Casi 147.000 niños crecen sin papeles en España: la doble discriminación de los menores migrantes

Uno de cada cinco niñas y niños migrantes en España se encuentra en situación irregular.

El informe revela que la mitad tienen menos de 10 años y casi el 40% no ha cumplido los 5 años.

En España casi 147.000 niñas y niños migrantes se encuentran en situación irregular, es el dato que revela el informe ‘Crecer sin papeles en España’ elaborado por Save The Children, la ONG internacional de defensa los derechos de la infancia junto con la Fundación Por Causa.La mitad de estos tienen menos de 10 años y, casi el 40% no ha cumplido los cinco años. Se calcula que la tasa de irregularidad es del 20,4%, es decir, uno de cada cinco niños y niñas migrantes se encuentran indocumentados. Un dato que consideran «muy alarmante».

Sin papeles, los niños y niñas sufren una doble discriminación: primeropor ser extranjeros y después por todas las trabas administrativas que les dificultan estar en esa situación. Según esteestudio-el primero de estas características a nivel nacional y al que ha tenido acceso RTVE.es.- sufren enormes problemas por vivir esta realidad siendo tan pequeños y las consecuencias son tangibles: las familias se enfrentan a niveles más bajos de renta y mayor riesgo de pobreza y exclusión.

«Vemos que se da una vulneración de derechos directa, en el sentido de que se enfrentan a muchos obstáculos en su educación como por ejemplo, la obtención de un título una vez que han terminado de estudiar. Muchas veces no pueden acceder a la expedición del título oficial debido a esta irregularidad», explica a RTVE.es Jennfier Zuppiroli, una de las autoras del informe y, experta en infancia en movimiento en la organización Save The Chilldren.

«De mis papeles depende el futuro de mi hija»

Sady tiene 15 años. Su madre, Elsa, vino a España hace 11 años y actualmente trabaja cuidando a una persona mayor. «De mis papeles depende el futuro de mi hija», relata a RTVE.es. Ellas son de Paraguay, primero emigró la madre que tuvo que dejar a la niña con los abuelos porque no la pudo reagrupar hasta cinco años más tarde. «En cuanto arreglé mi residencia, fui a por ella, moví cielos y tierra hasta conseguir los papeles, pero vivimos siempre con incertidumbre», denuncia. Viven en Jaca.

La pequeña convive con el agobio permanente de los papeles. «Me recuerda una y otra vez que tenemos que renovar y me pide que investigue y averigüe que todo vaya bien», cuenta la madre de la pequeña. La adolescente ahora está estudiando, pero su futuro depende de si su madre mantiene el trabajo. «Al principio me decía, pero si he sacado buena nota, ¿por qué no puedo ir de excursión?», no podía entender el porqué de su irregularidad. Vuelve esa doble discriminación que les dificulta, algo tan elemental, como la posibilidad de poder viajar en una excusión.

«Un día, su colegio organizó un viaje a Francia, muy cerca de donde vivimos, pero Sady no pudo ir», argumenta su madre. Además añade, que «cuando Sady le contaba a sus amigos que tenía problemas de papeles, le decían que fuese a la librería para arreglarlos». Hizo quinto y sexto sin papeles. Ahora estará regular el tiempo que duren los papeles de su madre.

Elsa vive con la doble preocupación. Teme por el futuro de su hija. «Entiendo que es un país extranjero y que no es el mío, yo no pido que me regalen nada, de hecho nunca me han regalado nada, pero que lo pongan un poco más fácil», suplica la madre. «Si yo me quedo sin trabajo, esto puede afectar a mi hija que estudia. Me duele verla pasarlo mal. Siento constantemente una mezcla entre rabia e impotencia. Esta situación me duele. A ella la dejará marcada y, no se le olvida», se lamenta.

El impacto de la pandemia aumenta su vulnerabilidad 

«Quisimos elaborar este informe teniendo en cuenta la situación desfavorecida de la población migrante en su participación en el mercado laboral. Sabíamos que el impacto de la pandemia sobre el empleo y las condiciones laborales iban a tener una enorme incidencia en materia de la irregularidad sobrevenida, y quisimos conocer qué pasaría con todos estos niños y niñas», apunta Zuppiroli.

