Amnistía denuncia que el Estado español no da respuestas ante las «miles» de denuncias por casos de bebés robados

La organización afirma que existe un «clima de impunidad» y exige al Gobierno que adopte medidas inmediatas.

Desde finales de la Guerra Civil hasta los años 90, miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada.

Amnistía Internacional ha denunciado que el Estado español no da respuestas a los denunciantes de casos de bebés robados al ofrecerles recursos «insuficientes e inadecuados» y sin «vocación de investigar», alimentando así «un clima de impunidad respecto a estas violaciones de derechos humanos».

Esta es una de las conclusiones a la que ha llegado el organismo internacional en un informe dedicado a los casos de bebés robados en España, en el que destaca que en los procesos de búsqueda los familiares «continúan encontrando obstáculos y resultan ser en su mayoría infructuosos».

«Aunque en los últimos años se han puesto en marcha algunos recursos para abordar este tema, como el Servicio de Afectados del Ministerio de Justicia, no cuentan con los recursos suficientes, no hacen acompañamiento a las víctimas, apenas siguen los casos y no proporcionan apoyo psicológico ni orientación jurídica», afirma Amnistía.

Por ello, observa «con preocupación que las acciones de los distintos poderes del Estado español no han proporcionado hasta la fecha respuestas a las víctimas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos».

Reclaman una ley de bebés robados

El director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, ve así como una «oportunidad histórica» la posible aprobación en el Congreso de una ley de bebés robados, reclama al Gobierno que garantice la asistencia legal y psicológica a las víctimas, así como que desde el poder judicial se impulsen «investigaciones exhaustivas e independientes para esclarecer los hechos».

Estos procedimientos judiciales han caído en caso roto, denuncia la organización, que aporta datos sobre las diligencias puestas en marcha entre 2011 y 2021. Fueron un total de 2.138, de las que solo una, iniciada en Barcelona en 2020, sigue abierta. 526 llegaron a ser judicializadas, pero muchas se cerraron por prescripción.

Los casos se cerraron «sin una mínima actividad de investigación», apunta Daniel Canales, investigador del informe, en el que ha constatado cómo bebés llegaron a ser entregados a familias de México o Chile y registrados allí y como hijos biológicos.

La investigación de Amnistía se ha centrado en casos de Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco, donde se abrieron un 80 % de las diligencias totales, y concluye que durante más de medio siglo, desde finales de la Guerra Civil hasta los años 90, miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada.

Los robos de bebés comenzaron en cárceles

Las sustracciones ilegales se habrían producido, dice el informe, primero en cárceles, luego en hospitales, maternidades, casas cuna y centros de beneficiencia, en algunos casos gestionados por congregaciones religiosas, ante un Estado, sostiene, autor o cómplice en los primeros años y con «atención desinteresada, inadecuada e insuficiente» ahora en los procesos de búsqueda.

En su investigación, Amnistía dice haber documentado casos con indicios de los tres elementos que establece el derecho internacional para hablar de desaparición forzosa: la sustracción del bebé, la participación o tolerancia del Estado y la negativa de las autoridades a revelar el paradero de la persona desaparecida.

Y afirma que actualmente los procesos de búsqueda siguen recayendo en las familias, sin que el Estado ni la Iglesia les faciliten el acceso a información relevante para esclarecer los hechos.

Las víctimas de los presuntos robos tienen, según ha identificado Amnistía, elementos comunes como que las madres eran de origen humilde, jóvenes y solteras, que se les decía que «el bebé había muerto».  En los años del franquismo, afirma Canales, se tejió «un entramado legal e ideológico en el que pudieron ampararse estas violaciones de derechos humanos».

Se aprobaron así normativas que limitaban los derechos de las mujeres, regulaban el registro de los menores, permitían que la adopción fuera un negocio entre particulares, y se publicaron informes médicos que aseguraban que la mortalidad infantil era mayor si la madre era pobre, trabajadora o soltera.

RTVE

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