España propone reformar el Código Penal, pero ¿qué pasa con la polémica ley mordaza?

La ley mordaza está formada en realidad por un trío de normas jurídicas: la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la ley antiyihadista. Estas tres normas entraron en vigor el 1 de julio de 2015 y desde su promulgación no han estado exentas de polémica.

Por Esther Yáñez Illescas*

Nueva división y polémica entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, en esta ocasión por la reforma del Código Penal para modificar o derogar delitos relacionados con la libertad de expresión. En una nueva carrera entre socios de coalición por ver quién toma la delantera a la hora de atribuirse decisiones, la Moncloa anunció la noche del lunes 8 de febrero de manera sorpresiva que tenía intención de preparar una reforma del Código Penal. Los cambios prevén que los delitos relacionados con la libertad de expresión no impliquen penas de cárcel.

No es coincidencia este anuncio apresurado, puesto que, al día siguiente, Unidas Podemos terminaba la redacción de su «ley de protección de la libertad de expresión» y presentaba su reforma completa en el Congreso. En ella, el partido de izquierdas va un paso más allá y es más claro que su socio de gobierno. Unidas Podemos plantea directamente la derogación de delitos como injurias a la Corona, el delito contra los sentimientos religiosos y el de injurias a las instituciones del Estado o enaltecimiento del terrorismo. El Ministerio de Justicia, por su parte, encabezado por el socialista Juan Carlos Campo, no aclara cómo modificaría estos delitos y ni mucho menos habla de derogación completa.

Este rifirrafe entre los partidos de la coalición llega cuando se ha hecho viral y tremendamente mediático el caso del rapero Pablo Hasél. El cantante ha sido condenado a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona (en su cuenta de Twitter escribió en 2016, por ejemplo, «Los amigos del reino español bombardeando hospitales, mientras Juan Carlos —en referencia al Rey Emérito— se va de putas con ellos») y tiene de plazo hasta el viernes 12 de febrero para entrar en la cárcel de manera voluntaria. 

La última modificación del Código Penal por el que se imputa a personajes como el rapero catalán, entró en vigor el 1 de julio de 2015, una fecha que no es casualidad, porque coincide con la también puesta en marcha de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza. La reforma del Código Penal del 2015 supuso el cambio más profundo en dicho Código desde su aprobación en 1995. Con ella se modificaron 252 artículos y se suprimieron 32. Esta reforma, supuso en la práctica «otra ley mordaza» para organizaciones de abogados, juristas y jueces como No Somos Delito que recuerda su «impacto preocupante en el derecho de libertad de expresión» porque «desde entonces personas usuarias de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesadas en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el «enaltecimiento del terrorismo» y la «humillación de las víctimas de los delitos terroristas».

A su juicio, y según un comunicado de denuncia que expusieron en su página web el día del quinto aniversario de la aprobación tanto de la Reforma del Código Penal como de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (el 1 de julio de 2015) y que firmaron más de 200 organizaciones defensoras de derechos y libertades fundamentales, «la imprecisa redacción de este tipo de delitos también restringen la libertad de expresión».

Para la abogada Mónica Hidalgo, de la plataforma No Somos Delito, la entrada en vigor simultánea tanto de la ley mordaza como de la reforma del Código Penal no es una coincidencia, como tampoco lo es la fecha y el contexto en el que se produjo dicha entrada en vigor. Para Hidalgo, y según explica en entrevista con Sputnik, «tienen una explicación desde la vulneración de derechos fundamentales como el de reunión y manifestación».

​»Estas leyes nacieron al calor del 15M y quisieron evitar que se hiciese el libre ejercicio de estos derechos. Hay artículos dentro de la ley mordaza que están hechos para colectivos específicos. Por ejemplo, el de no ocupar una entidad bancaria, aunque sea por un breve espacio de tiempo, cuando eso es lo que hacía la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), o el de desplegar carteles desde edificios públicos, que era el modo de protesta de Greenpeace en aquel momento. Otro ejemplo claro es el artículo que prohíbe la reunión en plazas o espacios públicos de más de 20 personas, cuando vivíamos una época donde en todos los barrios se celebraban asambleas vecinales», explica la abogada.