«La situación se agrava con la llegada de los hijos e hijas: la probabilidad de riesgo de pobreza para un hogar de características medias, con menores a cargo y con nacionalidad española es del 14%; si este mismo hogar es extracomunitario, la probabilidad sube al 48%», 

Las familias en situación irregular -excepto en Baleares, Comunidad Valenciana y Euskadi- han sido excluidas del Ingreso Mínimo Vital.

«El problema es que la vulnerabilidad de las familias de origen migrante será uno de los impactos que tenga la pandemia. En el informe estimamos que, cerca de unos 160.000 trabajadores y trabajadoras perderá su empleo y por eso prevemos un crecimiento del volumen de personas en situación irregular de un 42 %», argumenta Zuppiroli. Según estima el informe la cifra de personas en situación irregular podría aumentar y esto va a tener un impacto directo en la infancia cuya documentación depende de los progenitores. 

El estudio desglosa, por franja de edad la población infantil y adolescente migrante sin papeles: 55.327 tienen entre 0 y 4 años, 28.441 entre 5 y 9, 22.268 entre 10 y 14 y 40.738 entre 15 y 19 años.

El derecho a la salud de estos menores, limitado 

En muchas ocasiones lo más preocupante, según el informe, es que el derecho a la salud de estos menores «se ve limitado en la práctica cuando sus progenitores se encuentran en situación irregular», asegura la experta en infancia en movimiento. «Nos hemos encontrado con casos que se han visto obligados a interrumpir sus tratamientos porque ya no se le reconoce el acceso a la sanidad y se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad económica», denuncia. 

La investigación señala que, la disparidad de criterios de los sistemas sanitarios entre las comunidades autónomas, no siempre garantiza el acceso a la tarjeta sanitaria, «la protección frente a una factura médica que puede tener consecuencias financieras catastróficas o el seguimiento continuado de los pacientes menores de edad en situación administrativa irregular». 

Observan que en general, los menores pueden verse afectados por el doble de las vulneraciones que puede llegar a sufrir un adulto. Así que, sufren las consecuencias derivadas de la irregularidad de los adultos. 

Las diferencias entre la ley y su aplicación, también afectan al derecho de la infancia a la salud, donde las familias en situación irregular deben hacer frente a numerosas arbitrariedades y dificultades prácticas.

La mayoría de menores en situación irregular proceden de América Latina

La mayoría de menores son hijos de familias que proceden de América Latina. «Colombia encabeza la lista. Uno de cada seis niños y niñas sin papeles residente en España proviene de este país». Le siguen Honduras, Venezuela y Perú.

Según esta investigación, el progresivo aumento de la irregularidad en la infancia, a partir del año 2014, está en buena medida relacionado con el rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias procedentes de estos lugares.

Por otro lado, señala, que África es el origen del 43% de los niños y las niñas migrantes que viven en nuestro país, pero concentra solo el 13% de los que están en situación irregular.

Las comunidades autónomas más pobladas y con mayor presencia de personas migrantes son, lógicamente, las que concentran el mayor número de estos niños y niñas. Cataluña cuenta con más de 34.000; Comunidad de Madrid, más de 29.300; Comunidad Valenciana, casi 20.000; y Andalucía, 14.000.

Las ONG piden una regularización urgente de familias con hijos a cargo

La Fundación por Causa y Save the Children aseguran que una regularización dirigida, específicamente a los hogares de personas migrantes sin papeles, con hijos e hijas a cargo permitiría reducir sustancialmente su coste fiscal para la sociedad y eliminar buena parte de los obstáculos administrativos, económicos y educativos a la integración social.

A eso hay que añadir la situación de irregularidad derivada de los rechazos a las peticiones de protección internacional, y que el análisis de estas dos organizaciones ha estimado en unos 13.000 casos. «Las consecuencias de las denegaciones de asilo dificultan mucho más el acceso que tienen las niñas y los niños a sus derechos», señalan desde la ONG. 

“La regularización tendría un coste negativo y habría un impacto positivo, en caso de regularización de la infancia», reafirma Zuppiroli. Además, la naturalización de su situación administrativa permitiría abrir una vía de escape a la vulnerabilidad social que amenaza con condicionar la vida de toda una generación de ciudadanos y ciudadanos extranjeros. «Todos son argumentos que tienen que tener peso, pero en el caso de las niñas y los niños, el principio básico es su minoría de edad. Ninguno de estos pequeños tendrían que ser irregulares», concluye.

RTVE

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