Menonitas en Perú y su impacto sobre la deforestación amazónica

En 2016, una comunidad cristiana menonita proveniente de Bolivia llegó a instalarse en el departamento peruano de Ucayali (Amazonía oriente) donde adquirió cerca de 2.000 hectáreas de tierra en plena selva. Lo que siguió fue una depredación desmedida de bosques.

Por Sergio Llerena Caballero*

Producto de la deforestación de poco más de 588 hectáreas de tierras destinadas para uso urbanístico y, principalmente, agropecuario, el Gobierno de Ucayali sancionó a la comunidad, inscrita legalmente como Asociación Colonia Menonita Cristiana Agropecuaria Masisea, con una multa de 11 millones de soles (3,05 millones de dólares) por incumplir de manera grave con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Esta multa fue impuesta en diciembre de 2020 a una comunidad caracterizada por su aislamiento social y la observancia estricta sobre mantener un estilo de vida que prescinde de los avances tecnológicos y las tendencias culturales de Occidente.

La Fiscalía de Perú tiene, además, tres procesos de investigación por deforestación contra la comunidad en predios ubicados en Ucayali y también en el departamento amazónico de Loreto.

PRIVADA PERO NO TANTO

El problema que se plantea frente a esta situación tiene que ver con la compra de tierras al Estado peruano y el uso que se le va a dar a estas, pues según las leyes locales, un privado no puede adquirir tierras en áreas intangibles y parece evidente que si los menonitas han adquirido predios de bosque amazónico, es porque esas tierras pueden ser usadas para fines de vivienda o agropecuarios. ¿Qué ha pasado entonces para que se les sancione por hacer uso libre de sus tierras?

Jean Pierre Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en conversación con Sputnik da luces al respecto.

«En Perú la propiedad privada no es irrestricta. En el ámbito ambiental, la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental te dice que toda actividad económica que pueda generar impactos significativos en el ambiente o en los recursos naturales requiere un licenciamiento, eso quiere decir que si los señores menonitas van a realizar una actividad que va generar estos impactos, tienen inmersa la carga legal de realizar el estudio de cuáles son las licencias ambientales que deberían cumplir antes de realizar su actividad económica», explica.

A decir de Araujo, esta obligación legal es similar a un estudio de impacto ambiental; sin embargo, existen fallas en la legislación peruana que dejan vacíos para que casos como la deforestación menonita ocurra.

Según el experto de la SPDA, las normas de uso agrario en la Amazonía vienen de la década del 90 y se han ido modificando levemente a través del tiempo pero no sustancialmente; a su vez, apunta que «todo el afianzamiento en materia ambiental a nivel de certificación, fiscalización y manejo de bosques ha sido perfeccionado desde el 2000 con mayor intensidad».

Esta situación legal genera que las normas agrarias no sean compatibles con las normas posteriores en materia ambiental, por lo que habría un «desfase» que haría que funcionarios, por desconocimiento, se ciñan solamente a las normas agrarias y omitan todo el tema de licencias ambientales y demás normas que salvaguardan la intangibilidad de los bosques amazónicos.

AYUDA SATELITAL

A razón de eso, se podría explicar que comunidades como los menonitas hayan adquirido hectáreas de tierras en la selva y hayan dispuesto de ellas para los fines que estimen convenientes.

No obstante, Araujo afirma que actualmente los funcionarios públicos encargados de conceder tierras cuentan con un sofisticado sistema de imágenes satelitales de todo el territorio nacional, lo que ayudaría mucho a gestionar la venta de tierras aplicando un criterio ambiental.

«Al día de hoy, en los últimos 10 años tienes imágenes satelitales de todo el Perú y puedes validar si un predio está ubicado en una zona que podría ser considerada como forestal. Y aquí aplica que, ante la duda, tú como funcionario tienes la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que esa tierra sea de uso agrario y si no lo es, no se pueda vender», señala el experto.

La Fiscalía de Perú indica que, en el caso de los menonitas, se habrían deforestado 907 hectáreas entre 2016 al 2020 en Ucayali, y 1.941 desde 2017 al 2020 en Loreto. Al final se estaría hablando de más de 2.800 hectáreas deforestadas en menos de cincos años; algo que se podría haber evitado si las normas se compatibilizaran o se hubiera efectuado una observancia más diligente antes de entregarlas a privados.

*Sputnik

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