«Timochenko» denuncia ante Consejo de Seguridad de ONU falta de protección para ex FARC

El máximo líder del partido de izquierda colombiano Comunes (antes FARC), Rodrigo Londoño, «Timochenko», responsabilizó al Estado de lo que pueda sucederles a los excombatientes de FARC luego de que el Gobierno ha restringido de manera progresiva su seguridad tras aducir austeridad en el gasto público, denunció el exguerrillero en una carta enviada el viernes al Consejo de Seguridad de la ONU.

«Quiero dejar constancia ante ustedes de que cualquier vulneración a nuestra seguridad, derivada de la negativa gubernamental a conceder los viáticos necesarios a los esquemas de seguridad, para que nos puedan acompañar en nuestras labores diarias, hará responsable al Estado colombiano de las consecuencias que puedan derivarse de la misma», escribió «Timochenko» en la misiva.

La denuncia fue hecha, explicó, debido a las recientes medidas decretadas por el Gobierno colombiano y que, a juicio de los excombatientes, los ubican en inminente riesgo.

«Alegando problemas fiscales, el actual Gobierno expidió decretos encaminados a la austeridad en el gasto público, sin reparar en absoluto en los compromisos firmados por el Estado en el acuerdo final de paz (de noviembre de 2016)», dijo.

«Es así cómo de manera creciente la Unidad Nacional de Protección viene negando las autorizaciones de desplazamiento de los esquemas de seguridad que nos brindan protección, alegando la falta de recursos por cuenta de los recortes al presupuesto oficial», agregó.

El exintegrante de la extinta guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) consideró que tal hecho constituye «una violación gravísima» al acuerdo final de paz, y recordó que desde que se firmó han sido asesinados 262 excombatientes, mientras que «crecen las amenazas y desplazamientos contra otros en distintas regiones del país».

Para «Timochenko», la negación de las misiones a los escoltas que los protegen, además de ponerlos en riesgo inminente de muerte, atenta directamente contra su trabajo político, ya que los obliga a inmovilizarse y les impide su legítimo ejercicio democrático y de reincorporación.

El Gobierno, por su parte, sostiene que ha adoptado 52 medidas de seguridad para los excombatientes, entre ellas 298 esquemas individuales y colectivos de protección, y que reforzará el esquema de escoltas con 684 hombres más.

Sputnik

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