Menem

Los obreros de las fábricas argentinas, esas que, lado a lado de la General Paz, autopartistas, automotrices, textiles, químicas,  metalúrgicas, electrónicas y afines de la época; y toda la actividad económica y productiva del país, a lo largo y a lo ancho del país, allá en el norte seco y al otro lado de ese hondo río Negro hacia el sur -algo así decía Pony Micharvegas-,  todo ese trabajo argentino que debió hacer frente a la ola extranjerizante y estéril, a la desocupación masiva y a la catástrofe salarial de lo que quedaba en pie; los telefónicos a los que el propio gobierno de entonces les decía no que a los servicios públicos había que incorporar tecnología sino que su trabajo, el trabajo de los telefónicos, del agua, del gas, del petróleo … no servía para nada y era mejor que agarraran lo que se les ofrecía y pusieran un kiosko o un taxi, pues esa era la «mentalidad nacional» con que una caricatura patética emergida de Civilización y Barbarie se hacía cargo de los asuntos del país no por obra y gracia de un golpe de Estado sino por obra y gracia de la ofuscación de todos, incluso de la de los peronistas genuinos y hasta la del partido comunista que, por aquellos días deprimentes de estupor, decidía revocar 70 años de errores apelando a otro error más pero éste en compañía de «las mayorías», por lo cual todo era menos grave que lo de Braden o Videla … todo eso, los obreros y los pueblos estafados y  la soberanía nacional tachada de nostálgico desliz de alborotadores sin destino, todo eso es lo que constituye la dimensión política y la seña de identidad más específica  del hombre que acaba de fallecer   y que, aún hoy  -y allí  reside el nudo de nuestra tragedia como país y como continente-,  vive como cosmovisión y como ejemplo  y como argumento de los enemigos de una Argentina para todos.

Por Juan Chaneton*

*jchaneton022@gmail.com

Menem fue presidente cuando el modelo a mano para copiar era el de la España de Felipe González, es decir, un modelo famoso, entre otras razones, por el sicalíptico festival de privatizaciones que acometió ese político  tránsfuga del socialismo español en beneficio de bancos y corporaciones empresarias y mediáticas.  Y traía, ese proceso, a cuestas, su «caso Guerra», es decir, con Alfonso y Juan Guerra como hermanos gemelos en la práctica de la corrupción. Robaban los «guerra», robaban del erario, decían los diarios de la época y, ante la impotencia de lo irremediable, se lo tomaban con sorna y contaban un chiste, los diarios:

Dos amigos, Manolo y José, están en la playa, contemplando el mar.  Dice José: mira Manolo … un barco de guerra;  ¿de Juan o de Alfonso?, dice Manolo … A ese punto llegaba la convicción popular respecto de la gestión de ministros como Alfonso Guerra y su hermano Juan (que no era ministro).  Estos hombres fundaron aquella democracia. La democracia de La Moncloa era corrupta. Ahí está el rey, ¡so fresco!, como «emérita» prueba.

Y en todas las latitudes la corrupción ha sido aneja a todo genuino proceso de privatización y «eficientización» de aquello que el Estado  -siempre se dice así-  es incapaz de gestionar, así se decía entonces en España y así se comenzó a decir en la Argentina ya en épocas de la dupla Alfonsín-Sourrouille, y  fue ese el credo llevado al paroxismo de la obscenidad por el gobierno de Carlos Menem.

En aquellos años de desprecio por todo lo que fuera nacional, el periodismo digno y desopilante de entonces acuñaba  o se hacía eco de sintagmas precisos:  «José Luis «petroquímica» Manzano»;  «Eduardo «pan de azúcar» Menem»; «Eduardo «guardapolvo» Bauzá» … y así siguiendo,  se aludía a negociados, se metaforizaba sobre la corrupción en la Argentina, todo un clima de época, en verdad.

Hasta tal punto que, hoy, un hombre intachablemente vinculado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Hugo Alconada Mon, expone sus investigaciones colectivas en torno a la operatoria por la cual el ministro del Interior de Menem, el señor Carlos Corach, decidió concederle la impresión de los documentos de identidad argentinos a la empresa alemana Siemens. Clima de época, la corrupción.  De aquella época en que Carlos Menem presidía la Argentina.

Las coimas y los  «guerras»   son inherentes a las privatizaciones, pues son fortunas las que están en juego. El funcionario a cargo (ministro o equivalente) autoriza la privatización y a cambio … vuelve a casa con la satisfacción del deber cumplido. Y se suele censurar al que recibe, no al que da. Esto ocurre porque el que da siempre es una gran empresa, de esas que integran lo que se llama el poder real o verdadero. Y contra éstas … no hay quién la talle. Y si fuera  una no tan grande y, ni qué decir tiene, una que tenga vínculos con el  «populismo» … ahí sí que se puede asistir al muy edificante espectáculo de que tal empresa se las vea en serio con la majestad de la justicia.

Ha muerto un hombre procesado al que nadie nunca acusó de corrupto con el fin de expulsarlo de la actividad política, sino uno al que se le imputaba (fue absuelto luego de 25 años de iniciada la causa) la autoría mediata del delito de contrabando de armas, hecho delicitivo que luego  insinuó conexidad con el estrago público con el  presumible fin de ocultar otro delito, en el caso, la venta de armas por parte del Estado argentino a uno de los países involucrados en una guerra fratricida siendo que el propio gobierno argentino había sido designado como mediador en ese conflicto. ¡Un horror…! No hay ética que aguante ahí.

