Un año del derrumbe del vertedero de Zaldibar: las claves de la tragedia humana y medioambiental

Uno de los dos trabajadores sepultados sigue desaparecido 12 meses después del colapso.

La sobreexplotación del vertedero, cercano a agotar su vida útil, puso ser la causa del desastre.

El 6 de febrero de 2020, dos minutos antes de las 16:00 horas, miles de toneladas de residuos industriales se desplomaron ladera abajo en el vertedero de Zaldibar (Vizcaya), sepultando a dos operarios e invadiendo los cuatro carriles de la autopista AP-8, que une Bilbao y San Sebastián.

Los restos óseos de uno de los trabajadores, Alberto Sololuce, de 62 años, fueron localizados seis meses después, en agosto de 2020, mientras que el otro desaparecido, Joaquín Beltrán, de 51, sigue sepultado bajo la escombrera un año después.

Al desastre humano se unen importantes consecuencias medioambientales y, sobre todo, muchos interrogantes que, doce meses después del suceso, siguen sin resolverse. Veamos cuáles son las principales claves del caso.

La incóginta del derrumbe

Los motivos del colapso de la escombrera continúan sin aclararse. Una de las hipótesis, la más destacada, apunta a que el vertedero, propiedad de la empresa Verter Recycling 2002, estaba sopreexplotado.

El recinto, inaugurado en 2007, tenía inicialmente vida útil hasta 2046 pero, al ritmo que llevaba, estaba previsto que alcanzara el máximo de su capacidad en 2022. Javier Vázquez, coordinador de la asociación Ecologistas Martxan, afirma en declaraciones a La Hora de La 1 que «era un vertedero pensado para 30 años y en menos de la mitad estaba hasta los topes». 

Además, añade que no se hicieron de manera correcta los trabajos de asentamiento, por lo que la masa de escombros terminó por colapsar. 

Días antes del accidente, aparecieron grietas y la plantilla pidió a los propietarios que impidieran la entrada de más camiones para que no se produjera un siniestro como el que finalmente tuvo lugar. La empresa reconocería posteriormente que el 4 de febrero tuvo conocimiento de las grietas, pese a lo cual decidió proseguir con la actividad.

Más de 140.000 metros cuadrados

El vertedero, ubicado entre las localidades de Zaldibar, Ermua y Eibar, en el límite entre las provincias de Vizcaya y Guipúzkoa, cuenta con una extensión de 140.000 metros cuadrados y un vaso de vertido de residuos de casi tres millones de metros cúbicos.

En torno a una cuarta parte de ese volumen se deslizó ladera abajo en la fatídica tarde del 6 de febrero de 2020. Según cuenta a RNE el geólogo Agustín Larrea, «si transformamos esa cantidad en camiones -un camión puede llevar 8 o 10 metros cúbicos- y los ponemos todos en fila tendríamos una hilera que va desde Zaldibar hasta Madrid».

Un negocio muy rentable

El recinto de Zaldibar era un negocio muy lucrativo. Entre 2012 y 2017 -los años de los que se disponen datos económicos-, Verter Recycling facturó casi 30 millones de euros y obtuvo un beneficio cercano a los ocho millones en este período.

Oskar Morales, miembro de la Asociación de Vecinos ‘Barrio Eiztaga’ de Zaldibar, asegura a TVE que era «un vertedero low cost, donde todo entraba; venían camiones de Barcelona, Zaragoza o Francia». Y se pregunta: «¿Cuánto de rentable tiene que ser o qué es lo que traes en el camión para venir desde tan lejos para echarlo aquí?».

Javier Vázquez considera que «lo que no puede ser es que la gestión de residuos sea un negocio».

Una búsqueda complicada desde el inicio

Desde un primer momento la búsqueda de los dos operarios desaparecidos afrontó numerosas dificultades. El mismo día que colapsó el vertedero, bomberos y ertzainas intentaron, sin éxito, el rescate de los desaparecidos de manera manual. Pero pronto hubo que suspender las tareas al descubrir que entre el material derrumbado había amianto, considerado como cancerígeno. 

Pocos días después, los análisis detectaron en el aire altas dosis de dioxinas y furanos debido a la combustión de metano por los fuegos originados en el recinto. Se recomendó a los vecinos de las poblaciones cercanas que cerraran las ventanas y no hicieran deporte al aire libre y se suspendió el partido Eibar-Real Sociedad. Hasta una semana después no se pudieron sofocar los fuegos y levantar la alarma entre la población. 

Sin embargo, la búsqueda no daría resultados hasta el mes de agosto, cuando se encontraron restos óseos humanos, junto a varios objetos personales, como una cámara de fotos, unas gafas de sol y un reloj. El ADN confirmó que los restos pertenecían a Alberto Sololuce.

Pero el cuerpo de Joaquín Beltrán sigue si aparecer. Su familia teme que «llegue el momento en el que digan que se sella el vertedero sin que le encuentren». 

«Tenemos el compromiso de que se va a buscar hasta que aparezca Joaquín. Ahora mismo es un hilo de esperanza al que nos aferramos pero en bastantes ocasiones la hemos perdido», afirma un familiar del desaparecido a TVE.

Crisis de alcance político

El siniestro de Zaldibar se produjo en un momento clave dentro de la política del País Vasco. Apenas cuatro días después del siniestro, el lehendakari, Iñigo Urkullu, convocó las elecciones autonómicas para el 5 de abril. Y aunque finalmente no pudieron celebrarse en esa fecha a causa de la pandemia de coronavirus -se trasladarían al 12 de julio-, el suceso sirvió de arma arrojadiza entre los partidos.

La oposición criticó duramente la gestión de la crisis por parte del Gobierno vasco, con Urkullu como centro principal de los ataques. El lehendakari compareció el 18 de febrero ante la Diputación Permanente del Parlamento Vasco y reconoció «errores» aunque lamentó la «utilización política» de la catástrofe.

Pero si miramos los resultado, la tragedia del vertedero no pasó factura electoral al PNV, que logró una nueva victoria -aunque sin mayoría absoluta-, repitiendo como partido más votado en Zaldíbar.

Procedimiento penal y medioambiental

En julio del pasado año tres directivos de Verter Recycling fueron detenidos por la Ertzaintza como responsables de delitos medioambientales y contra la salud de los trabajadores. Se trata de José Ignacio Barinaga, dueño del la empresa; la administradora única, Arrate Bilbao; y un ingeniero que ejercía las labores de director técnico del vertedero.

Los detenidos fueron puestos en libertad provisional con medidas cautelares y retirada del pasaporte, imputados por un delito de homicidio imprudente. Un juzgado de Durango se ha hecho cargo de los dos procedimientos, penal y medioambiental, que están siendo instruidos por un mismo juez.

El proceso sigue su curso un año después de los hechos, aunque Estefanía Rojo, abogada de la familia de Joaquín Beltrán, ha asegurado en declaraciones a Radio Euskadi que la instrucción está «en una fase muy inicial» lo que hace «imposible saber» cuándo se llevará a cabo el juicio.

Los vecinos de la zona se han movilizado periódicamente para pedir justicia y exigir responsabilidades. Incluso la Comisión Europea abrió una investigación de los hechos debido a las «graves deficiencias» en el funcionamiento del vertedero. Aunque hasta el momento Bruselas, que se comprometió a concluir su estudio a finales de 2020, sigue sin hacer públicos las conclusiones del mismo.

RTVE

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