El TEDH condena a España por la violencia policial en la manifestación ‘Rodea el Congreso’

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado una sentencia desfavorable contra el Estado español, al que condena por no investigar la actuación policial tras la manifestación ‘Rodea el Congreso’ en Madrid en 2012.

Según la sentencia, los hechos derivados del 29 de septiembre de 2012 constituyen una violación del artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos en su aspecto procesal, que contempla la prohibición de la tortura. 

La falta de investigación por parte de los tribunales españoles y la imposibilidad de encontrar a los policías implicados, que no iban identificados, ha sido clave en la decisión. 

El Constitucional no investigó las acusaciones

La demandante, que participó en las protestas, acusó a la policía de desalojar a la fuerza y de manera humillante a ella y a otros manifestantes que se resguardaban de los disturbios en un bar cercano al Congreso español.

El juzgado de instrucción de Madrid cerró la investigación por falta de pruebas. Tras varios recursos, el Tribunal Constitucional se negó a investigar la actuación policial por considerar que no había ninguna violación de los derechos fundamentales. El TEDH ha contradicho esta decisión por unanimidad, declarando que la falta de actuación del Constitucional supone «una violación de la rama procesal del artículo 3 del Convenio», y otorgando a la demandante una compensación de 1.000 euros por los daños morales sufridos.

Precedente para el 1-O y la libertad de expresión

En definitiva, esta sentencia consolida la prevalencia de la libertad de expresión (protegida por el Artículo 10 del Convenio) por encima de la actuación policial por el ‘mantenimiento del orden’. Debido a los hechos que rodean las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, esta sentencia plantea un panorama optimista para la resolución de los casos sobre la libertad de expresión en España.

Además, el hecho de que el Estado haya sido condenado por la falta de investigación sobre las irregularidades en las intervenciones policiales podría establecer un precedente para la resolución de casos similares, como los que denuncian la violencia desmedida de la policía en la jornada del referéndum del 1 de octubre del 2017 en Cataluña,  y que también llegarán a los tribunales europeos.

Estas denuncias, que en muchos casos han sido archivadas o no investigadas por los tribunales españoles, ahora contarían con la jurisprudencia que establece este caso, demostrando la tendencia de la justicia española a proteger la actuación de la policía, incluso cuando esto supone la violación de derechos fundamentales.

elnacional.cat

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