Castilla y León pide al Gobierno español mecanismos legales para gestionar la pandemia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió al Gobierno español mayores instrumentos legales para regular los contactos sociales en la lucha contra el Covid-19.

«Es necesaria una nueva normativa sanitaria ordinaria que permita tomar decisiones sin recurrir al Estado de Alarma», dijo horas después de que el Tribunal Supremo anulara el adelanto del toque de queda de las 10 a las 8 de la tarde, decretado por su Gobierno hace un mes.

El Alto tribunal consideró, tras un recurso del Gobierno central, que esta normativa vulneraba el decreto de estado de alarma del Gobierno central, que permite a los territorios establecer el inicio del toque de queda únicamente en el intervalo que va desde las diez a las doce de la noche.

Fernández Mañueco, del Partido Popular, también pidió una Conferencia de Presidentes, una especie de cumbre nacional entre presidentes autonómicos y Gobierno central, para tratar estos temas, ya que como recordó, la última de estas reuniones se celebró el 26 de octubre de 2020.

El presidente castellano-leonés dijo asumir la sentencia pero también añadió que «hemos tomado las decisiones convenientes y oportunas para proteger la vida de las personas de nuestra comunidad autónoma con los informes jurídicos y sanitarios convenientes», para defender su decisión.

En este sentido, son más las regiones que pidieron también mecanismos legales para poder adelantar el horario de toque de queda al Gobierno central sin éxito.

En una de ellas, el País Vasco, su lehendakari (presidente), Íñigo Urkullu, adelantó que su Gobierno prepara una ley vasca antipandemia, para que los tribunales no reviertan en más ocasiones sus decisiones.

Dijo Urkullu que el Gobierno vasco «ha agotado todas las herramientas jurídicas disponibles para la toma de decisiones» y justificó la ley con que «para actuar siempre con todas las garantías jurídicas son necesarias nuevas herramientas».

La semana pasada, un juez del Tribunal Superior vasco decretó la reapertura de la hostelería en todos los municipios con incidencia de covid-19 superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, algo que había establecido su Gobierno antes del período navideño.

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