Podemos propone definir como ‘gran propietario’ a quien tenga cinco viviendas o más

La formación morada también propone destinar el 30% de las viviendas de estos propietarios a alquiler social.

El ministro socialista Ábalos se opone a las propuestas de Unidas Podemos y pide alejarse de «medidas confiscatorias».

Unidas Podemos ha manifestado su intención de rebajar los requisitos para ser un ‘gran propietario’ de vivienda en España. La formación morada ha comunicado al PSOE su deseo de considerar en la nueva norma a un ‘gran propietario’ como todas aquellas personas con cinco o más inmuebles a su nombre.

La medida supone reducir el criterio actual fijado a partir de las diez viviendas. La consideración por parte de Unidas Podemos se produce en medio de las negociaciones de la Ley de la Vivienda que están en marcha.

Asimismo, los morados entienden que los ‘grandes propietarios’ deben destinar el 30 % de sus viviendas al alquiler social, según ha manifestado la secretaria del partido, Ione Belarra. Una medida que pondría, como mínimo, una de cada cinco viviendas en condiciones de arrendamiento social.

La coportavoz de Podemos Isa Serra va más allá. En una rueda de prensa de este lunes, Serra ha manifestado la necesidad de aprobar una nueva ley que consiga que «toda la vivienda vacía se ponga al servicio de una necesidad, que es bajar los precios del alquiler».

Ábalos se opone

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rechazado esta propuesta y ha pedido «olvidar políticas de carácter expropiatorio», según recoge Europa Press. El encargado socialista de redactar la nueva norma en materia de vivienda ha explicado que las decisiones tomadas en coalición con Podemos se han llevado con la definición de gran propietario a partir de las diez propiedades.

Las ayudas al alquiler o la paralización de desahucios están tipificados con otros criterios por lo que «este nuevo elemento contradice las consideraciones de ambas formaciones hasta la fecha», ha señalado el ministro Ábalos.

En todo caso, Ábalos ha asegurado que la nueva ley, «como política pública, no puede descansar sobre los particulares» y, en lugar de ello, ha apostado por una ley «que comprometa a todas las administraciones en el ámbito de su competencia» para garantizar la función social de la vivienda. «La política pública exige responsabilidad pública».

Centrarse en los ‘Fondos Buitre’

Ábalos ha puesto como ejemplo evitar la venta a «fondos buitre» de vivienda pública por parte de la Comunidad de Madrid o incluso por parte de la Sareb. El conocido como ‘banco malo’ que se encargó de gestionar y vender viviendas durante los años posteriores a la crisis. Muchas de estas viviendas adquiridas por los bancos por el impago y desahucio de sus propietarios.

«Eso es lo que tenemos que tratar de evitar», ha dicho el ministro de Transportes, que ha señalado que desde el Gobierno buscan sacar una ley «desde el punto de vista del rigor constitucional». «La vivienda afecta a la propiedad privada y hay límites que no queremos sobrepasar», ha aclarado.

En todo caso, ha asegurado que la nueva Ley de Vivienda se encuentra aún en «trabajos previos» dentro de su propio departamento. Un trabajo que antes debe pasar por las manos de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y negociarse con las formaciones que integran el Gobierno de coalición, según el ministro de Transporte.

Debate aplazado hasta el 14F

Aunque el ministro Ábalos ha afirmado que la nueva norma podría ser remitida al Congreso antes de finalizar febrero, las negociaciones se han paralizado por las elecciones catalanas que están en marcha, según apuntan desde Unidos Podemos.

Esta demora en la elaboración y presentación de la Ley de la Vivienda ha sido criticada por la formación de Pablo Iglesias. También reprochan al Ministerio de Transportes que se haya negado a compartir el borrador completo del texto legislativo hasta después de los comicios.

Desde Unidas Podemos han reconocido «discrepancias sustanciales» con los socialistas en lo relativo a la Ley de Vivienda y reprochan a su socio que continúen «negando o ignorando» la gran mayoría de las propuestas que la formación ha planteado a través de la secretaria de Estado de Agenda 2030 dirigida por Ione Belarra.

El martes pasado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rechazó que la prohibición de desahucios a población vulnerable recogida para el estado de alarma se incluya en la nueva Ley de vivienda, frente a lo que demanda Podemos, dado que es una medida de carácter temporal.

RTVE

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