El juez del caso Tándem deja en libertad a Villarejo

La Fiscalía y el propio Villarejo habían reclamado su puesta en libertad al no poder ser juzgado antes de noviembre.

El comisario Villarejo lleva en prisión preventiva desde noviembre de 2017, por lo que se cumple ya el plazo máximo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el caso Tándem, ha acordado este miércoles la puesta en libertad provisional para el excomisario José Villarejo, tal y como había pedido la Fiscalía Anticorrupción, por lo que en las próximas horas saldrá de la prisión de Estremera (Madrid) en la que permanece desde noviembre de 2017.

Al suspender la prisión provisional tras casi tres años y medio encarcelado, el magistrado le ha impuesto las medidas cautelares que pedía para él el fiscal: comparecencias en el juzgado, prohibición de salida de territorio nacional y retirada de pasaporte, «con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo», y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio, han informado fuentes jurídicas.

Señala también que se han asegurado las responsabilidades civiles posibles del investigado disminuyendo el riesgo de ocultación de activos, y con ello la posibilidad de que puedan acordarse medidas menos gravosas e igualmente efectivas para garantizar su presencia en el proceso, atenuando los indicadores de riesgo de fuga y reiteración delictiva que señalaba el fiscal.

Imposibilidad de juzgarle antes de noviembre

El magistrado ha adoptado esta decisión en un auto poco después de que lo pidiera la Fiscalía ante la imposibilidad de poder juzgarle antes de noviembre, cuando cumple el límite máximo de 4 años desde que se decretó su prisión preventiva el 3 de noviembre de 2017 tras su detención en la Operación Tándem.

Además, constata que el estado actual de las piezas que conforman la causa tampoco «permite su inmediata conclusión» ni su enjuiciamiento antes de noviembre.

Concluye así que el mantenimiento de la prisión preventiva «ya no resulta materialmente idónea para garantizar la sujeción del investigado al procedimiento», puesto que «pudiera convertirse en una pena anticipada y comprometer, en consecuencia, el derecho a la presunción de inocencia».

Sin embargo, advierte a Villarejo de que el incumplimiento de cualquiera de estas medidas puede llevar a valorar la modificación de su situación personal.

Pese a dejarle en libertad, también pondera una serie de circunstancias personales, familiares y sociales de Villarejo, que, junto a la «gravedad de los hechos» investigados, reflejan «la persistencia del riesgo de fuga» y de reiteración delictiva y la necesidad de adoptar esas nuevas medidas cautelares.

Entre ellas figura su integración, «como máximo responsable», en una organización criminal, a la que también pertenecería su «círculo familiar más próximo»; el control de «importantes activos patrimoniales fuera de España», su falta de arraigo laboral o su «amplia red de contactos, que le permitirían residir fuera» del país eludiendo a la Justicia.

La Fiscalía y el propio Villarejo pedían su puesta en libertad

La Fiscalía, y también la defensa de Villarejo, pedían su puesta en libertad provisional después de que la sección cuarta de la Sala de lo Penal confirmara este martes, al desestimar un recurso del Ministerio Público, su puesta en libertad por las tres piezas del caso Tándem por las que va a ser juzgado en primer lugar el próximo 13 de diciembre.

Ante esa puesta en libertad por tres piezas del caso Tándem, la Fiscalía lamentaba en su recurso que la Sala hubiese tomado tal decisión de modo «precipitado» e «improcedente» al no haber valorado ni el riesgo de fuga, ni el riesgo de reiteración delictiva, y sin tener en cuenta que se trata de un único procedimiento en el que se investigan graves delitos.

A esto la Sala respondió que no valoraron esos riesgos porque era «público y notorio» que Villarejo seguiría en prisión por las otras piezas que se siguen investigando en instrucción, motivo por el que tampoco acordaron para él otras medidas cautelares alternativas.

Por su parte, el abogado de Villarejo lamentaba que tras este «dilatadísimo periodo de privación cautelar de libertad», más de tres años y medio, «solo se ha abierto juicio oral contra él por delitos cuya pena no excede de seis años» de cárcel, y además, «pese al tiempo transcurrido», no se ha formalizado ninguna acusación concreta contra el investigado por organización criminal.

La defensa de Villarejo aludía también a su estado de salud, recordando su reciente hospitalización por problemas de tensión arterial y la afectación en un ojo, así como a la situación por la COVID-19, además de invocar su arraigo «familiar, social, profesional y económico». 

RTVE

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