Ministerio de Trabajo y agentes sociales en España coinciden en que los ‘riders’ sean asalariados

El Ministerio de Trabajo se ha reunido con los agentes sociales para ultimar los detalles de la conocida como ley de riders.

Las asociaciones de repartidores han sido excluidas de la negociación y reclaman que se les considere como autónomos.

Gobierno, patronal y sindicatos han coincidido en que los repartidores de plataformas digitales, denominados riders, deben ser considerados «asalariados» pese a que sus asociaciones reclaman ser autónomos. Los agentes sociales seguirán analizando propuestas para intentar consensuar una regulación.

La mesa ha concluido con «todas las partes de acuerdo en que hay que laboralizar a los riders«, algo que las asociaciones Asociación Autónoma de Riders, AAR, la Asociación Profesional de Riders Autónomos, APRA, y Asociación Española de Riders Mensajeros, AsoRiders, rechazan de plano y con una nueva propuesta de la patronal CEOE en este sentido.

El Gobierno, según fuentes del diálogo social, aportará ahora un documento de síntesis con las distintas propuestas de las partes en aras de cerrar una regulación que deje clara su condición de asalariados. Aunque la mesa no se va a volver a reunir, las tres partes continuarán trabajando en aspectos técnicos para intentar sacar con acuerdo un texto para la ley.

Las negociaciones para abordar este asunto comenzaron hace más de medio año y se han ido dilatando ante diversos escollos, como su ámbito de aplicación, que se limitó desde una postura inicial más amplia, o la eventual creación de un registro. La oposición de la CEOE a esta ley ha llevado a los sindicatos a pedir al Gobierno que legisle aunque no haya un acuerdo, algo que CCOO y UGT ven probable.

Carta abierta de los riders

Los grandes ausentes de la reunión son varias asociaciones de repartidores que han pedido a Trabajo estar presentes sin que su demanda haya sido atendida. Esta reunión se celebra después de que durante la semana pasada los riders se hayan manifestado en distintas ciudades de España en contra del último borrador. Este miércoles en una carta abierta firmada por las tres asociaciones más representativas (AAR, APRA y AsoRiders)  reclaman sentarse a la mesa para negociar.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a RTVE que «la mesa de diálogo social está constituida por ley y que no pueden entrar otras organizaciones o sindicatos», pero el Ministerio se ha reunido con algunas asociaciones de riders y con las empresas de plataformas (Glovo, Amazon, Uber, Just Eat…).

Los repartidores explican en su carta que quieren terminar con «esta absurda situación en la que un Gobierno paternalista que no mira por nuestros intereses, unos sindicatos que no nos representan y una patronal que no parece tener mucho interés en nosotros se creen con derecho a elegir nuestro futuro».

En la misiva argumentan que el Gobierno les pinta como trabajadores precarios, pero la situación es peor para un trabajador de una flota «con un contrato de 15 horas por 400 euros y que tiene que estar disponible para trabajar los siete días de la semana a cualquier hora, además de poner la moto y el móvil».

Un modelo de intermediarios

Sostienen que la alternativa que propone el Ministerio de Trabajo es «un modelo de intermediarios, llámense flotas o empresas de trabajo temporal, en el que los repartidores, no solo tendríamos unas condiciones de trabajo mucho peores, sino que no ganaríamos ni la mitad de lo que ganamos hoy, además de perder toda capacidad de decidir cuándo y cuánto trabajamos».

En su opinión, la ley rider les aboca a la precariedad, cuando no al paro, añaden que «no hace falta ser economista para saber que sin autónomos todas las ciudades pequeñas en España se quedarán sin delivery. Que sin autónomos las plataformas dejarán de invertir en España y que los restaurantes perderán millones de euros».

Terminan la carta pidiendo a la ministra Yolanda Díez que les llame porque «aún están a tiempo» y mantienen que existen «muchas alternativas a la laboralización forzosa. Alternativas como la francesa o la italiana, donde se han negociado acuerdos sectoriales que han mejorado nuestras condiciones sin condenar a miles de restaurantes al cierre y a miles de nosotros a la precariedad o el paro».

Figura del autónomo digital

No es la primera vez que se dirigen al Gobierno, el viernes pasado remitieron una carta a los ministerios de Trabajo, Economía e Industria para crear la figura del autónomo digital, aceptando de este modo la realidad de «una cada vez mayor presencia de esta nueva oportunidad de empleo y adaptando la regulación al futuro».

También propusieron asimilar a los trabajadores digitales al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la futura creación de un sistema de cotización por ingresos reales, sin excluir que «aquellos que realmente trabajan como asalariados sean regulados como laborales»,.

Plantearon además que se reconozca el derecho de asociación de los trabajadores digitales autónomos y su representación en la mesa de diálogo social mediante mecanismos de elección democrática de sus representantes, en línea con las últimas propuestas presentadas por la Comisión Europea.

El Gobierno les considera asalariados

A pesar de estas reclamaciones, el Gobierno considera que estos trabajadores deben ser asalariados, como así lo han determinado diversas sentencias al respecto que los considera «falsos autónomos». Por ello, en el último texto que presentó el Ejecutivo a los agentes sociales sigue presente que se establezca una «condición de laboralidad», conforme se plasmaba en la sentencia del Tribunal Supremo.

La norma establece los criterios que deben cumplir las plataformas digitales para ajustarse al marco laboral español y se propone una modificación del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para dar derecho de información a los representantes sindicales en las implicaciones laborales que tienen los algoritmos con los que se organizan los turnos.

También se mantiene el observatorio tripartito de las plataformas digitales. Esta medida, propuesta por las organizaciones sindicales, será un órgano de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo, en el que estarán representados sindicatos y empresarios.

Este observatorio será informado mensualmente de los datos obtenidos del registro de plataformas digitales, y seguirá su evolución, «constituyéndose en el órgano de interlocución permanente» entre el Estado y los agentes sociales. La composición, la forma de designación de sus miembros y su régimen de funcionamiento se establecerá mediante una orden ministerial.

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este miércoles que la voluntad de los empresarios es llegar a un acuerdo y cree que las negociaciones van avanzando, aunque «todavía queda camino por recorrer», sin dar más detalles.

RTVE

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