El juez retira el tercer grado a los presos políticos de Lledoners

El juez de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña ha retirado de nuevo el tercer grado a los presos políticos que cumplen condena en la cárcel de Lledoners. De este modo,  Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart  volverán a ingresar en prisión.

«La progresión acordada en la resolución impugnada debe entenderse como precipitada», dice la resolución judicial. El juez estima todos los argumentos de la Fiscalía durante un relato que gira en torno a que los presos políticos no reconocen el delito. «No vislumbra en ellos un mínimo de asunción de responsabilidad penal en el sentido de haber roto normas básicas de convivencia», dice en este sentido.

Según el juez «no se puede acoger la asunción de hechos y responsabilidades que realiza el interno, pues, de acuerdo con lo que se infiere de los informes de la Junta que soportan la resolución». El magistrado hace el relato de la posición de los presos respecto a su situación y concluye que ninguno de ellos asume el delito penal: «Todos los hechos que se asumen aparecen contextualizados, minimizados o justificados y la responsabilidad a la que hacen referencia está referida a una responsabilidad de tipo político (en función de su cargo) o moral (en función de sus convicciones) pero no vislumbra en ellos un mínimo de asunción de responsabilidad penal «.

Tampoco estima las circunstancias personales de cada uno de los presos que sus abogados han alegado para poder mantener el tercer grado. En este sentido dice que todos tienen las mismas circunstancias personales que tenían cuando fueron juzgados y que nada ha cambiado para que ahora tengan que salir de la prisión.

Todo el relato remarca que es demasiado prematuro el régimen de semilibertad dictado por el departamento de Justicia de la Generalitat, y aunque están en su derecho a que se revise su situación de reclusos cada seis meses como marca el régimen penal, es temprano para darles el tercer grado.

El mismo día que Puigdemont pierde la inmunidad

El mismo día que el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha perdido la inmunidad en el Parlamento Europeo, junto con Toni Comín y Clara Ponsatí, los tribunales españoles han cerrado nuevamente a los presos políticos en la cárcel. 

El primero en hacerlo público ha sido Jordi Sánchez, con un tuit, tan pronto como se lo han comunicado.

El 24 de febrero, 10 días después de las elecciones, el juez decidió dejar en libertad a los presos políticos mientras decidía si aceptaba o no el recurso de la Fiscalía que pedía derogar de nuevo el tercer grado que había otorgado el Departamento de Justicia 24 horas antes de comenzar la campaña electoral del 14-F.

Parecía que esta vez, a diferencia de hace medio año, la resolución podría ser diferente, al menos en primera instancia. Y es que hace seis meses el juez ni siquiera dio la tregua a los presos de esperar la resolución en régimen de semilibertad y ordenó volver a régimen cerrado hasta que el Supremo decidiera.

Su caso terminó en la mesa de los jueces que los condenaron después de los recursos de la Fiscalía. Esta vez no ha sido necesario. Ha sido el juez de vigilancia penitenciaria quien ha dictaminado que vuelvan a la cárcel. 

La decisión no afecta, de momento, Carmen Forcadell y Dolors Bassa , que dependen de otro juez: el juez de vigilancia penitenciaria 1 de Cataluña. Este aún no se ha pronunciado.

Los argumentos de la Fiscalía

La Fiscalía cree que la situación respecto a cuando se derogó el anterior tercer grado hace medio año no ha cambiado . Y que, por tanto, los nueve presos políticos deben continuar en régimen cerrado: «No se hace mención en la resolución recurrida de ninguna circunstancia distinta de las que se contenían en la progresión acordada hace 6 meses y revocada hace tan sólo 40 días por tribunal sentenciador, no se hace referencia ni en la resolución recurrida ni en los informes que lo acompañan, como habría sido pertinente, que los déficits indicados por este tribunal para la revocación del tercer grado se habían ya superado, porque, en definitiva, las razones indicadas por el Tribunal Supremo mantienen toda la vigencia, por lo que esta parte alega las mismas consideraciones a las que alegó en su anterior recurso «.

En varios recursos casi iguales, de unas 15 páginas cada uno, el ministerio público criticaba la medida de la Generalitat y consideraba que no se puede dar a todos los presos a la vez el tercer grado pocas semanas después de que el Tribunal Supremo el tumbara en diciembre pasado.

Según el fiscal, el tercer grado es «incompatible» con el cumplimiento de la finalidad de la pena, especialmente los objetivos de «reeducación y resocialización». También considera que hay una «falta de modificación de aquellos rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva», ya que los reclusos «siguen considerando que los hechos por los que fueron condenados no son delictivos». Reitera, como ya hizo en anteriores recursos, que hay una «insuficiente evolución en el tratamiento», ya que no han seguido ningún.

Por todo ello, finalmente, concluye que «los aspectos positivos tenidos en cuenta en la resolución administrativa recurrida y en la propuesta de la junta de tratamiento no son suficientes para acordar la progresión al tercer grado».

elnacional.cat

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