Contra la misoginia en Reino Unido

La campaña contra la violencia sexual comienza a ganar posiciones contra el Gobierno de Boris Johnson, empujada por la fuerza del torrente de indignación que se extiende por el Reino Unido desde la desaparición y asesinato de una mujer en Londres en un crimen atribuido a un policía.

Por Lourdes Gómez*

La primera victoria se produjo en la Cámara de los Lores. Este espacio escasamente democrático -sus escaños son hereditarios o designados a dedo- desempeña una función escrutiñadora de suma importancia en la presente legislatura. Es el mejor y posiblemente único escudo legislativo frente al Ejecutivo conservador, que tiene una mayoría de 80 diputados en los Comunes. Esta semana, los Lores le ganaron la baza al Ejecutivo en el proyecto de ley de Violencia Doméstica.

DELITO DE ODIO

El Gobierno cedió ante una enmienda que proponía incluir la misoginia entre los delitos de odio. Johnson evitó la derrota ofreciendo un compromiso que forzará a la Policía a documentar las denuncias de crímenes motivados por una asumida hostilidad a las mujeres. El nuevo requisito será obligatorio en «cualquier delito de violencia contra la persona, incluidos acecho, acoso y agresión sexual, cuando la víctima considere que fue motivado por una hostilidad basada en su sexo», declaró Susan Williams, portavoz de Interior en la cámara.

La diputada laborista Stella Creasy, que abandera la causa, explicó que esta información adicional «ayudará a entender mejor la magnitud del problema y a prevenirlo». Supone un avance práctico, tímido de momento, en la creciente demanda para reformar el sistema judicial y la batalla contra la violencia de género y la inseguridad en los espacios públicos.

INCOMPRENSIÓN OFICIAL

El movimiento ha adquirido un extraordinario impulso a raíz del reciente asesinato de Sarah Everard. Desapareció mientras caminaba a su casa, en el sur de Londres, y un agente de Scotland Yard está imputado en el crimen. «La violencia contra las mujeres no solo es endémica y sistemática, sino que, además, la gente que nos protege forma parte del problema», denunció Catherine Mayer, escritora y cofundadora del Partido por la Igualdad de la Mujer (WEP, en sus siglas en inglés), en un encuentro con miembros de la Asociación de Prensa Extranjera (FPA).

Tras varios días de manifestaciones y, después de la agresiva operación policial durante una vigilia por Everard y todas las víctimas del machismo, Johnson acordó desviar fondos para mejorar la iluminación callejera e instalar más cámaras de vigilancia en las calles. Decidió también reforzar la red de «espías» destinados a bares y discotecas cuando se levante el confinamiento del coronavirus.

La respuesta del primer ministro, según Mayer, «demuestra la falta de comprensión» del problema. «La violencia contra la mujer ha de reconocerse como una amenaza nacional. Eso generaría recursos y el impulso para cambiar», demandó en línea con las proclamas de su partido.

DESPENALIZAN EL CRIMEN SEXUAL

La urgencia del cambio se ilustra en el último informe de la comisionada de las víctimas de crimen, Vera Baird. «Estamos asistiendo a la despenalización de la violación sexual y, con ello, negamos justicia a miles de demandantes», concluye el documento. La experta vuelca la atención sobre los abismales datos oficiales que indican que únicamente llega a juicio el 1,4% de los casos de violación denunciados a la policía de Inglaterra y Gales el año pasado.

Baird advierte de que muchas víctimas de agresión sexual no quieren dar parte por miedo a que no les crean, a la crueldad del sistema o la «injustificada e inaceptable intrusión en su privacidad». «No experimentan el sistema penal judicial como un ámbito de protección, sino como algo dañino que agrava el trauma de la violación y el abuso sexual», denuncia otro reciente estudio de la Coalición Poner Fin a la Violencia contra la Mujeres.

MAYOR CONDENA POR DERRIBAR ESTATUAS

La nueva ley de la Policía, que se tramita actualmente en Westminster, contempla penas de prisión más elevadas para los que vandalicen estatuas y monumentos públicos que para los culpables de una violación, según denuncia la oposición política. El Gobierno conservador rechazó también una propuesta para abrir un registro de acosadores y acechadores, similar al que existe para los pederastas convictos.

Mientras, se remitieron más de 100.000 sugerencias a la consulta ministerial sobre la Estrategia en violencia contra las mujeres y niñas, que Interior reabrió este mes en respuesta al clamor popular por la muerte de Everard. WEP y la mayoría de grupos de mujeres piden la creación de divisiones especializadas en la materia en los servicios de policía y fiscales.

*Sputnik

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