Ministerio Público hondureño reconoce como homicidio muerte de estudiante arrestada

El portavoz del Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras, Yuri Mora, confirmó que la muerte de la universitaria Keyla Patricia Martínez, ocurrida el 7 de febrero en condiciones de arresto policial se trata de un caso de homicidio, según los estudios de medicina forense, reseña este miércoles el diario local La Prensa.

«El Ministerio Público está en la capacidad de informar que la autopsia reflejó que la muerte de esta joven fue por asfixia mecánica; de acuerdo con medicina legal lo que demuestra es que fue un homicidio, sin embargo, todavía hacen falta resultados anexos que agregar a esta autopsia», dijo Mora al comparecer ante los medios.

Por tal razón, la Fiscalía solicitó que los agentes policiales que estaban asignados a la Unidad Departamental de Policía No. 10, de La Esperanza, en el occidental departamento de Intibucá, sean puestos a la orden de los fiscales que investigan la muerte de la joven de 26 años.

Entre los resultados pendientes para anexar al informe acusatorio están los análisis realizados a las muestras del hisopado vaginal practicado a la víctima, los cuales serán comparados con muestras (de semen) que puedan ser obtenidas de los policías participantes en su detención, en busca de confirmar o descartar si hubo abuso sexual, agregó el portavoz.

Martínez fue detenida por violar el toque de queda a las 23:00 horas (05:00 GMT) del 6 de febrero y unas tres horas más tarde agentes de la citada estación policial refirieron que la encontraron atada del cuello a la puerta de la celda, para lo cual había usado la blusa, pero con síntomas vitales.

Médicos del hospital Enrique Aguilar Cerrato aseguraron que Martínez llegó sin vida a la instalación sanitaria.

«Está claro lo que sucedió, es una muerte violenta bajo custodia. Por todo lo que se ha especulado sabíamos que podía ser un homicidio, el hecho de la presión popular, de que la sociedad entera se conmocionara y que organizaciones de los derechos humanos estuvieran detrás, obliga a que el Ministerio Público resolviera el caso en menos de 48 horas», dijo la médico forense Julissa Villanueva.

«Esos hallazgos se iban a encontrar fácilmente en un contra peritaje, si todos los días el pueblo hondureño presionara de esta manera también sabríamos qué sucedió con el 94 por ciento de otros casos de feminicidios que quedaron en impunidad», recalcó la experta.

La socióloga Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, abogó públicamente por una depuración permanente y constante del cuerpo policial.

Recordó el trabajo hecho por la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, que desde 2016 canceló definitivamente a más de 6.000 agentes y oficiales de la institución.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció el 8 de febrero que el feminicidio de la joven Martínez constituye un crimen de Estado, por haber ocurrido en una celda de la Policía Nacional.

A través de un comunicado, ese movimiento social recordó que a menos de un mes del quinto aniversario del asesinato de la líder ambientalista indígena Berta Cáceres se repite un feminicidio a manos del estado hondureño en la propia ciudad de la Esperanza.

Sputnik

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