El Defensor del Pueblo advierte de que Canarias no puede convertirse en un «lugar de privación de derechos»

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este miércoles al Congreso un informe sobre la crisis migratoria de Canarias en el que advierte que el archipiélago «no puede convertirse en un lugar de privación de derechos», pide revisar «en profundidad» la información que se da a los migrantes sobre el asilo y «medidas de intervención urgentes» para una acogida «digna, coherente y eficaz». 

En el informe La migración en Canarias , elaborado tras su visita al archipiélago el pasado noviembre para conocer de primera mano las condiciones de la acogida a los migrantes cuando se produjo la llegada al muelle de Arguineguín de cientos de personas, Fernández Marugán advierte que «no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos tales como la libre circulación, con el argumento del control migratorio y de evitar el efecto llamada».

Fernández Marugán cita «las restricciones a la libre circulación» que sufren solicitantes de asilo e inmigrantes con orden de devolución pendiente de ejecutar que intentan desplazarse al resto de España desde las islas, pero a lo largo de su documento señala problemas e irregularidades en otros muchos ámbitos apunta a la «falta de instalaciones adecuadas» y la «inexistencia de protocolos ágiles de identificación ágiles y eficaces» como «dos las principales carencias identificadas».

El acceso al asilo, «uno de los mayores retos»

El Defensor del Pueblo ha recomendado revisar «en profundidad» la manera en la que se informa sobre el asilo a los migrantes que llegan a Canarias y puedan necesitar protección internacional, ya que «la demora en las citas para formalizar la solicitud de asilo compromete gravemente la credibilidad del sistema».

Francisco Fernández Marugán subraya que el acceso al procedimiento de asilo es «uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sistema español y europeo» y sostiene que hay que mejorar la coordinación para dar una «respuesta coherente» a los desafíos que plantea su gestión.

En 2020 se presentaron en toda España un total de 88.762 solicitudes de protección internacional, de los que 3.983 se formalizaron en Canarias, según el balance de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior. Unas cifras que contrastan con los 23.023 migrantes africanos que llegaron irregularmente a las costas del archipiélago: 4.126 procedentes de Mali, candidatos todos a recibir protección internacional por la recomendación de Naciones Unidas de no devolver a nadie a ese país, azotado por el terrorismo y años de guerra civil.

Otro enfoque migratorio adaptado a la realidad marroquí

El Defensor del Pueblo ha recomendado este miércoles al Gobierno «cambiar el enfoque» con el que afronta los flujos migratorios procedentes de Marruecos, para abordar de «una manera global» su regulación, de forma que se «adapte a la realidad social de la migración marroquí en España».

Fernández Marugán detalla que 11.998 de los 23.023 inmigrantes que llegaron en 2020 a las islas (el 52 %) tiene nacionalidad marroquí. Entre ellos, al menos 1.116 menores que en este momento tutela el Gobierno canario. Esa cifra supera, por ejemplo, a la suma de las otras dos nacionalidades más frecuentes entre quienes llegaron en cayuco a Canarias: los senegaleses, 4.539, y los malienses, 4.126.

Además, recuerda que en España residen legalmente en la actualidad más de 700.000 ciudadanos marroquíes y subraya que «no hay que olvidar que Marruecos es el tercer país del mundo donde más visados españoles se tramitan y se conceden».

Oficina de desaparecidos en la Ruta Canaria

El Defensor del Pueblo ha reclamado sistemas de identificación de los inmigrantes desaparecidos en la Ruta Canaria y la creación de una oficina de información y atención para los familiares que sirva además para mejorar las tareas de prevención y rescate y permita reducir el número de muertes.

Fueron 23.023 los que llegaron en 745 pateras el año pasado a Canarias, de acuerdo con el balance oficial del Ministerio del Interior, pero la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) calcula que al menos 600 perdieron la vida en el intento, una cifra que supone una estimación mínima ya que el número real de vidas perdidas puede ser mucho mayor.

En su informe, Fernández Marugán explica que se han recibido varias quejas por la dificultad a la que se enfrentan los familiares de quienes viajan rumbo a Canarias para obtener información sobre el estado y paradero de los supervivientes, de las actuaciones llevadas a cabo para su rescate e identificación o para denunciar la desaparición de sus allegados. Y lamenta que ninguna Administración asuma su responsabilidad a la hora de atender a las familias de los supervivientes y de las víctimas.

RTVE

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