La Fiscalía pide repetir el juicio a Cifuentes por el caso Máster

Considera que en la sentencia se obvian hechos que incriminan a Cifuentes.

La Fiscalía solicitaba para ella tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad documental.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido la sentencia que absolvió a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes de un delito de falsedad documental en el caso Máster y ha pedido que se anule la sentencia y que la juzgue de nuevo un tribunal distinto, dado que la Sala que la enjuició omitió indicios «de notorio sentido incriminatorio».

En la sentencia, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid determinaron que no resultaba probada «ninguna intervención» de Cifuentes en el delito del que había sido acusada, pero sí respecto a las otras dos acusadas; la profesora Cecilia Rosado y la exasesora María Teresa Feito, a las que sí que condenó. 

La Fiscalía ha informado este jueves de la presentación de este recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dicha sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. En el juicio, la fiscal Pilar Santos solicitó una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado que indujo la falsedad del documento, dado que era «la única, la primera y la última beneficiaria» de esa falsificación.

Cifuentes reconoció en el juicio que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el TFM el 2 de julio de 2012 sin exponerlo ante el tribunal, sin dudar de la veracidad del acta que le dio la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para demostrar su inocencia en un vídeo que colgó en su cuenta de Twitter.

La Fiscalía insiste en que fue quien «impulsó» la falsificación documental

En su recurso, el Ministerio Público esgrime que «todo acto tiene una razón de ser» y que del examen de todos los indicios que obran en la causa contra la única persona absuelta solo pueden llevarle a la conclusión de que Cifuentes fue quien «impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual para la falsificación del documento».

Además, según su criterio, la sentencia «adolece tanto de insuficiencia como de falta de racionalidad en la motivación fáctica», puesto que para llegar a la conclusión absolutoria se han omitido indicios de manera «incongruente» y «contraria al resultado de las pruebas practicadas en el juicio».

El recurso del fiscal es muy crítico con la resolución, hasta el punto de pedir que se repita el juicio con una composición distinta de la Sala que enjuició los hechos, que estuvo presidida por el magistrado Luis Carlos Pelluz.

Considera que no se tuvieron en cuenta indicios incriminatorios

El recurso alude a que en la sentencia se infringe la tutela judicial efectiva tanto en su motivación sobre la participación de la acusada como en las conclusiones para absolverla. Y es que la Fiscalía entiende que hay indicios «de notorio sentido incriminatorio» que han sido obviados, «siquiera para descartarlos» por la Sala y que, además, son «ciertos».

En concreto, la solicitud directa que hizo Cifuentes al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, de la documentación acreditativa de haber cursado el Máster o que ella fuera la «única o principal” beneficiada de la falsedad de un documento que necesitaba «imperiosamente» para dar una respuesta a los medios y evitar así «las consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».

La Fiscalía considera que esa circunstancia «ya supone un indicio incriminatorio», pero también se omite cualquier razonamiento sobre pruebas practicadas que apuntan a su participación, como los datos objetivos de la relación de Cifuentes con Calonge y Feito, que actuaron porque se lo pidió la expresidenta madrileña.

Tampoco tuvo en cuenta la Sala, dice la Fiscalía, el interés de Cifuentes en obtener la documentación de una titulación «a sabiendas» de que era irregular. «El hecho de que las llamadas y requerimientos reiterados se hicieren por la Consejería de Educación y desde el Gabinete de Presidencia, refuerza la relación de causalidad con quien necesitaba de aquello para salvar su carrera política: Cristina Cifuentes».

El recurso destaca que la sentencia sí tiene en cuenta todas las gestiones y la “intervención activa” que tuvo María Teresa Feito el día 21 de marzo y que sirvieron a la Sala para condenarla como inductora de la falsedad, pero en el caso de Cifuentes “no entra a analizar el porqué de esta conducta” cuando dicho análisis era “necesario” dada la acusación dirigida contra la ex presidenta madrileña.

Sobre la no valoración de los indicios relativos al «exhaustivo» conocimiento que tenía Feito sobre los datos docentes de la expresidenta madrileña, la Fiscalía recalca que la fecha del acta del TFM «no es cuestión baladí». De hecho, fue en una reunión «informal» celebrada el 21 de marzo de 2018 cuando Feito dijo que la defensa del trabajo había sido el 2 de julio de 2012.

«¿Es tan siquiera posible plantear que la acusada María Teresa Feito actuó por su cuenta, implicándose tanto?», «¿Cuál es su beneficio en comparación con el obtenido por la Sra. Cifuentes?», pregunta el fiscal, que concluye que es «difícil» una explicación alternativa «que no sea que el influjo para actuar de ésta fue tan intenso que la llevó a cometer un delito».

Asimismo, cita el fiscal el vídeo que se grabó la propia Cifuentes donde exhibía toda la documentación que justificaba la regularidad en la obtención de su Máster, una documentación que en realidad era falsa.

RTVE

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