Un militar y tres ex ministros acusados por masacre de 2019 en Bolivia

Un militar retirado de Bolivia y tres exministros fueron imputados como principales responsables de una de las masacres de manifestantes ocurridas en noviembre de 2019, en el inicio del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, informaron este miércoles medios locales.

«Hemos podido identificar a un autor, el cual responde al nombre de Luis Fernando Valverde Ferrufino (…), dispuso ponerse de nuevo su grado de general y eso llama la atención ya que solo estaba como director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)» dijo el fiscal de La Paz, Marco Cossío.

Señaló, en su declaración citada por los diarios Página Siete y La Razón, que la fiscalía ha resuelto acusar también a tres exministros de Áñez por la muerte de una decena de manifestantes reprimidos por militares y policías en inmediaciones de un depósito de combustibles en la zona de Senkata, ciudad de El Alto.

Ésta era la primera vez que se identificó al militar que habría dado la orden de abrir fuego contra los manifestantes que protestaban en inmediaciones de un depósito de combustibles de Senkata, ciudad de El Alto, en medio de los disturbios que siguieron al golpe contra el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

JUICIOS PARALELOS

En Senkata, Sacaba (Cochabamba, centro) y Pedregal (La Paz), murieron al menos 27 personas por la represión ordenada por Áñez (2019-2020), quien se autoproclamó presidenta transitoria el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia forzada de Evo Morales.

El fiscal Cossío no confirmó si la imputación tenía relación directa con una resolución parlamentaria que recomendó un juicio de responsabilidades contra Áñez, por haber firmado un decreto que liberó a los militares de responsabilidades penales, y juicios ordinarios contra exministros y jefes militares también responsables de las masacres.

Los tres exministros identificados por Cossío son los de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López, y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quienes huyeron de Bolivia a principios de noviembre de 2020, al concluir la gestión transitoria de Áñez.

El fiscal tampoco respondió consultas sobre si estaba trabajando en una acusación formal contra la exgobernante, que solo podría ser juzgada por el Tribunal Supremo de Justicia previa autorización del parlamento.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió al diario La Razón que había riesgo de que la expresidenta Áñez quede fuera de un proceso.

«No podemos quedarnos solamente con un proceso judicial contra un general (Valverde), ¿uno solo? Participaron más. No podemos quedarnos con una imputación contra López y Murillo porque hubo una presidenta que les ordenó. Esa presidenta, transitoria o no transitoria, constitucional o no constitucional, firma el decreto donde se señala las intervenciones policiales y militares con una suerte de manto de impunidad para los militares», dijo Cruz.

Sobre la responsabilidad del militar retirado Valverde, el fiscal dijo que había testimonios de testigos y partes castrenses que lo responsabilizan por la masacre de manifestantes, dando órdenes militares que no le competían.

Valverde ni siquiera tenía atribuciones para dirigir la operación de traslado de combustibles que desató la protesta de vecinos, porque la ANH es una entidad reguladora y no ejecutora de acciones de mercado, dijeron fuentes económicas a medios locales.

La abogada defensora del militar retirado, Falip Mariño, anunció que demandará la anulación de la acusación, arguyendo que Valverde «no era general de Ejército el 19 de noviembre (de 2019), sino civil».

Otro general jubilado, Alfredo Cuéllar, está acusado en un proceso separado por las muertes de Sacaba, ocurridas cuando él era el jefe de la guarnición militar de Cochabamba.

Sputnik

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