Nuevo choque en España en el Gobierno de coalición por el plan de 11.000 millones en ayudas a las empresas

El Gobierno ultima los detalles del fondo de 11.000 millones de euros en apoyos a empresas que, a falta de menos de 24 horas para su posible aprobación en el Consejo de Ministros, aún suscita  grandes diferencias y nuevo choque entre los socios del Ejecutivo, sobre todo en cómo se repartirán las cantidades. Unidas Podemos defiende que el fondo debe incluir, al menos, una dotación de 8.000 millones en ayudas directas a las empresas golpeadas por la COVID-19, si bien desde el PSOE aseguran que todo lo que se apruebe será en forma de transferencias.

La cuestión está, por tanto, en saber diferenciar qué es una ayuda directa para cada socio de Gobierno y qué instrumentos estarán finalmente incluidos. Debido a las diferencias, fuentes socialistas a RTVE no descartan retrasar la aprobación de las medidas a la próxima semana y recuerdan que han estado todo el fin de semana intentando cerrar cifras. En la misma línea se ha posicionado este lunes la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha confirmado en una entrevista en La mañana de la 1, de TVE, que «se ha pasado todo el fin de semana» hablando con las titulares de Asuntos Económicos y Trabajo, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, para alcanzar un consenso en torno a este debate.

Este espaldarazo para el sector de la hostelería, el turismo y el comercio previsiblemente se sustentará a través de tres fondos de apoyo directo a las empresas: uno con ayudas a las compañías más afectadas canalizadas por las comunidades autónomas, otro de conversión de créditos ICO y un tercero de recapitalización de empresas medianas. No obstante, el Ejecutivo aún no ha cerrado su contenido.

Unidas Podemos presiona para que las ayudas directas alcancen los 8.000 millones

Unidas Podemos defiende que el fondo de 11.000 millones de euros en apoyos a empresas debe incluir al menos una dotación de 8.000 millones en ayudas directas a las empresas, ya que el problema en estos momentos es la «falta de ingresos». «La restructuración de las deudas del ICO y el mecanismo de recapitalización deben ser instrumentos secundarios, mientras que el fondo de ayudas directas debe ser el prioritario», recalca un documento elaborado por la Vicepresidencia de Derechos Sociales al que ha tenido acceso RTVE.

En opinión de los de Iglesias, es «crucial» el «definir bien» las características de estas ayudas para llegar «con eficiencia y rapidez» al tejido empresarial con problemas de solvencia, si bien no cree que el fondo se deba transferir a las comunidades autónomas para que «no se altere la competencia de mercado en todo el territorio nacional».

Según recoge el documento, las ayudas directas tampoco se deben realizar por sectores, aun sabiendo que hay algunos que han experimentado caídas de ingresos mucho «más fuertes que otros», sino que deben ser «accesibles para todas las empresas. «La condición para acceder debe pasar por la comprobación de una caída drástica (30-40 %) de su facturación en 2020 con relación a 2019», destaca el texto, donde también se expone que estas ayudas directas «no deben orientarse a cubrir costes variables de las empresas», pues ya hay otros instrumentos desarrollados para ello como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Además aboga por condicionar las ayudas a «ciertos objetivos de políticas públicas» con el fin de «evitar abusos por parte de las empresas y casos de mala utilización de los fondos». Entre ellos, apuesta por el mantenimiento del empleo (que se mantenga un 70%-80 % del empleo en 2021 y 2022) o el compromiso de la empresa que reciba estas ayudas de abandonar en tres años el Régimen de Tributación por módulos.

Desde el PSOE, por su parte, continúan insistiendo en que todo lo que se apruebe serán ayudas directas. La ministra de Asuntos Económicos subrayó la pasada semana en TVE que el objetivo es evitar que en España suceda como en otros países en los que se ha dado dinero a las empresas y estas han acabado cerrando. 

«Cuando gestionamos dinero de todos los contribuyentes tenemos que tener muchísimo cuidado para que las ayudas lleguen a quien tienen que llegar», apostilló Calviño, tras asegurar que los autónomos serán un colectivo prioritario en las nuevas ayudas. Concretamente, la ministra apuntó que se dará más apoyo para los balances de las empresas y se analizarán distintos instrumentos con las entidades para aliviar parte de los costes, citando las recapitalizaciones o la conversión de créditos en otros instrumentos de capital, algo que en su opinión «es una ayuda directa».

El nuevo paquete de ayudas está dirigido a evitar los problemas de solvencia en las empresas, especialmente las pymes, tras el impacto sufrido por las restricciones de la pandemia. Se suma a los 40.800 millones (el 5 % del PIB) que el año pasado el Gobierno aportó en ayudas directas, principalmente en los ERTE. Para este ejercicio y para el mismo fin, el Ejecutivo tiene comprometido un 2 % del PIB hasta la fecha.

RTVE

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