El Consejo de Europa pide a España adaptar su código penal a la libertad de expresión

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, pidió a España adaptar su código penal para evitar las condenas por delitos relacionados con la libertad de expresión.

En una carta dirigida al ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, la representante europea insta a «modificar de forma integral el Código Penal para fortalecer las garantías existentes del derecho a la libertad de expresión».

Estos cambios, apunta Mijatovic, deben servir para «facilitar la labor de los tribunales españoles en la toma de decisiones en plena consonancia con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos».

La misiva manifiesta la preocupación de Estrasburgo por un número creciente de condenas penales, incluida la prisión, a artistas por sus letras controvertidas de canciones o a activistas por declaraciones y expresiones de humor en redes sociales consideradas ofensivas.

El pasado 16 de febrero, el rapero Pablo Hasel fue encarcelado a raíz de una condena por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

A raíz de la reacción social de rechazo a su entrada en prisión, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció su intención de revisar el Código Penal de España para que estos delitos no impliquen penas de encarcelamiento.

Según Mijatovic, este tipo de condenas tienen «un impacto negativo» y «un efecto paralizador» en «el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho de crucial importancia para un debate público libre y pluralista».

Advierte la comisaria que delitos como el enaltecimiento del terrorismo están formulados de forma «ambigua» y pueden desembocar en consecuencias penales «innecesarias» o «desproporcionadas».

También se refiere a las injurias a la Corona, que considera parte del debate o la crítica política, siempre que no impliquen una incitación a la violencia.

«La legislación solo debe aplicarse a los contenidos o actividades que implican necesaria y directamente el uso o la amenaza de violencia con la intención de sembrar el miedo y provocar el terror», zanja la representante de Derechos Humanos.

Asimismo, alienta a España a ir más allá y plantear la despenalización de las ofensas a los sentimientos religiosos o la difamación.

En su respuesta, el ministro de Justicia español expresa la voluntad del Gobierno de sacar adelante una reforma de los delitos en sintonía con las consideraciones del Consejo de Europa.

«Aunque la propuesta que queremos presentar está siendo todavía objeto de estudio y no cuenta con una redacción terminada (…) nuestro propósito es, por una parte, delimitar más claramente cuál es la conducta sancionada en estos delitos y, por otra, ajustar las penas a la gravedad de la conducta».

Con estos cambios, precisa Campo, España busca «garantizar una mayor seguridad jurídica y evitar al mismo tiempo el denostado efecto desaliento que pueda llegar a producirse sobre el ejercicio de un derecho tan importante como es la libertad de expresión». 

Sputnik

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