Denuncian una red de WhatsApp para espiar, delatar y detener a estudiantes chilenos

Un grupo de WhatsApp compuesto por autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Santiago en Chile, efectivos de Carabineros, el rector y profesores del liceo municipal Internado Nacional Barros Arana, era utilizado para espiar y delatar a sus propios estudiantes, con el fin de detenerlos y expulsarlos.

Por Carolina Trejo*

El 10 de marzo el diario digital chileno Interferencia reveló la existencia de una red que habría creado el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien busca la reelección, para espiar y delatar alumnos del centenario liceo fiscal Internado Nacional Barros Arana (INBA). El objetivo, reunir evidencia para detener y/o expulsar a escolares en el marco de las movilizaciones realizadas durante el 2019, previo al histórico estallido social de octubre de ese año.

Dicho período estuvo marcado por la represión y persecución de los estudiantes secundarios en la comuna de Santiago, y que se distinguió por la tramitación y aprobación en el Congreso de la Ley Aula Segura, normativa que permite a los directores de establecimientos educacionales expulsar de manera inmediata a alumnos involucrados en hechos considerados de violencia.

Asimismo, fueron constantes los allanamientos de Carabineros a otro emblemático liceo municipal, el Instituto Nacional. Todas estas acciones fueron respaldadas por el alcalde Alessandri, a quien hoy apuntan como gestor de esta red de delación.

«Lo que se mostró a la opinión pública fue la existencia de una red clandestina dentro de una comunidad educativa. Y ese carácter, primero la clandestinidad y el lugar donde estaba operando, ya son indicios de que el asunto, si fuera público desde el inicio, no pasaría ningún estándar ni normativo, ni de políticas públicas», señala a Sputnik Esteban Spencer abogado de la corporación 4 de agosto, que representa a alumnos expulsados del INBA.

«No existe ningún estándar de trato a menores de edad, ni siquiera el internacional ni el nacional, ni la legislación, que permita la creación de una red, una coordinación que tenga cuyo único objetivo la obtención de información clandestina y secreta de estudiantes», añade.

Para la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, en conversación exclusiva con Sputnik, «esta red de seguimiento que se habría implementado contra estudiantes del INBA reviste la mayor gravedad». Por lo que ha ameritado que la Defensoría de los Derechos de la Niñez tome acciones para obtener antecedentes tanto desde el Municipio de Santiago como desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

«Para conocer en detalle, cuáles son las atribuciones constitucionales y legales, sobre la base de la cual sustentan la existencia de medidas de esta naturaleza. Y en virtud de aquello poder determinar la necesidad de poder ejercer algún otro tipo de acción», puntualizó Muñoz.

Detalle de información de estudiantes en el grupo - Sputnik Mundo, 1920, 19.03.2021
Detalle de información de estudiantes en el grupo.

En el grupo de WhatsApp se publicaban datos personales de estudiantes, incluyendo nombre completo, nº de cédula de identidad y curso o nivel al que pertenecían los niños y adolescentes del establecimiento que eran detenidos. La información era enviada por Carabineros luego de realizar las detenciones de los alumnos del internado para su individualización. Incluso fueron publicadas las fotos del carné de identidad de un menor controlado por Carabineros.

«Yo no soy parte del WhatsApp así que no tengo los antecedentes», afirmó Felipe Alessandri en el Concejo municipal realizado al día siguiente de la denuncia. Esto a pesar de que en el grupo participaban funcionarios de la Dirección de Educación Municipal (DEM), que están bajo su responsabilidad, y que el propio alcalde estaba mencionado en los chats.

Detalle de chat donde se menciona al alcalde - Sputnik Mundo, 1920, 19.03.2021
Detalle de chat donde se menciona al alcalde.

Alessandri, tras la negativa, se refirió al ambiente en que se desarrolló el año académico previo al estallido social. «El sostenedor tiene la obligación de asegurar el servicio educativo. Yo me rijo por la legalidad, vamos a responder dentro de los plazos de la ley», señaló, ante la reclamación de la concejala comunista Irací Hassler, quien presentó un requerimiento a la Contraloría General de la República para que investigue la legalidad de este proceder y esclarecer si esta era la única red entre los colegios de la comuna, porque para Hassler «no es creíble que Alessandri no haya tenido conocimiento».

La Defensoría de la Niñez también requirió al Municipio de Santiago y al Ministerio del Interior información «sobre la posibilidad que este tipo de actividades se estén replicando en relación a otros centros académicos, y una vez que tengamos esa información adoptaremos las decisiones que, en virtud de nuestras atribuciones, procedan», explico Patricia Muñoz.

Cómo funcionaba la red

En la investigación periodística de Interferencia se detalla, por medio del testimonio de un profesor, que este docente habría sido agregado, sin ser consultado, a un grupo de WhatsApp creado por funcionarios de la DEM, donde también participaban carabineros (Policía militarizada) de alto rango, junto con directivos del establecimiento educacional.

Según el testimonio del profesor —a quien se le resguardó la identidad—, él y otros docentes debían informar a la Municipalidad y a la Policía uniformada sobre actividades, reuniones y hechos de violencia protagonizados por sus estudiantes del INBA, lo cual podría servir para la detención y luego para su expulsión del colegio.

Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri - Sputnik Mundo, 1920, 19.03.2021
Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

Esta información es también requerida hoy por la Defensoría de la Niñez, con la finalidad de conocer antecedentes que dieran cuenta de eventuales procesos de expulsión, por la aplicación de la Ley Aula Segura, la cual «exige que dichos procesos y procedimientos de expulsión sean comunicados a la Defensoría de la Niñez, y nosotros no hemos tenido información alguna que se relacione precisamente con el INBA», detalla Muñoz.

La coordinación de la red, según el abogado Esteban Spencer, tampoco se ampara en ninguna normativa, especialmente cuando el objeto de la información que se está recabando se relaciona con actividades o prácticas que estaban realizando los estudiantes y que, «implica el ejercicio de derechos tan básicos como la asociación, la expresión o el hecho de simplemente reunirse en su establecimiento para hacer visible situaciones de vulnerabilidad, precariedad, injusticia, que al final del día es el sustento de la legítima protesta».

El grupo de WhatsApp fue creado por un funcionario de la Municipalidad de Santiago llamado Roberto Sánchez, y fue nombrado INBA – CC —en alusión a concepto «corte de calle»—. Contaba con la presencia de al menos tres carabineros de la 22° Comisaria de Quinta Normal, así como también cinco funcionarios del establecimiento educacional.

Según el profesor denunciante, quienes no aportaban información al grupo corrían el riesgo de ser desvinculados del establecimiento. Pero también, si algún alumno descubría que los estaban «sapeando» —espiar y delatar—, esto podía ser peligroso para su seguridad.

La situación no solo deteriora la convivencia educacional, sino que se aleja de los principios educativos que deben tener este tipo de instituciones. Los propios docentes del INBA señalan que desconocían esta práctica, típica de la dictadura chilena (1973-1990).

«Ante los graves hechos que se denuncian, como profesores de aula y docentes en funciones técnicas y de orientación del Internado Nacional Barros Arana, tenemos el deber de aclarar que desconocíamos la existencia de este WhatsApp», detalla el comunicado de la comunidad de profesores del INBA.

«Como formadores, repudiamos este tipo de prácticas deleznables, propias de una de las etapas más oscuras de nuestra historia reciente», sentencia.

Los estudiantes: el enemigo interno de los colegios
Estudiantes chilenos manifestándose - Sputnik Mundo, 1920, 19.03.2021
Estudiantes chilenos manifestándose.

Una opinión más tajante es la que tiene Liwen Antillanca, de la Asamblea del INBA, exalumno del colegio que no pudo finalizar su enseñanza media en el establecimiento, justamente en 2019.

«Lamentablemente en el establecimiento, como uno dice, como que se crea la idea del enemigo interno. Se crea por parte, en este caso de la administración, por parte inclusive los profesores, como parte de este instrumento de control. Este instrumento de hostigamiento en contra de los estudiantes. Entonces, se genera una situación sumamente sensible, y una situación que más que sensible es una situación sumamente violenta y sumamente conflictiva dentro del espacio educativo», comenta a Sputnik.

Para el joven esto es sumamente grave y ha sucedido durante todo el tiempo que lleva de estudiante, desde que era pequeño, «desde séptimo básico, 12, 13 años ocurría este problema y ocurría esta violencia constante», relata.

«Porque el enemigo básicamente del estudiante no solo era el carabinero, no solo era el paco. Porque finalmente este instrumento de represión que básicamente es el instrumento público que se conoce, que se supone que puede imponer el orden, sino que el instrumento de represión también era el profesor, también era el inspector, también era el rector», agrega.

La situación se agudiza con la Ley de Aula Segura, que lo único que busca, en sus palabras, «es criminalizar al estudiante y criminalizar la protesta social que genera el estudiante dentro del establecimiento y fuera del establecimiento. Entonces lo que sucede ahí es que básicamente se van generando enemigos que están al lado tuyo. Entonces se genera una desconfianza de parte del estamento de los estudiantes a los profesores».

Para Liwen estas prácticas solo exacerban la idea del enemigo interno, generan una persecución incesante dentro de un espacio educativo y que durante los últimos años ha sido invisibilizada. «La entrada de carabineros constantemente a un establecimiento educacional, donde hay niños desde 12 hasta 18 años, que se normaliza. Y se genera básicamente un estado de excepción dentro del mismo establecimiento», explica.

«Era una situación tan lamentable, de tanta violencia que era normal para nosotros que los pacos (policías) llegaran, entraran al establecimiento y se llevaran a compañeros», señala Liwen.

Para Esteban Spencer lo vivido al interior del INBA y la existencia de esta red de delación resulta intolerable, porque cuando se habla de las comunidades educativas no se habla de cualquiera asociación. «Nosotros sabemos que la educación cumple una función fundamental dentro de cualquier sociedad. Es parte de la fibra que constituye la democracia, la ciudadanía y el ejercicio del poder ciudadano, del poder público.»

«Entonces al final del día una red como esta, cuyo objetivo es impedir o aplacar o inhabilitar la vocería y la capacidad de acción política de los estudiantes, es también una forma de deformar o truncar el desarrollo de la ciudadanía en las escuelas públicas del país, por eso es tan grave», sentencia el abogado.

Una situación que también indigna al Centro de Padres y Apoderados del INBA, quienes no descartaron la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes sean responsables, una vez se conozca el dictamen de la Contraloría

*Sputnik

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