Ha muerto un hombre  que demostró saber muy bien qué es eso de la «continuidad jurídica del Estado». En las cuestiones de Estado, obró como obra todo Estado burgués que se precie de tal: en línea con su antecesor, privatizó el patrimonio público e indultó a los que perpetraron un genocidio en los cuerpos, precisamente, de los que combatían a ese Estado.

Porque el clima de época también incluía la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado y la cobertura a  sus autores, cómplices y encubridores. Veamos.

No eran sólo los indultos a genocidas. Era toda una ideología de la impunidad. Era  tomar partido a favor de los genocidas. Pues contra el indulto y contra la negativa a suministrar información se pronunciaron familiares de desaparecidos, y lo hicieron en la causa que iniciaron contra el Estado nacional (Expte. 16.628/89, Juzgado de 1° instancia en lo contencioso administrativo N° 4, sec. N° 8). A esa demanda contestó el gobierno de entonces diciendo que la información requerida ya obraba en poder de los requirentes: era el «informe final» del 28/4/1983 (informe Bignone).

Esta bajeza ética era también una enormidad jurídica porque ese «informe» había sido ya invalidado por la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares (Alfonsín, 1984). Pero hay más. Mientras se sustanciaba el reclamo de los familiares, la ONU aprobó la «Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada». Y los que reclamaban saber qué había ocurrido con sus familiares pidieron  -patrocinados por los doctores Alberto Pedroncini y Boris Pasik-  que tal Declaración fuera incorporada  -como hecho nuevo-  al expediente. El gobierno de Menem se opuso. Es decir, le daba crédito al «informe» de un  genocida (Bignone) y no a los organismos de derechos humanos y al comité ad hoc de las Naciones Unidas. Eso no era una minucia. Era una ideología y un clima de época: la época menemista. De allí al Chiche Aráoz (imputado de vender muebles de desaparecidos y ministro de Acción Social de Menem) y a Luis Patti (amigo del «Tigre Acosta» y del general Verplaetsen) al frente del Mercado Central, hay sólo un paso y, más que un paso, una lógica precisa y de clase: para descargar el ajuste privatizador sobre los trabajadores hay que ponerse duro en la represión penal contra todo lo que aparezca como contestatario, disidente u opositor.

Además de ese periodismo de época que no se callaba la boca entre la corrupción menemista, hubo otros detractores de aquella fiesta antinacional, antipopular e insidiosamente dañosa para el interés nacional de la Argentina. Pino Solanas fue ametrallado en las piernas y zafó de milagro.  Corría mayo de 1991. Nadie supo quién ni de dónde, pero una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel dijo Borges que dijo la opinión pública porteña aquel amanecer luctuoso en Barranca Yaco, corría febrero de 1835. Menem lo tenía querellado por calumnias a Solanas, quien había denunciado, aquí y al mundo, que el nuevo presidente había ganado las elecciones con un programa sólo para, ni bien hubo asumido, ejecutar el de sus opositores.

También sobre las causas «Embajada» (1992) y «AMIA» (1994) sobrevoló, en su momento,  el baldón de la palabra empeñada hecha befa como causa de una maldición de  consecuencias dictada por una suerte de sharia que no perdona ciertas ofensas. Las consecuencias  -como las del contrabando, los sobresueldos, la entrega-, como las consecuencias nefastas de todo lo que hizo Menem, siempre las sufrió el pueblo argentino.

Con todo, en un país donde el kilo de cuadril estable por seis meses ya ubica en el podio de la santidad a cualquier batata que logre tal hazaña, no puede extrañar que ese hombre haya presidido dos veces la Argentina. Y si no lo hizo tres fue gracias a Raúl Alfonsín y su nunca bien ponderada reforma constitucional del ’94 que, con su NCB (Núcleo de Coincidencias Básicas), le abortó al riojano la permanencia sine die en la poltrona mayor.

El «uno a uno» de Cavallo paró la inflación y remachó a cal y canto la condición agraria y pastoril de la Argentina; pasado ominoso que nos alcanza o que, más bien, nos tiene agarrados de las patas, para decirlo en términos nac and pop.

Ambos datos, la inflación domeñada y la insanable irresponsabilidad de un hombre frívolo que hizo befa de los 30.000 desaparecidos y que tuvo el apoyo incondicional del establishment local en línea con el departamento de Estado, quedarán, a lo que parece, en la memoria de la historia.

Y si  los medios de difusión no fueran una función de la dominación neoliberal en la Argentina de hoy, se podría decir, desde la clase política, que no se rinde homenaje a nadie que le haya hecho daño al país. Destino de cadáver tendría el que a tal se atreviera. Le refregarían, en coro y a capela, que el «lugar institucional» que ocupa tal o cual hace bueno y digno de ejemplo a ese tal o cual, cualesquiera hayan sido las felonías que, a lo largo de su dilatada vida y en ejercicio de «la más alta magistratura del país», haya perpetrado ese tal por cual.

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