Más de 55.000 dependientes mueren en España sin ser atendidos en el año de la covid

La lista de espera de la dependencia se redujo en 2020, pero a costa del aumento de personas fallecidas en el año de la pandemia: murieron 55.375 personas -152 cada día- esperando un servicio al que tenían derecho o una respuesta de la administración. Siguieron desatendidas otras 232.243 personas.

El total de dependientes fallecidos durante 2020 ascendió a 248.751 personas, según el balance del Observatorio Estatal para la Dependencia en el año de la covid, que advierte de un exceso de mortalidad de 52.835 personas, siendo abril el mes más crítico en muertes, seguido de marzo y diciembre.

«Ha sido un año de retroceso marcado por la pandemia, ha sido terrorífico, de muchísimo dolor, sufrimiento y muerte», ha explicado el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, en la presentación de esta evaluación, quien ha lamentado que «uno de cada cuatro dependientes fallecidos estaba en la lista de espera».

«Miren este dato terrorífico: cerca del 80 % de las personas que salieron de la lista de espera entre marzo y diciembre, lo hicieron por fallecimiento, para vergüenza de los gobernantes», ha aseverado.

Casi siete de cada 10 personas desatendidas, que permanecen en la lista de espera, viven en Cataluña (73.386), Andalucía (56.534) y Madrid (28.494). El sistema registra un total de 1.124.230 dependientes, a 31 diciembre de 2020.

«El impacto de la Covid-19, el complejo procedimiento a veces inmisericorde y que la vicepresidencia de Derechos Sociales no incrementó el presupuesto ni un solo euro nuevo en el año 2020, han sido los principales motivos de ese retroceso», ha señalado Ramírez.

Sobre la decisión de Pablo Iglesias, responsable de ese departamento, de abandonar el Ejecutivo para presentarse a las elecciones en Madrid, ha reconocido tener un «sentimiento agridulce», por esa falta de inversión en 2020 «cuando más se necesitaba», pero «dulce» por la aprobación de 600 millones para 2021 que permitirán reducir la lista en más de 100.000 personas y revertir los recortes desde 2012.

MÁS DE 70.000 FALLECIDOS EN RESIDENCIAS

Solo en el mes de abril se registraron 34.977 personas fallecidas, un 113,4 % superior a lo esperado, superando al mes anterior, en el que hubo 25.244 fallecimientos, indica el informe.

De los cerca de 250.000 fallecidos, el 80,7 % tenían más de 80 años, el 14,8 % tenían entre 65 y 79 años y un 4,4 5 menos de 65 años.

La mortalidad ha afectado más a mujeres que a hombres, sobre todo a las de más de 80 años, con 107.401 mujeres fallecidas y 60.281 hombres (el 51,7 % y 29 % del total).

Se han registrado 72.804 fallecimientos de personas atendidas en residencias; entre ellas, el exceso de mortalidad por impacto del Covid-19 se estima en 26.340 personas.

De los fallecidos en espera, 21.005 no tenían aún resolución y 34.370 habían sido reconocidos como dependientes pero no disfrutaban de servicios o prestaciones.

De las personas que siguen en la lista, cuatro de cada diez son dependientes más graves (Grados III o II). A ellas hay que añadir 141.556 expedientes que están pendientes de valoración, con lo que la desatención supera las 370.000 personas.

SERVICIOS DE MENOR INTENSIDAD

Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 306 euros (percibidas actualmente por 450.000 personas): 138 euros para los Grado I; 242 para los Grado II y 335 para los Grado III.

Casi dos años después de que se recuperase el derecho de las personas cuidadoras familiares a poderse dar de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales, solamente 60.293 lo están (el 13,4 % del total de las cuidadoras).

La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 447 euros al mes.

La Ayuda a Domicilio tiene una media de horas al mes de 17 horas para Grado I; 36 para Grado II y de 57 para los Grado III.

CASTILLA Y LEÓN LA MEJOR, CATALUÑA LA PEOR

Se mantienen las enormes desigualdades tanto en cobertura, como en modelos de gestión. En la puntuación que hace la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, de la que depende en observatorio, solo ocho comunidades aprueban y la media se sitúa en el 4. Se valora el gasto, calidad de servicios, lista de espera, tiempos de respuesta o empleo generados, entre otros indicadores.

Mejoran puntuación con respecto al año anterior y sacan las mejores notas: Castilla y León (8,9), Andalucía (7,1) y Castilla La Mancha (7,1); empeoran Ceuta y Melilla (2,5), Canarias (2,1) y Cataluña (1,4), que se sitúa en la última posición.

Por encima del aprobado también están Galicia (6,8), Baleares (6,1), País Vasco (5,4), Extremadura (5) y La Rioja (5).

Suspenden con mejor nota que Cataluña y Canarias, Madrid (3,2), Aragón (3,2), Cantabria (3,6), Murcia (3,9) Valencia (3,9), Navarra (3,9) y Asturias (4,3).

El informe detalla que hay comunidades que no han mantenido la tasa de reposición de beneficiarios en el último año: Cataluña (-4,2 %), Aragón (-4,3 %), Madrid (-7,1 %) y La Rioja (-7,8 %).

Por el contrario, la tasa de variación interanual de personas atendidas ha sido muy positiva en el último año en Comunidad Valenciana (15,7 %), Asturias (14,8 %), Baleares (11,6 %) y Canarias (7,2 %).

En situación muy preocupante por el limbo de la dependencia sitúa a: Cataluña (31,9 %), La Rioja (29,3 %) y Canarias (24,4 %).

OTROS DATOS DEL SISTEMA:

– El 3,6 % de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

– Por primera vez desde 2014 se ha reducido las personas en situación de dependencia, hay 28.564 personas menos reconocidas en situación de dependencia menos que al inicio del año.

– Retroceso sistema: 43.794 solicitudes menos, 26.157 resoluciones menos (-1,7%) y tiempo medio de tramitación de un expediente es de 430 días.

– Por primera vez en la historia del sistema ha disminuido el empleo generado, se han perdido 7.000 puestos de trabajo.

– El recorte acumulado del estado en dependencia tras los de 2012 es de 6.321 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares.

– Del gasto público directo en dependencia en 2020, la Administración General del Estado soportó el 19 % y las Comunidades Autónomas el 81% restante

– Destaca que el plan de choque para la dependencia supone el fin de los recortes desde 2012, con una aportación del Gobierno para dependencia de 1.920 millones de euros, un aumento del 48 %.

EFE

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