Berta Cáceres, una bandera de lucha del pueblo hondureño plantada en La Esperanza

La ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada por sicarios al servicio una empresa hidroeléctrica hace justo cinco años, constituye una bandera de rebeldía y resistencia para su pueblo, que las balas homicidas sembraron en la ciudad de La Esperanza (occidente) el 2 de marzo de 2016.

Por Gonzalo Becerra*

Ese es el sentir que su hija mayor, la diputada al Congreso Nacional (parlamento) Olivia Zúñiga, expresó en diálogo con Sputnik.

«Las banderas de Berta Cáceres, sus luchas, resistencia y rebeldías que dejó sembradas significan esperanza de liberación para el pueblo hondureño», dijo la legisladora por el Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

«Ella es un símbolo de lucha para todos los sectores sociales y políticos que en Honduras enfrentan un sistema de impunidad, injusticia, discriminación, exclusión, y un legado de mucha conciencia ecológica», expuso la heredera de la ambientalista laureada en 2015 con el Premio Goldman (internacional) a los defensores de la naturaleza.

Zúñiga calificó de enorme el legado de su madre, destacó su continuidad en el camino de la historia nacional, y expresó su confianza de que va a continuar abonando las grandes luchas, las causas sociales, liberadoras y reivindicadoras del pueblo catracho.

CRIMININALIZACIÓN Y SICARIATO

Berta Cáceres, lideresa del pueblo indígena lenca, fue víctima de un acto de sicariato en su propia vivienda de la ciudad de La Esperanza (departamento occidental de Intibucá), la noche del 2 al 3 de marzo de 2016.

«Un asesinato emblemático en Honduras por el involucramiento de funcionarios públicos, militares, policías, ministros, diputados y todo un sistema judicial altamente corrupto», así lo aprecia Olivia Zúñiga quien junto a su hermana Bertha, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), no ha dejado de luchar por la justicia durante el último lustro.

«El poder empresarial en Honduras empleó, previo a su asesinato, toda su estructura y la institucionalidad pública para criminalizar a mi mamá», denunció la diputada en referencia a la compañía Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al cual Cáceres se enfrentó de manera frontal en los últimos años de su vida.

Aseguró que entes estatales, gubernamentales e institucionales contribuyen a la impunidad y mencionó la vinculación de ex militares con el crimen.

EXTENSA CADENA DE VIOLACIONES DE DERECHOS

«Aparte del asesinato de mi madre, Berta Cáceres, otras grandes violaciones a los derechos humanos en Honduras durante la presidencia de Juan Orlando Hernández (2014-2021) fue la matanza de más de 100 campesinos en el Bajo Aguán (norteño departamento de Colón)», expuso Zúñiga al poner en contexto el feminicidio de Cáceres.

Refirió además el asesinato en las vías públicas, a manos de la Policía Militar, de jóvenes, como Kimberly Dayana Fonseca de 19 años, muerta en medio de las protestas populares contra el fraude electoral en los comicios generales de noviembre de 2017.

A esa lista de violaciones «espantosas» de los derechos humanos agregó las que sucedieron durante las luchas sociales en defensa de la salud y la educación pública gratuita y de calidad y en contra de la privatización de esos sectores y el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional.

«El pueblo hondureño sufrió ataques de las fuerzas represivas del Estado dotadas con armas letales que dispararon balas vivas, propinaron golpizas, encarcelaron de manera extrajudicial, torturaron y desaparecieron a jóvenes manifestantes en las calles», agregó.

Recordó que otro hecho representativo de esa cadena de violaciones ocurrió dentro del edificio del Poder Legislativo, cuando diputadas de Libre, principal fuerza de oposición, fueron gaseadas y golpeadas, algo que ocurrió durante los dos últimos períodos de trabajo parlamentario.

Zúñiga denunció las violaciones sistemáticas contra los derechos humanos de las poblaciones indígenas, defensores del medio ambiente y líderes opositores, como la comisionada policial en condición de retiro y diputada María Luisa Borjas.

«También podemos mencionar la desaparición forzada de cuatro garífunas en la zona norte de Honduras, de quienes hasta hoy no tenemos información sobre su paradero».

El asesinato del líder lenca Félix Vázquez (26 de diciembre de 2020 en el suroccidental departamento de La Paz) y el encarcelamiento del opositor Rommel Valdemar Herrera, protagonista en esa mayo de ese año de una protesta ante la embajada de Estados Unidos, son otros episodios citados pro Zúñiga al argumentar las violaciones de los derechos humanos en el país catracho.

Por último la legisladora mencionó el caso de los defensores del Guapinol, criminalizados desde 2018 por la empresa minera Los Pinares por su defensa de ese río y el San Pedro, en el departamento de Colón.

VÍNCULOS DE JOH CON EL NARCOTRÁFICO

«Desde los sectores sociales y del partido Libre siempre hemos denunciado el vínculo con el narcotráfico del presidente Juan Orlando Hernández (JOH en el argot político catracho), se lo hemos dicho directamente, cara a cara (hace dos años por estas fechas me enfrenté a él), apuntó Olivia Zúñiga casi al final de la extensa plática con Sputnik.

«Nosotros como pueblo no estamos ajenos a lo que está pasando porque somos las principales víctimas de un narco-estado que se ha impuesto con la participación, el apoyo y el reconocimiento de las propias administraciones estadounidenses», agregó.

El pueblo hondureño siempre ha estado denunciando el vínculo de la familia Hernández Alvarado con el narcotráfico. Hemos vivido la violencia que se recrudeció cuando JOH toma el poder. Desde que él era presidente del Congreso fue parte de una estructura criminal que conspiró para que en Honduras se deterioraran las condiciones democráticas», denunció la joven parlamentaria.

Recordó que el actual presidente hondureño representa a la élite del tradicionalista Partido Nacional (derecha), que impuso su poder a través del uso de la fuerza, la conspiración y el apadrinamiento de la sectores, políticos, empresariales, militares y religiosos.

Olivia Zúñiga figura entre los más de 30 diputados que en la última semana firmaron la petición de renuncia del mandatario, señalado en reiteradas ocasiones como presunto implicado en actos de narcotráfico internacional por un tribunal de Nueva York que enjuicia al narcotraficante hondureño Geovanny Daniel Fuentes, apresado en Miami, Florida, en marzo de 2020.

«Por exigir la renuncia de JOH se nos ha criminalizado», advierte Zúñiga antes de expresar su confianza en que el Senado estadounidense apruebe la iniciativa de ley presentada el 23 de febrero por el congresista Jeff Merkley (demócrata por Oregón) y otros siete colegas, que busca sancionar a Hernández, a quien señalan como responsable de actos de narcotráfico y corrupción.

«Tras la iniciativa de ley estamos más cercanos a que se haga justicia y que un narcotraficante abandone la silla presidencial, sentimos más cercano ese día», apuntó.

«El hecho de JOH se vaya significaría la esperanza para que miles de hondureños que tienen un patria retornen a su país y tengan condiciones mínimamente dignas de para poder vivir con acceso a la salud, vivienda y no estar viviendo de migajas de un gobierno que ha sometido a la miseria a su pueblo», aventuró.

Al respecto, Zúñiga denunció la existencia de una maraña de poder que tiene ramificaciones en el Congreso Nacional, en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República.

*Sputnik

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