Intimidación y abuso: lo que exige Pfizer a los Estados latinoamericanos para venderles su vacuna

La farmacéutica estadounidense Pfizer ha sido acusada de «intimidar» a los gobiernos latinoamericanos en las negociaciones para venderles la vacuna contra el Covid-19. La empresa pidió a algunos países que pongan activos soberanos, como edificios de embajadas y bases militares, como garantía para reembolsar los costos de cualquier futuro litigio.

Los altos requisitos al negociar las condiciones del suministro de vacunas provocaron meses de retraso en los acuerdos con algunos países. Argentina y Brasil, por su parte, no aceptaron las exigencias de Pfizer y decidieron rechazar la vacuna. El caso ha sido investigado y revelado por La Oficina de Periodismo de Investigación (The Bureau of Investigative Journalism, TBIJ) en conjunto con el medio peruano Ojo Público.

Los funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano, que no pueden ser identificados ya que firmaron un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, afirmaron que los negociadores de la compañía exigieron una serie de indemnizaciones contra reclamos civiles, tanto por efectos adversos de la vacuna, como por su propia negligencia.

Los activistas incluso ya están advirtiendo sobre un «apartheid de vacunas», ya que los ciudadanos de los países occidentales ricos son inoculados mucho antes que los de las regiones más pobres. Los expertos legales también han expresado que las demandas de Pfizer equivalen a un abuso de poder, destaca TBIJ.

Condiciones exageradas

Según Pfizer, cada gobierno debe pagarle una indemnización para cubrir cualquier costo de compensación que pueda surgir de los casos civiles presentados por los ciudadanos relacionados con efectos adversos graves después de una vacuna.

La compañía exige también una indemnización adicional cuando un Gobierno acuerda cubrir a la empresa los costos potenciales de los casos civiles iniciados como resultado de sus propios actos de negligencia, fraude o malicia, destaca la investigación. Por ejemplo, si la empresa interrumpe la cadena de frío de una vacuna y se estropea o entrega la vacuna incorrecta. Aquí se incluyen efectos adversos, acontecimientos médicos que ocurren como resultado de recibir una vacuna y pueden provocar lesiones, discapacidad o la muerte del paciente.

Generalmente, la mayoría de los gobiernos ofrecen indemnización a los fabricantes de vacunas. Esto significa que un ciudadano que sufre un efecto adverso después de ser vacunado puede presentar una demanda contra el fabricante y en caso de tener éxito, es el Gobierno quien pagaría la indemnización y no la empresa productora. En algunos países, las personas también pueden solicitar una compensación a través de estructuras específicas sin acudir a los tribunales. Es un caso bastante típico de las vacunas que se administran durante una pandemia, explican los expertos.

No obstante, la protección contra la responsabilidad no debe usarse como «la espada de Damocles colgando sobre las cabezas de países desesperados con una población desesperada», afirmó el profesor Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Derecho de Salud Nacional y Global.

Argentina no está de acuerdo

Los funcionarios del Gobierno de Argentina y del país anónimo que conversaron con TBIJ comentaron que las exigencias de la indemnización adicional de Pfizer iban más allá de las de otras farmacéuticas, y más allá de las de Covax, una organización creada para garantizar que los países de bajos ingresos puedan acceder a las vacunas.

«Se garantiza cierta protección de responsabilidad, pero ciertamente no por fraude, negligencia grave, mala administración o incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación», afirmó Gostin. «Las empresas no tienen derecho a pedir indemnización por estas cosas», agregó.

Durante las negociaciones con Pfizer el Gobierno de Argentina incluso tuvo que hacer correcciones en su legislación para poder legalizar las indemnizaciones a la empresa por posibles efectos adversos de la vacuna, pero al final rechazó indemnizarla por sus propios errores. El punto final en las conversaciones fue la solicitud de ofrecer activos soberanos, que podrían incluir reservas de bancos federales, edificios de embajadas o bases militares, como garantía.

Las mismas exigencias se hicieron al Ministerio de Salud de Brasil. También fueron rechazadas y calificadas como «abusivas». No obstante, el Gobierno brasileño sigue tratando de facilitar la llegada de vacunas a su país mediante cambios en la legislación.

«Pfizer se portó mal con Argentina. Su intolerancia con nosotros fue tremenda», dijo Ginés González García, exministro de Salud de Argentina.

Al final, Buenos Aires decidió optar por la vacuna rusa Sputnik V, la de AstraZeneca y las vacunas entregadas a través de Covax. El Gobierno también está negociando la adquisición de las vacunas de Moderna, Sinopharm y CanSino.

El mismo acceso para todos

Pfizer ha estado en conversaciones con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Los términos de esos acuerdos se desconocen.

Mientras tanto, la propia Pfizer aseguró que están «comprometidos a apoyar los esfuerzos destinados a brindar a los países en desarrollo el mismo acceso a las vacunas que el resto del mundo».

«A nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos a un precio sin fines de lucro, incluido un acuerdo de compra anticipada con Covax para proporcionar hasta 40 millones de dosis en 2021», agregaron los representantes de la compañía, citados por TBIJ.

Sputnik

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