Las transnacionales rapaces: por qué la minería no puede ser de interés público en México

Aunque las comunidades locales rechacen que su territorio sea explotado por una subsidiaria de la empresa canadiense Almaden Minerals y la autoridad ambiental mexicana haya negado su permiso, la empresa insiste en abrir un tajo en la Sierra Norte de Puebla.

Por Eliana Gilet*

En diciembre de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y recursos naturales de México (Semarnat) comunicó a la Minera Gorrión, subsidiaria de la empresa canadiense Almaden Minerals, que rechaza el proyecto de la minera canadiense para extraer oro y plata del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.

Entonces, la minera evaluaba sus opciones «para hacer avanzar este proyecto» pero a comienzos de febrero de 2021, anunció públicamente que volverá a presentar la solicitud a la Secretaría Ambiental buscando obtener el permiso para  explotar el mineral, tras más de una década de exploración del terreno.

En cambio, los pobladores organizados en torno a la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la tierra, el agua y la vida Atcolhua, así como un conjunto de organizaciones civiles que han brindado apoyo legal a los comunitarios, han señalado que su voluntad es que la mina abandone su pretensión de explotar la zona, dado que no cuenta con la aprobación de los residentes.

En la Sierra Norte de Puebla, se plantea una disyuntiva clara para México entre la voluntad de las trasnacionales que buscan profundizar el proceso de extracción mineral, contra el rechazo que tiene la gente, que ha probado con un minucioso análisis cómo la mina va a dejar a una centena de comunidades indígenas y campesinas sin agua, dañando su ecosistema y sus posibilidades de sobrevivir sin migrar de allí.

En diálogo con Sputnik, los pobladores señalaron por qué la minería no puede seguir siendo considerada una actividad «de utilidad pública» en México, cuando únicamente responde a los intereses privados del capital.

El rechazo manifiesto

Según el documento de rechazo que luego fue hecho público por la Semarnat, Minera Gorrión no presentó información y argumentos suficientes de que podrá evitar dañar irremediablemente al ecosistema circundante, al abrir en los cerros un tajo a cielo abierto de más de mil metros de diámetro, el cual no tendrá forma de ser «mitigado», una vez que acabe la explotación mineral.

«Esto fue algo que señalamos desde el principio, cuando junto a un grupo de técnicos, biólogos e hidrólogos estudiamos el Manifiesto de impacto ambiental que elaboró la empresa y planteamos a Semarnat que el proyecto de mina es inviable», señaló a Sputnik Alejandro Marreros, uno de los vecinos organizados.

El argumento central de la gente fue que en cinco años, la explotación minera acabará con el agua subterránea que hoy abastece a una centena de comunidades indígenas y campesinas, dado que su explotación se proyecta para ser realizada en la cabecera del río Apulco, que recorre más de 200 kilómetros de los estados de Puebla y Veracruz, hasta desembocar en el Golfo de México, es decir, que la mina afectaría toda la cuenca del río.

«No hay razón para que se apruebe esta explotación y no sólo porque la mina hubiese calculado mal, sino que el ecosistema de la zona es súper frágil y de realizarse, tendría un impacto terrible en la vida de la población que hoy carece de agua suficiente. Aunque hagan modificaciones a su proyecto, el consumo de agua (de la mina) rebasa la capacidad disponible que se encuentra en la región», apuntó Marreros.

Sin embargo, el rechazo de la Manifestación de Impacto Ambiental no implica una cancelación del proyecto, ya que las licencias de explotación minera son otorgadas por otras instancias del Estado mexicano como la Secretaría de Economía, debido a que la Ley Minera reconoce a esta actividad como «prioritaria» y de «interés público» para el país.

«Argumentamos que la minería no es un actividad de interés público para el país, sino que refleja un interés privado. La extracción de mineral por parte de empresas privadas no puede ser de interés público cuando la población ha negado su consentimiento», apuntó la fuente.

Al consultársele por qué la Minera Gorrión ha comunicado que presentará una nueva solicitud de impacto ambiental para lograr la aprobación de la Semarnat, el integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la tierra, el agua y la vida Atcolhua, respondió a Sputnik:

«La postura de las comunidades es exigir que se cancele definitivamente este proyecto y las concesiones que se le han otorgado. Estamos alegando ante distintas instancias del Estado mexicano que estas concesiones violan los derechos colectivos de las comunidades y los derechos humanos de los pobladores».

Los comunitarios han buscado combatir por distintas vías legales a las concesiones mineras que sostienen la continuidad del proyecto extractivo, alegando las violaciones cometidas a sus derechos ante la Secretaría de Economía, el Sistema Geológico mexicano, las Cámaras de iputados y Senadores, así como la propia Presidencia de la República.

Este rechazo fue expresado por las comunidades del municipio mediante procesos de autoconsulta, con los que reclaman al Estado mexicano el respeto de la libre determinación de los pueblos que han expresado su negativa de manera explícita. Tomó forma en la reunión y presentación al Semarnat de 3500 firmas de los pobladores junto a 40 actas de asamblea que no dieron su consentimiento y se manifiestan en contra de una mina a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán.

«La empresa como un ente de poder va a utilizar todos los recursos que estén a su disposición para lograr su objetivo. Primero argumentó que no somos una zona indígena, un pueblo originario, pero lo que está de fondo es la negación de nuestra existencia de la manera más brutal, es decir, que la vida de la población no importa», concluyó.

*Sputnik

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