necesariamente producen, y genera contracción en la economía».

Un fenómeno similar ocurrió en la administración pública, el Estado, analiza Curcio. Allí, ante una inflación impredecible, «el presupuesto previsto no le alcanza al Estado, impacta sobre su desempeño en todos los servicios que presta desde electricidad, agua, telecomunicaciones, salud, educación, el servicio penitenciario, judicial», algo que es visible en la cotidianeidad venezolana, en particular fuera de la capital del país, Caracas.

Las respuestas

El Gobierno desarrolló varias respuestas a lo largo de los años. Ante el desabastecimiento, por ejemplo, fueron creados en el 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que permitieron generar un proceso de organización para distribuir alimentos subsidiados por el Estado.

A principios del 2018 «se anunció la creación del petro, que nació como una criptodivisa, principalmente para sortear el bloqueo del sistema financiero». Pocos meses después de su creación, el petro fue sancionado por una orden ejecutiva de Trump.

En agosto de ese año, el Gobierno anunció el Plan de Recuperación y Prosperidad Económica, «hizo un ajuste de los salarios de casi 3.700%, sin embargo, ese ajuste en septiembre ya comenzó otra vez a deteriorarse, comenzaron a atacar otra vez el bolívar, y en menos de un mes duplicaron el tipo de cambio».

El Plan incorporó otra medida central: la flexibilización del control de cambio. «Se lo hizo con la esperanza de que podrían venir inversiones extranjeras privadas, porque una de las excusas era que no tenían dónde transar las divisas de manera libre», explica Curcio. Sin embargo, «las inversiones no necesariamente han llegado, no porque no esté libre el sistema cambiario, sino porque están observando la situación estanflacionaria que genera inestabilidad en el momento de realizar inversiones».

La situación en el marco del bloqueo económico, llevó al Gobierno a aprobar en octubre del 2020 la Ley Antibloqueo, con el fin, entre otras cosas, de atraer capitales privados.

La Ley Antibloqueo

«Es necesaria una ley contra el bloqueo», afirma Curcio. Sin embargo, plantea dudas sobre su efectividad: «Ciertamente requerimos que ingresen divisas, pero hasta qué punto esas divisas, si es que ingresan, no se terminarán yendo en un escenario de libre cambio, en el marco de una depreciación inducida que continúa por el ataque al bolívar».

Aún es temprano para saber la efectividad de la Ley Antibloqueo, en particular porque sus cláusulas indican que el proceso de inversiones no es público. Pero Curcio, investigadora de la historia de la economía venezolana, sostiene que «pensar que ahora el sector privado y las inversiones privadas extranjeras son las que van a resolver el problema actual de Venezuela es ingenuo si vemos un comportamiento de más de medio siglo».

Según ella, «el Estado venezolano tiene recursos suficientes, no solo es el petróleo, también está el oro y otros minerales, de manera de poder enfrentar esta guerra económica, no significa que el capital privado no venga, si van a venir y se van a llevar las poquitas divisas como han estado acostumbrados, no estamos resolviendo el problema».

La disyuntiva

Finalmente, Curcio plantea un debate central: cómo se reparte la riqueza generada en el país.

«En procesos inflacionarios, y sobre todo hiperinflacionarios, la inflación a quien más termina afectando es a la clase obrera, trabajadora, por la vía del salario, porque mientras los dueños del capital tienen la posibilidad de fijar los precios en la correlación de fuerzas del mercado, sobre todo si son monopolios, pero el trabajador no tiene la posibilidad de fijar su salario».

Según números del Banco Central de Venezuela, en el 2014, el capital privado se apropiaba del 31% del PIB, 36% era para los asalariados, y el Estado obtenía 13%. Ese número, en el 2017 —datos más actualizados— se modificó a favor de los privados, que pasaron a obtener el 50%, y en detrimento de los trabajadores con 18% y el Estado con 9%.

Así, en el proceso de reducción del PIB, el total se fue repartiendo de forma cada vez más desigual en favor de «los dueños del capital». Los salarios reales, del 2018 a la fecha, cayeron 99%, y, si bien el Estado mantuvo cerca del 75% del presupuesto destinado a la inversión social, ese monto fue sobre un total más reducido percibido por el Estado.

Curcio insiste en que «no puede ser la clase trabajadora la que reciba el mayor impacto de la guerra económica». Uno de los primeros pasos es aumentar los salarios, y una de las vías es a través de impuestos, «los más progresivos, los impuestos sobre la renta y las grandes fortunas (…) es un tema de redistribución, son capitales que se están llevando más de lo que se llevaban antes de la torta, e históricamente no han pagado suficientes tributos».

Por eso, Curcio, plantea que exista una gran disyuntiva: «O aumento el dinero para aumentar el salario de los trabajadores y con eso reactivo la demanda y el consumo para reactivar la producción, o simplemente dejo que sigan aumentando los precios independientemente de lo que pase con los salarios y que siga cayendo la producción».

Sin embargo, «en un proceso revolucionario la disyuntiva no debería estar, la prioridad es el trabajador, la clase obrera, sus condiciones de vida, niveles de vida».

*Sputnik

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