Y añade que estas leyes polémicas «estaban pensadas para criminalizar la protesta en unos años donde la concienciación social había despertado en la ciudadanía».

Pero, ¿qué es y en qué consiste exactamente la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana del 2015 más conocida como ley mordaza? En Sputnik hemos preparado unas preguntas y respuestas deconceptos básicos para conocer al detalle los artículos de esta ley y sus implicaciones en la ciudadanía, así como su relación con los delitos reflejados en el Código Penal. Durante el estado de alarma, esta ley se ha utilizado de manera sistemática por las fuerzas de seguridad del Estado para la imposición de sanciones, multas y faltas de carácter administrativo sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales, tal y como denuncian numerosas asociaciones de abogados o expertas en derechos civiles.

Un dato: solo durante los primeros 75 días del estado de alarma, el Ministerio de Interior impuso más de 1,1 millones de multas, un 42% más que durante los tres primeros años y medio de la puesta en marcha de la norma.

¿Qué es la Ley mordaza?

La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida más popularmente como «ley mordaza» está formada en realidad por un trío de normas jurídicas: la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la ley antiyihadista. Estas tres normas entraron en vigor el 1 de julio de 2015.

¿Cuáles son los aspectos más significativos de esta Ley?

En la ley mordaza se incluye un listado de conductas que se clasifican en infracciones administrativas consideradas o bien muy graves, o bien graves o leves.

Las consideradas muy graves:

  • Llevar a cabo una manifestación no comunicada en edificios o instalaciones que presten servicios básicos para la comunidad cuando se genere un riesgo para la vida o integridad física de las personas.

Las consideradas graves:

  •  Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, ya sean religiosos, deportivos, culturales u otros donde asistan numerosas personas.
  •  Manifestarse frente a las sedes del Congreso o el Senado cuando ello perturbe gravemente la seguridad ciudadana.
  •  Obstaculizar una vía pública con objetos como contenedores, neumáticos u otros, cuando se cause una alteración grave de la seguridad ciudadana.
  • Perturbar una manifestación lícita.
  • La tenencia o consumo de drogas en lugares públicos como la calle, aunque no estuvieran destinadas al tráfico sino solo al consumo propio.  
  • El uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan poner en peligro su seguridad personal o familiar, o pueda poner en riesgo el éxito de una operación.

Las consideradas como infracciones leves:

  • Faltar al respeto a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de su función.
  • La proyección de haces de luz sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar sus funciones.

Cualquiera de estas infracciones conlleva una sanción económica.

¿De cuánto dinero son las multas por la ley mordaza?

Las infracciones consideradas como muy graves se sancionarán con una multa de 30.001 a 600.000 euros.

Las infracciones consideradas como graves se sancionarán con una multa de 601 a 30.000 euros.

Las infracciones consideradas como leves se sancionarán con una multa de 100 a 600 euros.

«El ciudadano queda desamparado y su palabra no vale nada ante la presunción de veracidad de los cuerpos de seguridad del Estado y los privilegios que se les otorgan», señala la abogada Mónica Hidalgo. «Ante la nueva lógica de la ley Mordaza, sólo ellos tienen la verdad y la administración se convierte así en juez y parte. Por lo tanto, las garantías judiciales del ciudadano común quedan muy limitadas».

Para Laura Medina, abogada del colectivo Iridia (en catalán Centro para la Defensa de los Derechos Humanos), se trata de «una ley con conceptos jurídicos indeterminados y muy amplios», explica en entrevista con esta agencia. «Esta ley considera, por ejemplo, a organizadores de manifestaciones a aquellas personas que compartan eventos a través de sus redes sociales. Se generalizan y amplían conceptos con la excusa de la seguridad ciudadana y bajo el amparo de estas imprecisiones aparece la arbitrariedad policial», sostiene.

«La palabra de los agentes es prueba suficiente para sancionar a un ciudadano y por lo tanto el margen para defenderse es mínimo».

Medina señala además nuevas infracciones muy polémicas incluidas en la ley mordaza como la del uso no autorizado de imágenes de los agentes.

