Berta Cáceres y defensores del Guapinol, asignaturas pendientes de la justicia en Honduras

Nuevas postergaciones de los juicios contra el coautor del crimen de la ambientalista Berta Cáceres y en el caso de los campesinos defensores del río Guapinol se constituyen en asignaturas pendientes para la administración de justicia en Honduras.

Por Gonzalo Becerra*

Esta semana coincidieron los aniversarios del natalicio y el asesinato de Cáceres (4 de marzo de 1973-2 de marzo de 2016), lideresa del pueblo lenca que enfrentó los intereses de la poderosa familia Atala Zablach, cuya empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) impulsaba el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Esa inversión sobre el curso del río Gualcarque, que los lencas consideran sagrado y vital para su supervivencia, representó la gran batalla de Berta Cáceres, laureada un año antes de su muerte con el Premio Goldman a los defensores de la naturaleza, conocido como el Nobel del medio ambiente.

Otros ríos, Guapinol y San Pedro (en el norteño departamento de Colón) amenazados por otra empresa, Inversiones Los Pinares, son la bandera de lucha del líder campesino Jeremías Martínez, de 66 años, en prisión desde noviembre de 2018.

OÍDOS SORDOS CINCO AÑOS DESPUÉS

El lunes 1 de marzo, la audiencia de presentación de pruebas en un tribunal de competencia nacional en el juicio contra David Castillo, coautor del asesinato de Cáceres, fue aplazada por decimosegunda ocasión, ahora con fecha del 6 al 30 de abril de 2021.

Castillo, un ingeniero electricista graduado de la academia militar estadounidense de West Point y subteniente de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Honduras, se desempeñaba como gerente de DESA al momento del asesinato de Cáceres y las partes de la acusación, familia de la víctima y Ministerio Público, lo señalan como el enlace entre los autores materiales (sicarios) y los intelectuales (familia Atala Zablah).

El 20 de febrero la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Zúñiga (hija de Cáceres), reveló que el tribunal había aceptado 88 medios de pruebas vinculantes del acusado David Castillo con el asesinato de la ecologista.

La representación de la víctima propuso testimonios que demuestren el contexto de ataques en el cual resultó asesinada la lideresa.
«Estas propuestas tienen un enfoque de género y de derechos humanos que esperamos sea admitida por el tribunal este 25 de febrero cuando se retome la audiencia», anticipaba en aquella ocasión la coordinadora del Copinh.

La acusación propuso a Pedro Atala, Jacobo Atala y Daniel Atala como testigos en el proceso judicial contra Castillo, pero solo el último fue aceptado por el tribunal.

Por estas fechas el Copinh denunció, además, que aún no es firme la sentencia de 2018 contra los autores materiales del crimen.

«El sistema de justicia hondureño hace sus oídos sordos ante la existencia de numerosa información recabada y de profundas investigaciones de expertas y expertos internacionales que han identificado a los autores intelectuales del crimen y que permanece en los expedientes judiciales», expuso el Copinh a través de un comunicado.

LA MANO DEL PODER EMPRESARIAL

En el contexto de los aniversarios de los acontecimientos enmarcaron la vida de Berta Cáceres, su hija Olivia Zúñiga, diputada al Congreso Nacional (parlamento unicameral) de Honduras, dialogó con Sputnik sobre el caso.

«Un asesinato emblemático en Honduras por el involucramiento de funcionarios públicos, militares, policías, ministros, diputados y todo un sistema judicial altamente corrupto».

«El poder empresarial en Honduras empleó, previo a su asesinato, toda su estructura y la institucionalidad pública para criminalizar a mi mamá», denunció la legisladora en referencia a DESA.

Agregó que entes estatales, gubernamentales e institucionales contribuyen a la impunidad y mencionó la vinculación de ex militares con el crimen.

DEFENSORES DEL GUAPINOL

«Juicio de Jeremías Martínez defensor del río Guapinol reanudará lunes 8 de marzo. Lleva 27 meses preso. Está siendo criminalizado por empresa minera Inversiones Los Pinares, de Lenír Pérez. y Ministerio Público (MP) de Tocoa que solo actúa a favor de intereses económicos», denunció el viernes a través de la red social Twitter la organización no gubernamental Guapinol resiste.

El 22 de febrero la propia organización recordó que Martínez llevaba 26 meses encarcelado de manera injusta (en régimen de prisión preventiva), y enfrentaba juicio oral y público, criminalizado por la citada empresa y el MP de Tocoa (norteño departamento de Colón) por defender los ríos Guapinol y San Pedro en el Parque Nacional Carlos Escaleras.

El líder campesino fue capturado en Tocoa (septentrional departamento de Colón) en noviembre 2018 y enfrentó su proceso judicial en la ciudad de San Pedro Sula (norte) ante el juez de jurisdicción nacional Carlos Irías, quien le dictó auto de formal de procesamiento por los delitos de usurpación y daños en perjuicio de Inversiones Los Pinares.

«Según el MP de Tocoa, el delito de Jeremías, y otros pobladores afectados por la minería ilegal en el parque nacional Carlos Escaleras, es que tomaron una carretera pública. Él lleva dos años en la cárcel preventiva por este supuesto delito», recordó la propia organización en su perfil de Twitter.

El 1 de agosto de 2018, Martínez y otros miembros de su comunidad instalaron el campamento «Por el Agua y la Vida», que 88 días después fue desalojado de manera violenta por al menos 1.500 policías.

A pesar de que en septiembre de 2020 un tribunal de sentencias ordenó que Martínez pasara a arresto domiciliario porque el tiempo de prisión preventiva establecido por la ley se había cumplido; permanece en una cárcel común junto a siete defensores más, pues enfrenta un segundo proceso penal por los supuestos delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad.

«Tenemos pruebas documentales que demuestran fehacientemente que en este caso ha habido manipulación por parte de los operadores de justicia; se han falsificado documentos públicos para procesar y acusar a estas personas», aseguró recientemente Carlos Jiménez, apoderado legal de los encausados.

El Estado hondureño otorgó a finales de diciembre de 2014 una concesión minera en el parque nacional Carlos Escaleras, declarado área protegida en el año 2012, a favor de la empresa Los Pinares, con la consiguiente contaminación en los ríos Guapinol y San Pedro, a lo que se suma la muerte de seis personas en el transcurso del conflicto.

*Sputnik

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