El Supremo español confirma la condena a 133 años de cárcel al ex coronel Montano por la matanza de jesuitas en El Salvador

La Justicia ha considerado que los asesinatos se produjeron con carácter terrorista.

El excoronel salvadoreño acumula varias penas que exceden el máximo de prisión fijado en 30 años.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia Nacional al exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, por el asesinato de cinco jesuitas españoles.

La Sala confirma que fueron asesinatos de carácter terrorista por los que le impone varias penas de prisión que suman 133 años y que superan el límite de cumplimiento situado en 30 años. Los asesinatos se produjeron sobre sacerdotes como Ignacio Ellacuría y fueron cometidos la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en una universidad de El Salvador.

La sentencia de la Audiencia Nacional también consideró a Montano como autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, la cocinera de la universidad donde se produjeron los crímenes, y la hija de ésta de 15 años. Sin embargo, no se le pudo condenar de estos hechos dado que Estados Unidos no permitió su extradición para el proceso judicial.

El tribunal considera acreditado que los miembros componentes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, entre los que se encontraba el acusado, Inocente Orlando Montano, eran conocedores del asesinato y tomaron parte en la decisión.

26 años por cada delito

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación impuesto por Inocente Montano y mantiene la condena por los cinco delitos citados anteriormente. Cada uno de los asesinatos supone una pena de 26 años, ocho meses y un día. Además le obliga al acusado a pagar las tasas correspondientes de los gastos derivados de este proceso judicial.

La Justicia entiende de esta forma que Inocente Orlando era conocedor de la situación de los jesuitas y que formó parte del proceso que acabó con la vida del sacerdote Ellacuría, según ha podido extraer RTVE.es de la sentencia. El Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas dió la orden directa de ejecutar a cuantos estuvieran presentes en citada residencia el día de los hechos, a fin de no dejar testigos”.

Para la Sala, el relato de hechos probados es sumamente descriptivo de lo que ocurrió y supone “un auténtico “relato de terror” y del horror que tuvieron que vivir las víctimas de este crimen de Estado”.

El acusado presentó una solicitud de incluir el estado de necesidad y miedo insuperable en su defensa durante el proceso. Algo que ha rechazado el Supremo. A su juicio los militares salvadoreños utilizaron «la fuerza del poder de las armas» para perpetrar las ejecuciones contra víctimas absolutamente indefensas a las que «matan por unos teóricos ideales».

La sala recuerda que las víctimas asesinadas no eran parte del conflicto armado. No se estaban enfrentando a quienes ordenaron el crimen y por ello no existe causa que permita justificar la agresión mortal a la vida de estas personas.

El crimen, según la Sala, “fue más allá de la gravedad y consecuencias del atentado contra la vida de las víctimas» sin entender cómo las víctimas podían suponer una amenaza contra el acusado. Por ello, hace responsable máximo al exmilitar Montano por urdir, planear y ordenar los asesinatos.

El asesinato de los jesuitas

La sentencia llega 31 años después de la matanza de los sacerdotes y del resto de víctimas que se han quedado fuera del caso. Un proceso dilatado en el tiempo por la reticencia de la justicia salvadoreña de entregar a los acusados a España.

El excoronel y exmiembro del Gobierno salvadoreño Moreno veía amenazado su cargo y poder por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN). Entre ambas partes, los jesuitas que trabajaban en la Universidad de Centroamericana José Simeón Cañas trataban de mediar en el conflicto a través de la negociación de la paz.

Los sacerdotes, como Ignacio Ellacuría, se ganaron la enemistad de la extrema derecha y de la mayor parte del ejército por tratar de poner fin a la guerra civil que se vivía en El Salvador en 1989. Los entonces militares, y hasta miembros del Gobierno, consideraban que una paz negociada podría suponer una reducción de sus privilegios o beneficios.

De esta manera, se ordenó al coronel Guillermo Benavides, único condenado en El Salvador, liderar un grupo de asalto para acabar con los jesuitas. El batallón de élite Atlacatl, entrenado por el ejército de los Estados Unidos, fue el comando que recibió las órdenes del Alto Mando salvadoreño de perpetrar el crimen hoy ratificado.

RTVE

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