«En el fondo», explica, «bajo la excusa de la seguridad de los policías se reprime la actuación periodística, el derecho a la información y se utiliza el miedo para que la gente deje de grabar los abusos policiales en las manifestaciones o en la calle contra el ciudadano común».

Para la abogada de Iridia la ley es «un escándalo» porque «la policía disfruta de total impunidad. Son ellos los que en el momento hacen la valoración del proceso administrativo y ponen la denuncia. Pueden añadir faltas de respeto o lo que ellos consideran una falta de respeto y ponen multas elevadas bajo el amparo de la Ley mordaza para amedrentar a la gente. Las multas pueden ser muy elevadas. Nosotros lo llamamos «burorrepresión».

Laura Medina recuerda en este punto el caso famoso de mayo de 2016 de la joven que fue denunciada por la policía porque llevaba un bolso con las siglas A.C.A.B y el lema «all cats are beautiful» con una foto de un gato. Los agentes interpretaron que el acrónimo hacía referencia al insulto contra las fuerzas de seguridad «all cops are bastards», un habitual insulto a la policía proveniente de los grupos ultras de izquierda.

La abogada también hace mención a los «cacheos» o registros corporales externos, y es que la Ley mordaza ampara a la Policía para cachear a una persona «cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de objetos relevantes para las funciones de indagación y prevención que tienen que cumplir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». La norma permite que se dejen al descubierto, incluso, partes del cuerpo cubiertas por la ropa y que el registro se haga incluso por la fuerza si los agentes lo consideran necesario.

¿Por qué el Gobierno de coalición no ha derogado todavía la ley mordaza?

La derogación de la ley mordaza es una de las promesas históricas del PSOE y Unidas Podemos cuando eran oposición, así como de otros partidos minoritarios en el Congreso. Fue recurrida en el Tribunal Constitucional por toda la oposición nada más ser aprobada en 2015. Dos años después, en 2017, el Congreso admitió a trámite dos proposiciones de ley para derogarla, una presentada por el PSOE y otra por el PNV (Partido Nacionalista Vasco). 

Tras meses de continuas ampliaciones de los plazos de las enmiendas a las propuestas, la iniciativa quedó completamente paralizada tras la decisión de Pedro Sánchez para convocar elecciones generales el 28 de abril de 2019.

La última vez que se presentó una proposición de ley para su derogación fue en septiembre de 2020 y otra vez llegó de la mano del PNV. En aquel momento, la iniciativa fue admitida a trámite con el voto de toda la izquierda, Ciudadanos y los partidos nacionalistas. El PP y VOX la rechazaron, pero con 203 votos a favor y seis abstenciones el Congreso inició la tercera intentona para derogar la polémica normativa. Sin embargo, no ha habido noticias ni cambios en su evolución hasta la fecha.

La Ley mordaza y la pandemia: ¿se ha abusado de ella durante el estado de alarma?

En mitad de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y desde que el Gobierno decretase el estado de alarma en marzo de 2020, se impusieron en apenas dos meses y medio un total de 1.089.917 multas bajo el amparo de la Ley mordaza y más de 9.000 detenciones, algo que han denunciado las organizaciones sociales porque consideran que, en muchas ocasiones, las fuerzas de seguridad del Estado han interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente (y siempre bajo su único criterio policial) habrían desobedecido el estado de alarma. Denuncian colectivos sociales como Defender a Quien Defiende en uno de sus más recientes informes (agosto de 2020), que en la mayoría de los casos, los agentes no tuvieron en cuenta los criterios de necesidad o proporcionalidad de los individuos a la hora de imponer la multa.

«Incluso el Defensor del Pueblo español», señalan en dicho informe, «en una comunicación de fecha de 17 de abril de 2020, refiere que, ante las importantes cifras de detenciones y sanciones, ha solicitado al Ministerio del Interior información sobre los expedientes sancionadores incoados por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, así como las sanciones impuestas por agentes de ambos cuerpos y las instrucciones dictadas para unificar criterios sobre el tratamiento de expedientes sancionadores».

*Sputnik

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